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Cuando un sistema de protección de menores habla más de proteger a los adultos que de proteger a los niños, algo está profundamente roto.
Por supuesto que los trabajadores deben estar protegidos. Nadie debe trabajar con miedo, sin medios, sin protocolos ni apoyo institucional. Pero no podemos olvidar lo esencial: los niños y niñas tutelados no están allí por capricho. Están allí porque el propio sistema los ha separado de su familia diciendo que iba a protegerlos mejor.
Y si después esos menores acaban en centros masificados, externalizados, con alta rotación de educadores, sin vínculos estables, sin protocolos claros y con violencia normalizada, entonces la Administración no está protegiendo: está administrando el abandono.
El problema es que el adulto tiene voz, sindicato, asociación, rueda de prensa y titular. El niño tutelado, muchas veces, no tiene nada. No tiene altavoz. No tiene familia que pueda defenderlo. No tiene capacidad real para denunciar. Y cuando habla, demasiadas veces el sistema lo convierte en “conflictivo”, “difícil” o “problemático”.
Ese es el fracaso moral: que el sistema se organiza para protegerse a sí mismo, para proteger expedientes, contratos, entidades, responsables y trabajadores, pero no siempre para proteger al menor.
La infancia tutelada debería ser la prioridad absoluta. No la última línea de una noticia. No una consecuencia indirecta. No un daño colateral.
Porque cuando un niño está bajo tutela pública, el Estado ocupa el lugar de garante. Y si ese niño sufre violencia, abandono, abuso, miedo o desprotección dentro del propio sistema, ya no hablamos solo de un fallo organizativo. Hablamos de una traición institucional.
Los niños no necesitan discursos. Necesitan protocolos reales, supervisión independiente, centros pequeños, profesionales suficientes, estabilidad emocional, atención psicológica y alguien que les crea cuando dicen que algo va mal.
Un sistema que protege antes al adulto que al niño no es un sistema de protección de menores. Es un sistema de gestión de menores.
La clave jurídica es que la LOPIVI obliga a prevenir, detectar precozmente, asistir y reparar la violencia contra niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad. La ley no permite mirar solo el riesgo laboral del adulto: exige que las administraciones prioricen a los menores en situación de especial vulnerabilidad.

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