PROVEA

Una investigación de Amazon Watch realizada en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, arrojó que redes criminales ya afectan al 67% de los municipios y al 32% de los territorios indígenas en la Amazonía provea.org/actualidad/ama…

Madres, padres, familiares y activistas se concentran este domingo #3May en las afueras de El Helicoide para exigir la liberación de las más de 500 personas que siguen presas por motivos políticos en Venezuela: “Debido proceso, condiciones dignas y libertad para todos, sin exclusiones”

Venezuela sigue con el salario mínimo más bajo del mundo: 130 Bs. equivalentes a 0,26 centavos de dólar. El anuncio de $240 presentado por Delcy Rodríguez corresponde a un bono, no al salario base. Los bonos son excluyentes y no inciden en prestaciones, vacaciones ni utilidades. Más de 40 organizaciones exigimos un aumento y acciones con impacto real en la población. Venezuela no puede crecer sobre el hambre de quienes la sostienen.

10:40 AM Marcha de trabajadores, sindicatos y gremios autónomos inicia su recorrido desde la Plaza Brión, en Chacaíto, hasta la Plaza Morelos en Bellas Artes. Exigen salarios y pensiones dignas, respeto a las convenciones colectivas y garantías para la libertad sindical

El defensor de DDHH y director de la ONG @Campo_ONG denuncia hostigamiento por parte de funcionarios del Sebin, tras haber acudido a la @Defensoria_Vzla. Expresamos nuestro rechazo a estos actos que intentan impedir la labor de documentación y exigibilidad de derechos

Se mantiene la opacidad oficial. El anuncio hecho por la presidenta (E) @delcyrodriguezv sobre el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 $ no específica qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso. Rodríguez dijo que el aumento del "ingreso mínimo integral" es el aumento más importante en los últimos años: "no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel" señaló, repitiendo lo que dijo en 2022 al calificar como "histórico" el aumento salarial de entonces decretado por Nicolás Maduro, que se produjo días antes de la aprobación del cuestionado Instructivo de la ONAPRE y del inicio de la agresiva política de bonificación del salario que aún se mantiene. Insistimos en que un genuino proceso de recuperación de la democracia y de respeto a los derechos ciudadanos solo será posible si se atiende con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano. El “nuevo momento político” anunciado por la presidenta (E) Delcy Rodríguez, y que está caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos comerciales entre Venezuela, EE.UU y empresas de distintos países, parece estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional. Preocupa hondamente que la actual coyuntura conduzca a una tecnocracia autoritaria, orientada a satisfacer los intereses económicos trasnacionales, ignorando las urgentes demandas ciudadanas y taponeando “sutilmente” los derechos ciudadanos a la libre expresión y manifestación pacíficas con obstáculos indebidos, como documentamos este 30 de abril en Caracas y también en las semanas recientes. Provea reitera que el Estado venezolano tiene la obligación de adoptar medidas urgentes e inmediatas para cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad y el empobrecimiento generalizado de la población. Recordamos que los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que los Estados deben: “Velar por que todos los trabajadores perciban un salario suficiente que les permita a ellos y a sus familias tener acceso a un nivel de vida adecuado”. En ese sentido, instamos a las autoridades a cumplir su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles —económicos, jurídicos y políticos— para garantizar un nivel de vida adecuado a la población. Debe ser una prioridad en la agenda oficial la reconstrucción de la remuneración de los trabajadores, las convenciones colectivas y las pensiones de vejez y jubilación, mediante el diálogo social y la negociación tripartita. Advertimos que ningún proceso de liberalización económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia será cónsono con principios básicos de Derechos Humanos. Igualmente, ninguna democracia liberal con libertades ciudadanas es tal, si el modelo económico se impone pasando por encima de los derechos de las personas.

Sindicatos y gremios autónomos invitan a movilizarse este viernes 1° de mayo por la defensa del salario, las convenciones colectivas y la libertad sindical. 👉A las 10:00 AM se concentrarán en la Plaza Brion de Chacaíto para marchar hasta la Plaza Morelos en Bellas Artes.

Despliegue masivo de funcionarios de la PNB y otros cuerpos de seguridad impidió la movilización laboral desde la Plaza Morelos al centro de Caracas este #30Abr. Trabajadores y pensionados exigen salarios dignos. Basta del uso de recursos públicos para impedir la protesta pacífica.

Este 1.° de mayo la exigencia inmediata es el rescate de salarios y pensiones dignas para la supervivencia de los hogares. Pero esta demanda es inseparable de la lucha por la democratización y la reinstitucionalización de Venezuela. provea.org/actualidad/pri…

El salario mínimo en Venezuela hoy equivale a menos de 30 centavos de dólar mensuales. Más de 40 ONG exigimos un pago que no condene a la población a la miseria. Con anuncios de crecimiento económico en 2026, no hay justificación para un salario inferior a medio dólar mensual. Desde 2019, la OIT documentó en su Comisión de Encuesta el desmantelamiento de la institucionalidad laboral venezolana. El gobierno ignoró sus recomendaciones: sustituyó el salario por bonificaciones, anuló contratos colectivos mediante el Memorándum N° 2792 y el Instructivo ONAPRE, y encarceló a dirigentes sindicales por defender derechos básicos. Entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron más de 10.000 protestas por derechos laborales, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La respuesta oficial ha sido la inacción. Exigimos fijación inmediata de un salario mínimo conforme a la Constitución y al Convenio N° 26 de la OIT; libertad plena para dirigentes sindicales detenidos; derogación del Memorándum 2792 y el Instructivo ONAPRE; y reinstitucionalización democrática de los poderes públicos.

238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela 2025, denuncia Espacio Público en su #InformeVE25. Al menos 7 emisoras cerradas, 44 detenciones arbitrarias, intimidación, censura y hostigamiento judicial: "El 3 de enero no se traduce estructuralmente en un 'nuevo momento político' tal y como plantean las autoridades encargadas, al menos en materia de garantía y protección efectiva de los derechos humanos" En lo que va de 2026, la organización ya registra 91 denuncias y 29 detenciones arbitrarias, 22 de ellas a periodistas y trabajadores de la prensa.

En reunión con el fiscal general @LarryDevoe para abordar el estado actual del sistema de justicia, entre otros temas de interés nacional, reafirmé que el debido proceso es el medio consecuente con el más avanzado concepto de los #DDHH para asegurar la efectiva realización de esos derechos menoscabados. En el marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela, asistí a este encuentro donde expuse y consigné un conjunto de ideas que, a consideración de @_Provea, pueden orientar la actuación del @MinpublicoVEN y que son esenciales para la protección de los derechos humanos y el debido proceso en el ámbito judicial. Estas exigencias, como velar por que las solicitudes de Habeas Corpus sean recibidas en los tribunales, que toda persona detenida pueda designar su abogado de confianza, garantizar un efectivo derecho a la defensa y cortar la cadena de abusos y arbitrariedades, representan pasos urgentes para una reconstrucción institucional centrada en la dignidad humana y la justicia. Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de #Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los Derechos Humanos.

La recuperación de los derechos y la democracia es de largo aliento y no solo implica el cambio de las personas o del partido político en el poder; implica que las instituciones, además de cumplir las leyes tengan la capacidad de responder a las demandas ciudadanas

Además la re-institucionalización del Ministerio Público debe garantizar, la publicación de los Informes Anuales de gestión de la institución y la re-apertura de los concursos para los cargos de fiscales, basados en criterios de profesionalismo, transparencia e imparcialidad.

Hoy acudimos a una reunión en el Ministerio Público tras la invitación del nuevo Fiscal General, Larry Devoe. Expusimos nuestras consideraciones sobre la crisis del Sistema de Justicia y la necesidad de retomar el camino de la Constitución para garantizar el respeto a los DDHH

Es urgente la realización de un proceso electoral presidencial y parlamentario La prolongación de la incertidumbre política solo profundiza la frustración social en Venezuela. Comunicado completo provea.org/actualidad/der…

Exigimos una ruta electoral clara en Venezuela: Renovación del CNE, elecciones presidenciales y parlamentarias con condiciones, y acompañamiento internacional efectivo. ONG venezolanas alertamos que la sustitución de rectores CNE es indispensable para cualquier proceso creíble. La recomposición del CNE debe realizarse bajo criterios transparentes, sin reparto político y garantizando la idoneidad de sus integrantes en todos los niveles. Las condiciones mínimas son: independencia plena del árbitro electoral, garantías de pluralismo político, registro confiable con voto en el exterior, auditorías independientes al sistema automatizado y observación nacional e internacional calificada. Prolongar la incertidumbre política profundiza la frustración social. Una elección creíble puede canalizar pacíficamente la aspiración de cambio del pueblo venezolano e iniciar la reinstitucionalización de los poderes públicos. Reiteramos que no hay transición democrática sostenible sin autoridad electoral independiente. La comunidad internacional tiene responsabilidad directa en generar las condiciones, incentivos y garantías para que eso ocurra.