Víctor Hugo Michel@vhmichel
Apunte Washington
Gerardo Mérida no se va con las manos vacías.
Tras confirmarse la entrega del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, ante autoridades estadounidenses en Arizona, hay una realidad que cada vez tiene más peso: el Departamento de Justicia sigue a la ofensiva y está obteniendo lo que quiere al ir sumando personajes a la acusación radicada en Nueva York contra figuras de la 4T por su presunta relación con la facción de Los Chapitos.
Recordemos que en esa acusación Mérida es señalado de haber proporcionado información confidencial al cártel para que pudieran eludir operativos federales y estatales, a cambio de pagos superiores a los 100 mil dólares mensuales, el monto más alto documentado entre la los imputados. En esencia, era un soplón de alto nivel dentro del aparato de seguridad pública.
Ningún funcionario se entrega cuando cree que enfrente tiene un caso débil o circunstancial; por el contrario, se entrega cuando entiende que tiene todas las de perder o, al menos, cuando concluye que su mejor opción es negociar antes que resistir. Más cuando los cargos incluyen no solo conspiración para tráfico de narcóticos, sino también posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, lo cual eleva la pena potencial y reduce el espacio de negociación procesal.
¿Cuántos más de los 10 originalmente mencionados por el Departamento de Justicia ya están negociando? Eso aún no se puede saber, pero es altamente probable que otros funcionarios empiecen a colaborar con Washington. Los incentivos están ahí: quien hable, obtiene un beneficio. Quien no, tiene enfrente cadena perpetua posible en una Supermax.
Your choice, dirían en EU.
Ciertamente, a nivel narrativo, la entrega de Mérida representa un golpe en la línea de flotación a la negativa oficial para reconocer que la investigación estadounidense cuenta con elementos de peso. Hoy, el indictment que vimos hace unos días adquiere un nivel que trasciende lo político -que es en donde lo quería dejar la 4T- y se eleva a lo sustancial.
Más aún si se considera que apenas cuatro días antes de cruzar la frontera, el propio Mérida había obtenido un amparo en Michoacán para frenar cualquier orden de detención o extradición. Es decir, tenía protección jurídica activa en territorio mexicano. Si hubiera querido, podría haberse atenido al laberinto jurídico que podría haber extendido por años su entrega a EU. No lo hizo y decidió presentarse voluntariamente en Arizona. Esa decisión no es accidente ni improvisación.
Washington tampoco lo aceptó sin pedirle algo a cambio. ¿Qué? Por procedimiento, antes de que siquiera se le aceptara como colaborador, Mérida tuvo que prometer la entrega de algo de valor, algún activo. No va con las manos vacías.
Así que, por eliminación, se puede entender que lo ocurrido con Mérida abre una nueva etapa en el affaire Sinaloa, puesto que su eventual testimonio podría servir para consolidar la acusación contra personajes de mucho mayor peso político, entre ellos Rubén Rocha y Enrique Inzunza, hoy los actores más vulnerables dentro de la ecuación. Mérida recibía órdenes directamente de ambos.
Pero también hay otro elemento que debe analizarse con cuidado: las fechas.
Mérida se entregó el pasado 11 de mayo y es apenas cuatro días después que se da a conocer públicamente su rendición. Ese desfase abre dos posibilidades.
La primera es que el Estado mexicano simplemente no supiera dónde estaba uno de los imputados en uno de los casos de mayor valor estratégico para el país en las últimas décadas. Eso se antoja poco probable. Estamos hablando de un exsecretario de Seguridad Pública con rango de general que muy probablemente estaba bajo vigilancia o, cuando menos, bajo observación del Centro Nacional de Inteligencia o instancias militares.
La otra opción es más delicada. Que esta entrega haya sido negociada o, al menos, tolerada como parte de un mecanismo informal para reducir la presión bilateral acumulada tras la negativa pública de la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar contra Rubén Rocha.
Se sacrifica a un peón para proteger al alfil y comprar tiempo.
Tampoco puede desestimarse que esto ocurra el mismo día en que se confirma una llamada entre la presidenta y Donald Trump. Y tampoco es menor que quienes terminaron confirmando la presencia de Mérida en Estados Unidos no hayan sido los activos diplomáticos de la Cancillería, sino el Gabinete de Seguridad mediante un tuit. Eso, por lo menos, habla de posibles vasos vinculantes entre el expediente judicial estadounidense y la gestión política del caso desde México.
Si se mira en términos de escenarios, dos empiezan a cobrar fuerza. El primero es el de cooperación con sacrificio parcial. Es decir: México entrega o permite la caída de actores secundarios para reducir presión y contener el daño político mayor.
Pero hay un segundo escenario más disruptivo: la cascada.
Y ese implicaría que los hechos dejen de responder a una lógica de administración política y comiencen a adquirir velocidad y vida propia. Porque si Mérida coopera y comienza a aportar información útil para los fiscales estadounidenses, el caso dejaría de ser una acusación estática para convertirse en una investigación expansiva con capacidad real de alterar por completo la ecuación política sinaloense.
Y aquí opera una lógica que no controla nadie y que ya abordamos en esta columna: el dilema del ladrón. La información que entrega un cooperante tiene valor decreciente con cada nuevo cooperante. Eso significa que el actor que decide cooperar tarde obtiene menos beneficios que el que coopera temprano.
Y la respuesta de esperar se vuelve cada día más costosa.
