Andrea Conde

El anuncio de @jorgemacri -Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- de abrir a licitación para concesionar la televisión abierta y las frecuencias de radio de la Ciudad resulta ILEGAL y contrario a lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el artículo 44 de la Ley 26.522. Los medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires NO le pertenecen al Jefe de Gobierno de turno, sino a todas y todos los vecinos de la Ciudad. El artículo 47 de la Constitución de la Ciudad garantiza la existencia de medios de comunicación propios de la Ciudad destinados a difundir la actividad oficial y a promover la cultura y la educación. Textualmente, nuestra Carta Magna dispone: “También participan en el canal de radio y televisión de la Ciudad personas de diferentes partidos políticos que trabajan en la Legislatura de la Ciudad y personas pertenecientes a sectores de la cultura y de la comunicación social, en la forma que la ley indique. La Ciudad debe facilitar la participación de la comunidad con ideas en los programas de radio y televisión de la Ciudad.” Por su parte, el artículo 44 de la Ley 26.522 establece el principio de indelegabilidad de la explotación de los servicios de comunicación audiovisual, disponiendo que será considerada delegación de explotación —y configurará falta grave—: a) Ceder, a cualquier título, o vender espacios de programación de la emisora a terceros, en forma total o parcial; b) Celebrar contratos de exclusividad con empresas comercializadoras de publicidad; c) Celebrar contratos de exclusividad con organizaciones productoras de contenidos; d) Otorgar mandatos o poderes a terceros, o realizar negocios jurídicos que posibiliten sustituir total o parcialmente a los titulares en la explotación de las emisoras; e) Inciso derogado por el Decreto 267/2015. En tal sentido, la nota explicativa del referido artículo 44 señala expresamente: “La indelegabilidad de la prestación obedece al mantenimiento de la titularidad efectiva de la explotación de la emisora por quienes accedieron a la condición de licenciatarios por estar calificados para la misma, y que previamente fueron evaluados por la Autoridad de Aplicación.” En consecuencia, si se concesionaran los medios de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, no solo se estaría violentando la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, además la autoridad de aplicación de la Ley 26.522 podría revocar la autorización de los medios audiovisuales de la ciudad.