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𝗠𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 #𝗝𝟮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝘂𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝗯𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗺𝘂𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀.
Movimiento #J2 ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre deportistas profesionales para denunciar lo que considera un trato normativo desigual frente a la futura regulación de las mutualidades alternativas. El colectivo aclara que no está en contra de que los deportistas vean reconocidos sus periodos previos de actividad: al contrario, entiende que tienen derecho a ello. Su queja es que abogados y procuradores mutualistas, en situaciones similares, no están recibiendo una solución equivalente.
Una reparación aceptada.
La norma sobre deportistas prevé que determinados periodos de actividad anteriores a su integración en la Seguridad Social puedan computar como cotizados. En la práctica, eso permite mejorar la pensión futura de quienes ya tienen derecho a una contributiva y también la pensión actual de quienes ya están jubilados. Para Movimiento #J2, esa es una respuesta de reparación razonable ante trayectorias profesionales que quedaron sin el encaje adecuado en su momento.
El colectivo insiste en que comparte ese criterio de fondo: si una actividad profesional real no tuvo la cobertura correcta, el sistema debe corregir esa situación. Por eso, subraya que su crítica no va dirigida a los deportistas ni a la solución que se les otorga.
El problema de la exclusión.
La discrepancia, según #J2, aparece cuando se compara ese tratamiento con el previsto para abogados y procuradores mutualistas. La Proposición de Ley sobre mutualidades alternativas excluye expresamente a quienes ya han consolidado pensión o están percibiéndola, de modo que jubilados, pensionistas, viudas, viudos, enfermos y otros colectivos quedarían fuera de cualquier solución. Para el Movimiento J2, esa exclusión resulta difícil de justificar si se compara con la amplitud del reconocimiento previsto para los deportistas.
En su escrito, el colectivo remarca que los mutualistas también desarrollaron actividad profesional de forma continuada y realizaron aportaciones obligatorias a un sistema de previsión social avalado por el propio Estado. A su juicio, no puede ser que quienes no cotizaron en el sistema público reciban una solución más completa que quienes sí contribuyeron durante años por una vía alternativa reconocida institucionalmente.
Coste y financiación.
Otro de los puntos que #J2 considera especialmente llamativos es el coste de cada medida. En el caso de los deportistas, el reconocimiento del periodo previo se financiaría indirectamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a través del Consejo Superior de Deportes, por lo que el coste para la Seguridad Social sería cero. En cambio, para los mutualistas se plantea una solución mucho más gravosa, que el colectivo considera desproporcionada y más onerosa que incluso la aplicada a los antiguos becarios.
#J2 sostiene que esta diferencia supone una doble discriminación: por un lado, porque el Estado asume el coste en un caso y no en el otro; y, por otro, porque la carga económica y administrativa que se pretende imponer a los mutualistas sería muy superior. El colectivo considera que no existe una razón objetiva que justifique un trato tan dispar entre situaciones comparables.
Una aportación también relevante.
#J2 recuerda además que la contribución social de abogados y procuradores es muy significativa. A diferencia de los deportistas, que no pudieron cotizar en su momento, los mutualistas sí lo hicieron mediante un sistema alternativo que contaba con respaldo legal y estatal.
Además, su actividad ha sostenido durante décadas el derecho constitucional a la justicia gratuita a través del Turno de Oficio, con un coste irrisorio para el erario público. (1)
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