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Y ahora el dinero. La sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre responsabilidad civil. Las acusaciones populares pedían que David Sánchez y Luis Carrero devolvieran los sueldos cobrados. La Sala dice que no puede entrar: las acusaciones populares no son perjudicadas y no tienen legitimación para pedirlo. Solo dos podían haberlo pedido. La Diputación de Badajoz, que es la que pagó esos sueldos. O el Ministerio Fiscal, si hubiera acusado. La Diputación no lo pidió. El Fiscal no acusó. Es absolutamente alucinante. Y añade la Sala que, en todo caso, eso tendría que verlo el Tribunal de Cuentas. Nadie devuelve un euro. Y ya que estamos con la Diputación. Dos de los once condenados, la diputada de Cultura y el jefe de servicio de Recursos Humanos, han sido representados y defendidos en este juicio por los Servicios Jurídicos de la Diputación de Badajoz. La administración que pagó esos sueldos, y la única que podía reclamarlos, les puso el abogado a dos de los condenados por prevaricar dentro de ella. Flipante. Sin palabras.

Sánchez declara estar «avergonzado» ante el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tras la polémica por el artículo de Rajoy.

El Pleno del Tribunal Supremo fija doctrina: cortar el agua, el gas o la electricidad a los okupas no es un delito de coacciones, sentencia 426/2026, de 24 de junio. Es de justicia.

“Una sobrada” o un “me suda la polla” como análisis jurídico de las sentencias.

ASQUEROSA manía de decir que la Sanidad pública es gratuita. NO, NO ES GRATUITA, al menos para los españoles. La pagamos con nuestros impuestos. Es gratuita sólo para los inmigrantes ilegales. La Sanidad pública NO ES GRATUITA.