Marco Chomón

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Pagar al jefe de los árbitros ‘por neutralidad’ no es corrupción deportiva: es pagar para que cumpla su deber, no comprar que haga perder o ganar a nadie. Los pagos a un vicepresidente de los árbitros para asegurar que los árbitros cumplen una neutralidad en la competición, no pueden ser consideradas penalmente típicas, en tanto que, aunque pueda predicarse de tal pago, su antijuridicidad formal, no lo sería material, en tanto que no infringe el bien jurídico protegido, que es el juego limpio, tal incentivo no puede ser lícito cuando lo da la Federación al que pertenece el árbitro, y delictivo cuando lo ofrece un club, sin perjuicio de la legislación deportiva al respecto. Mantener la neutralidad a la hora de dirigir un partido de fútbol no puede considerarse injusto, sino todo lo contrario. La obligación de todo colegiado es salir a ser imparcial, luego no sería lógico que los pagos por cumplir con su obligación fueran penalmente típicas. Es por ello que nadie discute que los pagos a un árbitro para hacer perder o ganar a un equipo sí se encuentran incluidas en el art. 286 bis. 4 CP, y en este caso, la condena lo sería por la comisión de un delito de corrupción en el deporte debido, a unos hechos consistentes en un “acuerdo económico” para que ganara o perdiera un determinado equipo de fútbol. La conducta de ser neutral, aun incentivada económicamente mediante los pagos a Negreira es la que debe observar todo arbitro; mientras que la de hacer perder o ganar a un equipo de fútbol es anómala en sí misma, por fraudulenta e impropia. Por tanto, conforme al carácter fragmentario del derecho penal, aunque pudieran considerarse reprochables los pagos al vicepresidente los árbitros para garantizar la neutralidad, al carecer del necesario requisito de antijuridicidad material, al que anteriormente me he referido, escapan de la órbita penal precisamente por la naturaleza de ultima ratio que caracteriza la aplicación de los preceptos penales, pudiéndose deslindar tales conductas (pagos por neutralidad o por hacer ganar o por perder a un equipo) al lugar que corresponden por razón de su injusticia intrínseca, de modo que lo verdaderamente intolerable es percibir un beneficio o ventaja por hacer perder o ganar un encuentro a un equipo, y no por hacer lo que debe hacer todo arbitro que es salir a ser neutral en el partido. Si esto se considerara sancionable, debiera reservarse un espacio en el ámbito del derecho administrativo sancionador del CSD o RFEF. Muchos tuiteros equiparan los pagos “por neutralidad” a Negreira, de ser ciertos, con sobornar a un policía o a un juez, pero esa comparación carece de fundamento. Negreira no era juez, ni funcionario público, ni árbitro en activo, sino un directivo, por lo que la analogía con la corrupción funcionarial es errónea. Mi análisis se sitúa exclusivamente en el plano jurídico-penal, atendiendo a la literalidad del tipo de corrupción deportiva. Desde esa perspectiva, pagar “por neutralidad” no tendría encaje penal porque no describe una conducta típica conforme al artículo 286 bis aplicable de corrupción deportiva.