💚 Claudia Queiruga

Mira esa belleza, una pareja normal y un día en el río No hace falta más

El fallo de hoy contra Burford Capital permite concluir que la estrategia jurídica utilizada para reestatizar en 2012 un 51% de YPF fue válida. Cuesta creerlo porque con el paso de los años se recontra instaló en la agenda pública que fue un error no haber realizado una Oferta Pública de Acciones (OPA) al resto de los accionistas —entre los que figuraba Petersen Energía—, tal como marcaba el estatuto de YPF. Esa impericia legal, torpeza o desconocimiento que se le asignaba a Axel Kicillof y al equipo de abogados del Estado que trabajó en la expropiación nunca fue tal. Lo cierto es que se evaluó realizar la OPA, pero hubiese implicado desembolsar unos US$ 20.000 millones, un monto que fue considerado excesivo por los funcionarios que estuvieron a cargo del proceso. La alternativa que se encontró —que fue respaldada por estudios privados que aportaron dictámenes avalando la iniciativa— fue expropiar sólo un 51% con la convicción de que la Constitución y la Ley de Expropiación argentina primaban sobre el estatuto de YPF. Loretta Preska interpretó lo contrario y condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses. Hoy, la Cámara de Apelaciones de Nueva York corrigió esa sentencia y le dio la razón al planteo que siempre mantuvo la Procuración del Tesoro durante los últimos tres gobiernos. Imposible desde acá saber cuánto incidió el alineamiento total de Javier Milei con Donald Trump, pero parece lógico creer que una cuota parte importante del fallo de hoy se explica en esa clave. Bien por el gobierno que tiró de todas las palancas posibles —las legales, las políticas, las comunicaciones (el Argentina Week de hace dos semanas, por ejemplo)— para lograr la sentencia de hoy. En cuanto a la reestatización de 2012, los abogados argentinos que trabajaron en la expropiación y el mismo Kicillof siempre creyeron que a Repsol habría que indemnizarla —ganaron tiempo pagando US$ 5000 millones más intereses (un total de unos 10.000) un año después—. Seguramente hubiesen hecho lo mismo si en lugar de llamarse Petersen Energía, el accionista minoritario de YPF se llamaba Shell o ExxonMobil. Kicilof no pudo avanzar porque existía una clara restricción política en cabeza de Cristina Kirchner, que estaba imposibilitada de compensar a los Eskenazi cuando ese mismo grupo empresario había entrado a YPF durante el primer mandato de la ex presidenta de forma totalmente irregular —pagando una cifra mínima y consiguiendo financiamiento del vendedor (Repsol) que se repagaba vía dividendos en un momento en que se caía la producción de petróleo y gas en el país—. Ojalá algún día se conozca la verdad y los detalles del acuerdo político-económico que llevaron a los Eskenazi a YPF. Pero hoy toca celebrar que una de las tantas tragedias griegas que llevaron al declive de nuestro país tenga un sorprendente final feliz. No es algo que suela ocurrir.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de NY sobre YPF sostuvo su línea argumental sobre el valor y supremacía de la ley de expropiación votada por el Congreso Nacional. La decisión del Congreso de haber expropiado fue lo que hizo posible el desarrollo de Vaca Muerta. La expropiación impulsada por Cristina Kirchner y votada por amplias mayorías por ambas Cámaras fue una decisión correcta para impulsar nuestra soberanía energética y la exportación de gas y combustible.