Dani Rios
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La estabilidad del Ministerio Público es clave para la seguridad jurídica del país. Hoy enfrentamos un fenómeno estructural: cerca de 90 fiscales se encuentran en condiciones de jubilarse, producto del ingreso masivo ocurrido entre 1998 y 2000. Se trata de una coincidencia generacional que representa aproximadamente el 20% del plantel fiscal. Cada fiscal tiene bajo su responsabilidad entre 800 y 1.200 causas activas. Una salida masiva implicaría la redistribución de decenas de miles de procesos en todo el país, especialmente en el interior. La reposición de un fiscal, a través del proceso constitucional ante el Consejo de la Magistratura, puede demorar entre 8 y 12 meses. Por eso es fundamental actuar con planificación y previsibilidad. Respetamos plenamente el debate previsional en el Congreso, pero es importante considerar el impacto operativo en instituciones esenciales para el Estado de Derecho. Nuestro compromiso es anticiparnos, organizar escenarios y garantizar que la justicia no se detenga.
