Dignidad & Compromiso

En Colombia, para los jóvenes empezar a trabajar se volvió muy difícil. Más de 2,5 millones de jóvenes ni estudian, ni trabajan. Piden experiencia para empezar… pero nadie da la oportunidad. Esto cambiará en mi gobierno.

No necesitamos inversión en hidrocarburos, la necesitamos en energías limpias, trenes y construcción de escuelas, universidades y hospitales. Podemos reactivar a Venezuela, así sea para que en poco tiempo saquen hidrocarburos con energías limpias. Estamos listos y depende de Trump. Queremos armas que protejan la juventud de los narcos con eficiencia, queremos chips de la máxima velocidad posible y capacidad computacional pero bajo control de Colombia, por eso anulé la trampa que Alí Baba quería poner en Internexa, busco soberanía de la data de Colombia y máxima acumulación de datos y rapidez, si Microsoft no puede entonces Huawei lo hará. No tengo discriminación ideológica alguna pero me interesa el salto máximo de tecnología en Colombia y soberanía nacional y latinoamericana. Acepto la invitación de los 200 economistas del.mundo para cambiar el régimen de inversiones del mundo, que la justicia pública de Colombia y si no un tribunal multilateral sin intereses locales: primero la vida.

RADAR DE LA CONTRATACIÓN CÚCUTA- INFORME DE ALERTAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHA-CI-001-2025 El Municipio de Cúcuta y la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S. (E-DESARROLLO S.A.S.) suscribieron el Convenio Interadministrativo No. SHA-CI-001-2025, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, sociales y financieros con el fin de articular integralmente el proyecto de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población en la zona urbana del municipio (Proyecto BPIN 2024540010008). El valor total del convenio asciende a $14.929.450.850,40, discriminado así: (i) un aporte del Municipio de Cúcuta por $14.636.716.520,00 en recursos dinerarios, y (ii) un aporte de E-DESARROLLO S.A.S. por $292.734.330,40, representado en especie, correspondiente a personal profesional y a la provisión de capacidades administrativas, jurídicas, logísticas y técnicas. Del análisis documental efectuado se advierte que el convenio presenta rasgos propios de un esquema de articulación operativa en el cual la entidad cooperante (E-DESARROLLO S.A.S.) asume, de manera integral, funciones asociadas al ciclo de gestión contractual, incluyendo la planeación, estructuración, selección, ejecución y seguimiento de contratos derivados. Esta configuración no se corresponde, en términos materiales, con un modelo típico de ejecución concurrente entre entidades públicas. Por el contrario, evidencia una estructura funcional en la que el cooperante actúa como vehículo de gestión contractual y como articulador de la ejecución material del proyecto. Las siguientes son las alertas detectadas: Alerta 1. Transferencia funcional de la gestión contractual. La propuesta del cooperante establece que el municipio transfiere a E-DESARROLLO la responsabilidad de adelantar las fases de planeación, selección, celebración, ejecución, supervisión e incluso liquidación de los contratos derivados, lo que configura un esquema en el cual el cooperante no se limita a una actuación concurrente o de apoyo, sino que asume de manera integral la gestión del circuito contractual, desplazando en la práctica el núcleo funcional de la actividad contractual desde la entidad territorial hacia un tercero. Alerta 2. Ejecución material a través de terceros. Los anexos técnicos prevén expresamente la intervención de un “constructor contratado” como encargado de la ejecución de las obras, sin que se evidencie participación directa del cooperante en la ejecución material, lo que revela que el objeto contractual no es desarrollado por quien suscribe el convenio, sino trasladado en su totalidad a terceros, configurando una tercerización integral de la ejecución. Alerta 3. Pago único del 100% del aporte municipal. El registro presupuestal prevé el desembolso del 100% del aporte municipal en un único giro al inicio de la ejecución, lo que implica la entrega total de los recursos públicos antes de la materialización del objeto contractual, configurando una concentración anticipada del flujo financiero que rompe la lógica de correspondencia entre pagos y avance físico, y expone los recursos a ser administrados sin un anclaje verificable en la ejecución real del proyecto. Alerta 4. Ausencia de garantías al inicio. El acta de inicio registra las pólizas y amparos como “N.A.”, evidenciando que la ejecución se pone en marcha sin la constitución efectiva de garantías, lo que implica que los recursos públicos quedan expuestos desde el primer momento sin cobertura de respaldo, en abierta contradicción con la matriz de riesgos que preveía su exigencia, y configura un escenario de desprotección patrimonial incompatible con una gestión contractual diligente. Alerta 5. Capacidad operativa no acreditada. El cooperante sustenta su intervención principalmente en capacidades administrativas, jurídicas y de articulación, sin que se evidencie acreditación concreta de capacidad técnica y operativa para la ejecución directa de obras, lo que, sumado a la previsión de contratación de terceros, revela que la ejecución material del objeto contractual no descansa en el sujeto contratado, sino en una estructura externa no evaluada en el marco del convenio. Alerta 6. Planeación técnica inconsistente. El análisis del sector incorpora referencias y elementos que no guardan correspondencia directa con el objeto específico del convenio, evidenciando una construcción técnica desalineada que debilita la coherencia entre la necesidad identificada, la estructuración del proyecto y la ejecución prevista, lo que compromete la solidez de la fase de planeación sobre la cual se soporta todo el proceso contractual. Alerta 7. Inconsistencia en la gestión de riesgos. La matriz de riesgos prevé la exigencia de garantías y mecanismos de cobertura frente a eventuales contingencias, mientras que en la práctica el acta de inicio registra su inexistencia, lo que evidencia una ruptura entre la gestión de riesgos proyectada y la ejecución real del convenio, dejando sin aplicación efectiva los mecanismos diseñados para la protección del recurso público. Alerta 8. Compresión temporal del proceso contractual. La secuencia de actos que comprende invitación, propuesta, concepto jurídico, suscripción del convenio, registro presupuestal y acta de inicio se concentra en un intervalo temporal reducido, lo que sugiere una estructuración acelerada del proceso que limita la profundidad del análisis técnico, la validación de condiciones operativas y la adecuada evaluación de riesgos antes del inicio de la ejecución. Alerta 9. Déficit de trazabilidad de la ejecución. A pesar de la existencia de soporte jurídico, presupuestal y contractual, no se evidencian documentos que permitan reconstruir la ejecución real del convenio, tales como contratos derivados, pagos a terceros, actas de ejecución o soportes técnicos de intervención, lo que configura un vacío documental en la fase más crítica del proceso, precisamente donde debe acreditarse la materialización del objeto contractual. Alerta 10. Riesgo en la identificación de beneficiarios. El modelo permite la acreditación de la condición de beneficiario mediante mecanismos de autodeclaración bajo juramento, sin que se evidencien instrumentos robustos de verificación técnica o validación independiente, lo que introduce un margen de incertidumbre en la focalización del proyecto y abre la posibilidad de que las intervenciones no correspondan a criterios objetivos plenamente verificables. Conclusión: De la documentación analizada se configura un esquema en el que E-DESARROLLO asume de manera integral la gestión contractual, la ejecución material del objeto se desplaza hacia terceros no visibles en la fase inicial del convenio, el flujo financiero se concentra anticipadamente mediante un único desembolso del 100% del aporte municipal, y la ejecución real del proyecto no se encuentra respaldada en el expediente con soportes técnicos, contractuales o financieros verificables. Esta configuración no solo fragmenta el ciclo contractual, sino que desplaza en la práctica el objeto del convenio hacia una cadena de intermediación que disocia la titularidad del recurso, la toma de decisiones y la ejecución material, debilitando los mecanismos de control, rompiendo la trazabilidad efectiva del gasto y dificultando la verificación directa de la correspondencia entre los recursos públicos comprometidos y las intervenciones efectivamente realizadas.