Oscar Tuma@oscartuma
Desde que se conoció que el Comité Olímpico Paraguayo (COP) recibe dinero del Estado gracias a una ley que impulsé y logré concretar en 2011, destinada a garantizar financiamiento estable y permanente al deporte, varios atletas se comunicaron conmigo para contar una realidad preocupante: el miedo a reclamar. Esa ley —pensada para fortalecer a los atletas y a las federaciones, no para blindar dirigencias— permitió que un porcentaje de impuestos al tabaco y al alcohol se destine al Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, del cual el COP resulta beneficiario. Por eso mismo, cuando hay recursos públicos involucrados, la prioridad debe ser el atleta y la transparencia, no el silencio impuesto.
Según estos testimonios, a quienes cuestionan la falta de apoyo o exigen atención se les “marca”, se les atiende mal o directamente se les deja de ayudar; y el castigo —dicen— es el más silencioso y perverso: la exclusión deportiva, el “no existís”, el “te ignoro para siempre”. Incluso afirman que se les prohíbe hablar públicamente sobre injusticias dentro del COP o criticar a Camilo Pérez, bajo amenazas de represalias para ellos o sus familias.
Y acá está el punto central: eso no es olimpismo. Eso es apriete.
La Carta Olímpica es clara: el Movimiento Olímpico exige autonomía, y que los Comités Olímpicos Nacionales resistan presiones de cualquier tipo, incluida la presión política o económica.
Y el propio COI, en su Cumbre Olímpica (diciembre de 2025), reafirmó el derecho de los deportistas a acceder y competir sin interferencia política, y reconoció que la “neutralidad” debe aplicarse con claridad y sin dobles discursos.
Ahora bien: si el COP recibe plata del Estado, entonces debe rendir cuentas. No hay autonomía que justifique la opacidad. Recibir fondos públicos exige transparencia, control, criterios claros de asignación, y explicaciones documentadas sobre cómo se usa cada guaraní. Los atletas —y la ciudadanía— tienen derecho a saber quién recibe apoyo, por qué, cómo y con qué resultados.
Por eso, además, los parlamentarios tienen un deber institucional: abrir canales seguros, reservados y efectivos para que los atletas que se sientan perseguidos o castigados puedan acudir sin quedar expuestos, sin tener que “quemarse” públicamente, y sin poner en riesgo su carrera deportiva ni a sus familias.
Si hay denuncias, deben existir mecanismos de protección y escucha, no un sistema que obligue al atleta a elegir entre callar o perderlo todo.
Entonces, no vengamos a “hacernos de los churros”:
si una candidatura se sostiene con miedo, silencio, castigos y falta de transparencia, no es liderazgo: es control.
El deporte paraguayo necesita gestión, transparencia y respeto al atleta, no un sistema donde reclamar se paga caro.
#DeporteSinMiedo #RespetoAlAtleta #TransparenciaYa #RendiciónDeCuentas #OlimpismoDeVerdad #Paraguay #ComitéOlímpicoInternacional #COI #IOC
