Diego Hernán Armesto@diegoarmesto
El art. 18 de la ley 25.188 es bastante claro: los funcionarios no pueden recibir “regalos, obsequios o donaciones” en ocasión de su función. No es un problema de semántica ni de cortesía: si la dádiva encuentra causa en el cargo, deja de ser gentileza y pasa a ser irregularidad.
Tranquiliza saber que algunos confunden “atención protocolar” con dádiva. El derecho, en cambio, no: cuando el regalo no es por amistad sino “en consideración al oficio”, la línea ya está cruzada.
Y es precisamente en esa confusión —entre lo público y lo privado— donde aparece el verdadero problema: quien ejerce la función pública no conserva intacto su ámbito de reserva, porque sus actos quedan sometidos a un estándar de escrutinio reforzado. La doctrina de Fontevecchia vs. Argentina es contundente: el umbral de tolerancia a la exposición es mayor para los funcionarios, en la medida en que lo que está en juego es el control democrático. Pretender blindar como “privado” lo que se explica por el cargo no es una defensa de la intimidad; es, en el mejor de los casos, un error conceptual. En el peor, una forma elegante de desdibujar responsabilidades.
