Horacio98

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Horacio98

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@Horacioec1998

Defensor de la naturaleza, viajero incansable y lector empedernido

Quito, Ecuador Katılım Ocak 2020
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Comps Córdova Díaz
Comps Córdova Díaz@CompsCordova·
🔴 ¡De Ripley! ADN Y SUS ALIADOS SALVARON A MANZANO DEL JUICIO POLÍTICO Y DEJARON EN LA IMPUNIDAD LA CORRUPCIÓN DE MÁS DE USD 200 MILLONES EN #PROGEN Y #ATM, EL MAYOR ATRACO EN EL GOBIERNO DE NOBOA Chequea este video —no apto para florindos— y conoce cómo salvaron a Inés Manzano, la “superministra” de Noboa, pese a los graves cuestionamientos por incumplimiento de funciones frente a uno de los episodios más vergonzosos de corrupción en el sector energético. Mientras el pueblo pagó la crisis con apagones de hasta 14 y 24 horas en el 2024, ellos respondieron con archivo, blindaje y aplausos ¡Qué vergüenza: no tienen sangre en la cara! ¡ADN es corrupción! #NosGobiernanDelincuentes @BancadaRC5 @RC5Oficial @MashiRafael @radio_pichincha @CorapeDigitalTV @teleamazonasec @ecuavisa @LaDefensaEc @ecuainm_oficial @EcEnDirecto
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Elena Rodríguez Yánez
Elena Rodríguez Yánez@ElenaDeQuito·
Se disparan las desapariciones sin resolver en Ecuador Ecuador registró 3.909 denuncias por desaparición durante el primer semestre de 2026: 645 personas continuaban sin ser localizadas y 197 fueron encontradas sin vida. El dato más alarmante corresponde a niños y adolescentes: los casos todavía sin resolver crecieron un 137%. Mientras las cifras se disparan y las familias buscan solas, el Gobierno de Daniel Noboa responde con retórica de guerra, pero sin una política eficaz de prevención, búsqueda e investigación. @teleSURtv
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Guerreras por la Amazonia
Guerreras por la Amazonia@GuerrerasxAM·
5 años de injusticia. 5 años de incumplimiento. Como demandantes del caso Mecheros, exigen una audiencia pública ante la CIDH para visibilizar la realidad de la Amazonía. Miles de personas continúan viviendo junto a fuentes de contaminación. #Eliminenlosmecheros
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María Eugenia Garcés
María Eugenia Garcés@meugegarces·
El nuevo Ecuador
Ecuavisa Noticias@EcuavisaInforma

🔵 #Televistazo | Mientras los usuarios duermen en las afueras de las agencias de la ANT para conseguir una licencia, las respuestas sobre el colapso del sistema siguen siendo insuficientes. Las fallas se acumulan, los tramitadores reaparecen y las promesas de cambio todavía no se reflejan en el servicio. @kedith80 amplía 🎙️ Más información 📲 Ecuavisa.com

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Maria Hidalgo
Maria Hidalgo@maugecita0·
@ElOrienteEc Ahí ya ni contratan Periodistas pero hacen noticias a diario sobre el Ecuador, es una de sus empresas dueñas del país la Chevrón, que nunca ha salido ni pagado su deuda ni nos deja en paz, ahora haciendo este seudo informativo con ia.
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Corape Digital TV
Corape Digital TV@CorapeDigitalTV·
La Amazonía está llegando a un punto de no retorno. 🌎 Natalia Greene nos cuenta los detalles del XI Foro Social Panamazónico #FOSPA en Ecuador y la lucha por el #Yasuní. 🌳👇 Mira la entrevista completa aquí: youtu.be/3LA4OiLpz-k #Amazonía #Ecuador
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Pablo Fajardo M.
Pablo Fajardo M.@Pablofame·
El caso de la @udapt_oficial contra #Chevron demuestra porque los #Arbitrajes Internacionales son usados por las Transnacionales para buscar impunidad corporativa y quitarle dinero a la salud, educación y darle el dinero a las Corporaciones.
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Andrés el mono López
Andrés el mono López@andreselmonol·
🔴 Chevron Corporativo demanda a Ecuador el pago de 224 millones, derivados de un prolongado litigio ambiental. 🗣️ Para @Pablofame la situación del proceso refleja un acercamiento entre la empresa y el Gobierno perjudicando a las comunidades amazónicas.
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Horacio98
Horacio98@Horacioec1998·
RT @CompsCordova: 🚨 ¡Los mecheros siguen encendidos y la vida de Sucumbíos y Orellana está en riesgo! Los tres últimos gobiernos han incum…
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Yaku Pérez Guartambel
Yaku Pérez Guartambel@yakuperezg·
TLC con Canadá solo beneficiará a multinacionales extractivas. Se viene el despojo, la contaminación y persecución. neocolonialismo puro y duro
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Econ. Marco Flores T.
Econ. Marco Flores T.@MARCOAFLOREST·
CHEVRON, O CÓMO UN PAÍS SIN INSTITUCIONALIDAD PIERDE HASTA LOS PLEITOS QUE TIENE GANADOS El 17 de julio de 2026, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company presentaron ante la Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, una petición para que se reconozca y ejecute el laudo arbitral emitido en La Haya el 17 de noviembre de 2025, que condena al Ecuador al pago de USD 224,3 millones (corte a julio de 2026). La cifra comprende USD 175,7 millones por daños, USD 40,4 millones de intereses previos al laudo y USD 8,1 millones de recargos posteriores. La noticia, que debería avergonzarnos como sociedad, ha pasado casi inadvertida en el debate público. Y sin embargo, pocas veces un solo caso ha condensado con tanta crudeza el costo real de vivir en un país sin institucionalidad. Porque el Ecuador tiene instituciones, pero son muy malas. Nada o casi nada funciona bien. La pregunta honesta que debemos hacernos no es cuántas instituciones tenemos, sino qué funciona bien en el Ecuador. Y la respuesta es que casi nada. Lo ocurrido con Chevron no es un accidente aislado sino la consecuencia directa de esa falta de institucionalidad y de Estado de derecho, una falencia que se repite, de manera recurrente, a lo largo de décadas. Conviene comenzar por lo esencial, porque nada de lo que sigue lo atenúa. Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana durante 26 años, entre 1964 y 1990, y su explotación petrolera produjo un daño gigantesco contra la vida, la salud de las comunidades y la biodiversidad de cerca de quinientas mil hectáreas de selva. Piscinas de crudo abandonadas, aguas de formación vertidas en ríos y esteros, suelos contaminados que persisten hasta hoy. Ese daño era real, era enorme y debía ser indemnizado al país y reparado en la mayor medida posible. El Ecuador tenía la razón. Tenía la causa justa, tenía las víctimas y tenía la evidencia. Lo que no tenía era institucionalidad. Tenía cortes, tenía leyes, tenía procedimientos. Pero las reglas escritas no valen nada cuando quienes deben aplicarlas las venden, y esa carencia convirtió una causa justa en una derrota doble. En 2011, la Corte Provincial de Sucumbíos condenó a Chevron —empresa que adquirió Texaco en 2001 y que jamás operó en el Ecuador— al pago de USD 9.500 millones. Aquella sentencia pudo haber sido el acto de justicia que las comunidades amazónicas esperaban desde 1993. Fue, en cambio, el producto de un fraude. En agosto de 2018, el tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya determinó que el Ecuador incurrió en denegación de justicia y violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, al concluir que la sentencia de Lago Agrio fue obtenida mediante soborno y corrupción, y que fue redactada por alguien distinto al juez que la firmó. Lo ha reconocido la propia Procuraduría General del Estado, cuyo titular recordó en diciembre de 2025 que la condena de 2018 se originó en una sentencia fraudulenta obtenida por soborno. El resultado es de una ironía amarga. Malos ciudadanos —abogados inescrupulosos, jueces corruptos, operadores políticos que hicieron de la causa amazónica una bandera de propaganda— intentaron cometer un fraude contra una empresa extranjera, y el fraude terminó cometido contra el propio país. El Ecuador, que era el agraviado original, terminó convertido en condenado internacional. Las comunidades afectadas, que eran las víctimas reales, no han recibido reparación alguna. Y el contribuyente ecuatoriano, que no contaminó ni un metro cuadrado de selva, deberá pagar USD 224,3 millones a la petrolera, monto que se suma a los más de USD 50 millones ya gastados en defensa técnica durante los diecisiete años del arbitraje y a los USD 112 millones pagados a la misma empresa en 2016 por un arbitraje comercial anterior. Casi USD 400 millones en total (corte a julio de 2026). La Amazonía, mientras tanto, sigue gravemente contaminada. Douglass North enseñó que las instituciones son las reglas del juego de una sociedad, pero advirtió también que las reglas formales —constituciones, leyes, códigos— no bastan si su aplicación efectiva las contradice. Un país puede tener todos los organismos imaginables y carecer, al mismo tiempo, de institucionalidad, porque esta no consiste en la existencia de entidades sino en que las reglas se cumplan de manera imparcial, previsible y para todos. Cuando el juego real premia la trampa en lugar del esfuerzo honesto, los recursos de la nación se destinan a la depredación y no a la producción. Acemoglu y Robinson demostraron que las naciones fracasan cuando sus instituciones son extractivas, es decir, cuando el poder judicial, el poder político y la administración pública operan al servicio de intereses particulares y no del ciudadano. El caso Chevron es la ilustración perfecta de ambas tesis. Un poder judicial capturado produjo una sentencia comprada. Y un Estado sin memoria ni responsabilidad dejó que la factura del fraude recayera sobre quienes no lo cometieron. Este es el punto que no debe perderse de vista. La falta de institucionalidad no es una abstracción académica. Tiene precio, tiene víctimas y tiene consecuencias irreversibles. El precio son los USD 224,3 millones que saldrán de un Presupuesto General del Estado crónicamente deficitario, recursos que no irán a escuelas, hospitales ni remediación ambiental. Las víctimas son las comunidades indígenas y campesinas de Sucumbíos y Orellana, traicionadas dos veces, primero por la petrolera que contaminó su territorio y luego por quienes hicieron negocio de su tragedia. Y la consecuencia irreversible es el daño mismo, porque quinientas mil hectáreas de Amazonía degradada no se restauran con laudos ni con discursos. El daño es gigantesco. Hay, además, una lección de alcance mayor. Un país sin justicia independiente no puede ganar ni siquiera los pleitos en los que tiene la razón. Cuando la sentencia se compra, deja de importar quién tenía la causa justa, porque la causa justa muere con la primera coima. El Ecuador ha pagado ya en este caso más por la corrupción de sus propios jueces que lo que muchas petroleras pagan por sus pasivos ambientales en jurisdicciones serias. Esa es la medida exacta de nuestra precariedad institucional, y ninguna cifra de crecimiento del PIB la compensa. Y es que la falta de institucionalidad y de verdadero Estado de derecho es inmemorial en el Ecuador. El gran Juan Montalvo lo padeció en carne propia. Por decir las verdades, por desenmascarar los ultrajes, los robos y las perversiones de un miserable dictador como Ignacio de Veintimilla —a quien llamó Ignacio de la Cuchilla en Las Catilinarias, un burdo y grosero accidente convertido en tirano—, Montalvo tuvo que pagar con el destierro y luego con la muerte, lejos de su patria, en París, en 1889. El más grande ensayista que ha dado el Ecuador murió en el exilio por ejercer el derecho elemental de criticar al poder. Esa es la medida histórica de nuestra falencia. Un país donde, hace casi siglo y medio, decir la verdad costaba la patria y la vida, y donde hoy, con otras formas y otros rostros, la sentencia se compra, el juez se vende y la factura la paga el ciudadano honesto. Si algo debe quedar de este episodio no es únicamente la indignación por los millones que habrá que pagar, sino la certeza de que sin institucionalidad —jueces probos, tribunales independientes, reglas que se cumplan y un Estado que respete sus propios compromisos— toda causa nacional, por justa que sea, está condenada a terminar en derrota. Y esta no es una falencia de un gobierno ni de una época. Va de Veintimilla a Lago Agrio. Se ha repetido, con distintos rostros y distintos pretextos, a lo largo de los años, y volverá a repetirse mientras el país siga confundiendo tener instituciones con tener institucionalidad. La Amazonía destruida y el laudo de La Haya son, al final, dos caras del mismo fracaso. El fracaso de un Estado que tiene todas las entidades escritas en la ley y ninguna capaz de realmente proteger a sus ciudadanos, ni de las empresas que los contaminan, ni de quienes los defraudan. Econ. Marco Flores T. Julio 22 de 2026 Fuentes: 1. Corte del Distrito de Columbia, petición de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral presentada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company, 17 de julio de 2026. 2. Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Caso CPA 2009-23 (Chevron III), laudo de responsabilidad de agosto de 2018 y laudo de cuantificación de daños de noviembre de 2025. 3. Procuraduría General del Estado, comunicados y declaraciones sobre el caso Chevron, diciembre de 2025. 4. Primicias, Expreso, El Universo y La República, coberturas del proceso arbitral, diciembre de 2025 a julio de 2026.
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