ivanjaramilloperez

@vcalvot Estimado Vicente al parecer los dictamenes de los Revisores Fiscales se pronuncian solo por el cumplimiento o no de las NIIF en las EPS pero no sobre las normas de salud como son las Reservas Tecnicas y las Inversiones.

REVISTA SUR. LA REFORMA QUE NO PASO POR CAROLINA CORCHO: La reforma a la salud no surge como un capricho ideológico, ni como una ruptura improvisada. Surge como respuesta a una crisis estructural acumulada durante décadas en el sistema de aseguramiento colombiano. El verdadero debate no gira únicamente alrededor de las EPS, sino alrededor del control público de los recursos de la salud, la rectoría del sistema, la posibilidad de reorganizar el modelo hacia la Atención Primaria en Salud y la dignificación de un millón de trabajadores del sector. Este escrito se propone demostrar que por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro se adelantó un proceso de diálogo y concertación alrededor de la reforma, su hundimiento ha correspondido a una obstrucción filibustera de sectores políticos, en defensa de negocios e intereses particulares. 1.    La crisis estructural y el surgimiento de la reforma Durante años, Colombia sostuvo la idea de tener uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. La alta cobertura fue presentada como prueba de éxito, mientras el modelo de aseguramiento basado en las EPS se consolidaba como si fuera intocable. Sin embargo, detrás de esa narrativa crecían las barreras de acceso, las demoras en la atención, las quiebras hospitalarias, las deudas acumuladas, la precarización de los trabajadores y las tutelas masivas, y hechos de corrupción consistente en saqueo y desvío de billonarios recursos de la salud. La crisis dejó de ser una denuncia aislada para convertirse en una experiencia cotidiana de millones de personas. La Corte Constitucional había advertido desde la Sentencia T-760 de 2008 que el sistema vulneraba de manera estructural el derecho fundamental a la salud. Durante más de una década, pacientes, trabajadores, hospitales, universidades, asociaciones científicas y organismos de control documentaron problemas relacionados con integración vertical, inequidad territorial, debilitamiento de la red pública y uso ineficiente de los recursos públicos. Aun así, el debate público evitó discutir las causas profundas del deterioro del modelo. La pandemia de COVID-19 terminó de desnudar lo que ya estaba roto. El país entendió que la salud no podía seguir organizada exclusivamente alrededor de la enfermedad, la autorización, el contrato y la factura. Colombia necesitaba fortalecer la salud pública, la Atención Primaria en Salud, las capacidades territoriales y la rectoría del Estado sobre el sistema sanitario. La vida no puede depender del lugar donde se nace, de la capacidad de pago, de la oportunidad de una autorización o de la posibilidad de interponer una tutela. En ese contexto, siendo ministra de Salud y Protección Social, radiqué el 13 de febrero de 2023 la primera versión de la reforma a la salud. No fue una propuesta cerrada desde el Gobierno. Fue el resultado de un acumulado histórico y de un amplio proceso de diálogo con organizaciones de pacientes, trabajadores de la salud, universidades, asociaciones científicas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, expertos, gremios y actores territoriales e institucionales, a través de la realización de escuelas, cumbres, diplomados, largas discusiones de borradores de articulados desde la sociedad civil, consultas con expertos de más alto nivel desde las áreas del derecho constitucional, laboral, medicamentos, administración y salud pública. También lideré las gestiones políticas para que la reforma iniciara su discusión en el Congreso de la República. Desde entonces, el país comenzó a debatir no solo una ley, sino el futuro mismo del sistema de salud. Esto implicó desayunos de trabajo y diálogo permanente con los congresistas de las comisiones séptimas del Congreso de la República, mesas de trabajo con los presidentes de los partidos políticos que hacían parte de la coalición de gobierno, liberal, conservador y Partido de la U. Dentro de los acuerdos logrados con estos últimos actores en reunión del 3 de mayo en el hotel Marriot,  para lograr el avance de la reforma, se encuentran: la transformación de las EPS en gestoras de salud sin el manejo de los recursos públicos, la constitución del fondo ADRES como pagador único a prestadores públicos y privados, becas para formación para especializaciones de profesionales, el régimen laboral especial para los trabajadores de la salud,  servicios sociales complementarios, atención a pacientes con patologías crónicas, licencia de maternidad posparto para mujeres no cotizantes, y sistema integrado de calidad en salud. En dicha reunión además del equipo del ministerio de salud, estuvo Dilian Francisco Toro, presidenta del Partido de la U, estos acuerdos fueron refrendados el 4 de mayo en una reunión en donde asistió Efrain Cepeda, presidente del Partido Conservador. Posteriormente en el contexto del trámite en la Comisión Séptima, el 23 de mayo del 2023, el partido de la U solicitó la supresión de 11 artículos, como gobierno se accedió a 9 y se redefinieron 2 para facilitar la aprobación del proyecto, el cual fue aprobado por la comisión séptima y posteriormente por la plenaria de la cámara de representantes. En el marco del trámite legislativo de la reforma, se hicieron 38 audiencias públicas convocadas con la Cámara de Representantes en 21 ciudades de Colombia, 5 mesas técnicas, acuerdos con partidos, modificaciones al articulado y diálogos con distintos sectores. En el Senado se convocaron 11 audiencias públicas y 7 mesas técnicas, sin contar las diversas reuniones que se citaron en el ministerio de Salud con sectores académicos, presidentes de las EPS, gremios de prestadores de salud. Todo esto permitió la aprobación de la reforma en Cámara, su hundimiento se presentó en la Comisión Séptima del Senado, en donde en su momento también hundieron la reforma laboral que fue rescatada por un proceso de movilización popular y por el presidente de la República. Pero el fondo de la discusión permaneció intacto: Colombia debía decidir si continuaba con un sistema subordinado a la intermediación financiera, esto es, el manejo privado, opaco y discrecional, de los recursos públicos de la salud o avanzaba hacia un modelo centrado en el derecho fundamental a la salud, con un manejo público, transparente y con mecanismos anticorrupción de los recursos públicos. 2. El verdadero núcleo del debate: el control de los recursos públicos de la salud A lo largo del debate intentaron reducir la reforma a una consigna simplista: si las EPS desaparecían o no. Pero el verdadero núcleo nunca estuvo allí. La discusión de fondo siempre ha sido quién controla los recursos públicos de la salud, quién decide cómo se distribuyen, quién define las redes de atención y bajo qué mecanismos se vigila su uso. En otras palabras: lo que entró en disputa fue la rectoría financiera del sistema sanitario y el manejo de uno de los presupuestos públicos más grandes del país. Durante más de tres décadas, el modelo de aseguramiento trasladó a las EPS no solo la administración del riesgo, sino también el poder de ordenar el flujo y gasto del dinero público, sin controles ni mecanismos de auditorías. Las EPS terminaron definiendo qué redes contrataban, qué servicios autorizaban, qué pagos priorizaban y cómo circulaban los recursos dentro del sistema. Mientras tanto, el presupuesto de salud siguió creciendo de manera sostenida. Entre 2022 y 2025, la UPC registró un crecimiento real cercano a 12,6 billones de pesos y el presupuesto del sector alcanzó cifras históricas. El problema, por tanto, no puede explicarse por falta de recursos. La pregunta de fondo es qué ocurrió con esos recursos, cómo fueron administrados y por qué no se tradujeron en acceso oportuno, estabilidad hospitalaria y mejores resultados en salud. La reforma propone modificar esa estructura de poder. Por eso plantea a la ADRES como pagador único, con capacidad de realizar giros directos a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y prestadores de servicios de salud. El objetivo no es burocratizar el sistema -que desde el inicio de la ley 100 ha estado burocratizado, se crearon 157 burocracias de EPS para manejar un solo sistema de salud-, sino garantizar transparencia, trazabilidad y control público sobre recursos que son sagrados porque están destinados a proteger la vida. La propuesta también incorpora sistemas interoperables de información, auditorías concurrentes, seguimiento del gasto y monitoreo permanente sobre las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud. Este es el punto que toca poderosos intereses de quienes hoy manejan estas platas en la opacidad y a discrecionalidad, con la participación de una parte de la clase política. Los hallazgos de los organismos de control demuestran por qué esta discusión es inaplazable. La Contraloría General de la República identificó, para 2024, una diferencia aproximada de 2,71 billones de pesos entre los recursos girados por la ADRES y los ingresos reportados por las EPS en sus estados financieros, ¿Dónde está esa plata?, ¿Dónde están las aperturas de investigaciones penales fiscales y disciplinarias frente a este hallazgo? Los mecanismos de contraste también detectaron pagos por atenciones realizadas a personas fallecidas por más de 1,48 billones de pesos entre 2020 y 2024, cobros de medicamentos por encima de precios máximos de venta por más de 2,1 billones de pesos y cerca de 14,28 billones de pesos sin claridad sobre su uso y destinación. Todos estos hallazgos se encuentran en la actualidad en los anaqueles de la impunidad. Estos hechos no son errores aislados. Expresan fallas estructurales de control, trazabilidad y transparencia sobre recursos públicos de la salud de los colombianos. Por eso la resistencia a la reforma es tan intensa. Lo que estaba en juego era trasladar el centro de decisión financiera desde actores que han manejado estos recursos de manera privada y opaca como intermediarios, hacia mecanismos de rectoría pública, auditoría, transparencia y control social. La salud no puede seguir siendo un circuito opaco de dinero público administrado bajo lógicas privadas y corruptas, mientras pacientes esperan medicamentos, hospitales acumulan deudas y territorios enteros permanecen sin servicios suficientes. 3. La disputa política, mediática e institucional alrededor de la reforma Desde el inicio, la reforma enfrentó una resistencia política, económica y mediática sin precedentes. No porque el país desconociera la existencia de una crisis estructural, sino porque la propuesta tocaba intereses profundamente consolidados alrededor del manejo de los recursos públicos de la salud. Muy pronto quedó claro que el debate no sería técnico. Era una disputa por el poder dentro del sistema. A pesar de ello, impulsamos uno de los procesos de deliberación más amplios que haya tenido una reforma social en los últimos años. Hubo audiencias públicas, mesas técnicas, debates territoriales, acuerdos con partidos políticos y modificaciones sustanciales al articulado. La primera versión fue aprobada en la Cámara de Representantes el 5 de diciembre de 2023 y posteriormente archivada en la Comisión Séptima del Senado el 3 de abril de 2024. La segunda versión fue radicada el 13 de septiembre de 2024, aprobada en primer debate el 18 de noviembre de 2024 y en segundo debate el 6 de marzo de 2025. Sin embargo, en la misma comisión séptima del Senado se enfrentó nuevamente a prórrogas, aplazamientos y dilaciones que terminaron en su archivo el 16 de diciembre de 2025. En paralelo, se instaló una narrativa pública orientada a responsabilizar exclusivamente al Gobierno de la crisis del sistema, y a expresar falsamente que la reforma no se aprobaba por falta de concertación del gobierno con el Congreso. Se dijo que no existía aval fiscal, que el sistema se había quebrado por decisiones recientes, que la UPC era insuficiente y que la reforma pretendía estatizar completamente la salud. Estas afirmaciones ocultaban hechos esenciales. La reforma radicada en septiembre de 2024 contó con concepto fiscal favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con análisis posteriores de impacto fiscal. Además, las cifras muestran que el sector recibió uno de los mayores incrementos presupuestales de su historia. Todo el relato que se plantea hasta el día de hoy para justificar el hundimiento de la reforma, es completamente falso. La discusión sobre la UPC la llevaron a un relato que hoy no tiene sustento en ningún informe de las propias EPS, ni de los organismos de control, en el que supuestamente la UPC es insuficiente, la UPC el monto anual que gira el Estado para la atención de cada ciudadano. Es inocultable que los recursos crecieron de forma sustancial mientras persistieron deudas, barreras de acceso, iliquidez y opacidad. Insistir en que todo se explica por falta de dinero es una forma de evadir la pregunta central: quién administró esos recursos, con qué resultados y dónde están los 14, 2 billones que la propia Contraloría General de la República, afirma que se giraron a las EPS y no se conoce su destino. También se dijo que la reforma eliminaba toda participación privada. Falso. La propuesta no excluye a prestadores privados ni plantea suprimir de manera absoluta a las EPS. Propone transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, reorganizar sus funciones, limitar la intermediación financiera (manejo privado y opaco de recursos públicos) y construir un sistema basado en redes territoriales, Atención Primaria en Salud y mayor control público sobre los recursos. Lo que generó resistencia no fue la prestación privada de servicios, sino la pérdida del poder de ordenar el dinero público sin suficiente trazabilidad. El bloqueo institucional, las campañas de miedo y las narrativas de desinformación demostraron que la reforma no era un simple ajuste administrativo. Expresaron la resistencia de sectores políticos y económicos frente a una transformación que cuestionaba la estructura de poder construida históricamente alrededor del sistema de salud colombiano. La salud fue convertida en un campo de disputa mediática porque allí se juega no solo la atención de los pacientes, sino el control de un enorme flujo de recursos públicos, recursos sobre los que existen denuncias por presunta corrupción billonaria que compromete a sectores políticos ligadas a la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. 4. El horizonte de transformación del sistema de salud La reforma no se plantea únicamente como una respuesta a problemas administrativos o coyunturales de financiamiento. Su propósito central es impulsar una transformación estructural del sistema sanitario colombiano alrededor de un principio fundamental: la salud debe organizarse en función de la vida y de las necesidades de las personas, no alrededor de la enfermedad como unidad de negocio. Uno de los pilares centrales es la Atención Primaria en Salud como estrategia organizadora del sistema. Esto implica superar el modelo fragmentado y hospitalocéntrico, enfocado en atender tardíamente la enfermedad, para avanzar hacia un sistema basado en prevención, promoción de la salud, cuidado integral, gestión del riesgo y presencia territorial permanente. Los Centros de Atención Primaria en Salud se proyectan como una herramienta para acercar servicios a comunidades urbanas, rurales y dispersas, especialmente en territorios históricamente excluidos. La propuesta también reorganiza el sistema alrededor de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, articulando prestadores públicos, privados y mixtos bajo criterios de complementariedad, planeación territorial y necesidades reales de la población. El propósito es garantizar continuidad, resolutividad y coordinación entre niveles de complejidad, superando la fragmentación de redes cerradas definidas principalmente por intereses de negocios. Otro componente esencial es la dignificación del talento humano en salud. Durante décadas, miles de trabajadores han sostenido el sistema bajo condiciones de precarización, tercerización e inestabilidad. La reforma propone un régimen laboral especial para el sector, fortalecimiento de derechos laborales, incentivos para zonas rurales y de difícil acceso, programas de bienestar y salud mental, ampliación de cupos de formación y becas para profesionales y especialistas. No puede haber sistema digno si quienes cuidan la vida trabajan en condiciones indignas. Finalmente, la transformación requiere transparencia y control efectivo sobre los recursos públicos. Por eso la propuesta mantiene la ADRES como pagador único, fortalece la interoperabilidad de la información, incorpora auditorías, sistemas de seguimiento del gasto, mecanismos de saneamiento financiero para hospitales públicos y reglas de transición para las EPS que se transformen en Gestoras de Salud y Vida. El horizonte es un sistema donde cada peso público pueda ser rastreado y evaluado según su aporte a resultados en salud y garantía de derechos. 5. La salud como disputa histórica El debate sobre la reforma dejó en evidencia que Colombia ya no discute únicamente ajustes administrativos al sistema sanitario. Lo que entró en disputa fue el modelo mismo alrededor del cual se organiza el derecho a la salud, el papel del Estado en la garantía de derechos fundamentales y el control sobre uno de los mayores presupuestos públicos del país. Por eso la confrontación alrededor de la reforma no puede entenderse como una diferencia técnica entre expertos: expresa una disputa histórica sobre el sentido de la salud en Colombia y desnuda el régimen de corrupción institucionalizado normativamente, permitiendo que los recursos públicos rueden sin control. La reforma abre una posibilidad histórica: reorganizar el sistema alrededor de la Atención Primaria en Salud, las redes territoriales, el fortalecimiento hospitalario, la dignificación de un millón de trabajadores y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También pone sobre la mesa una discusión que durante años fue evitada: la necesidad de recuperar capacidad pública de rectoría y garantizar que los recursos de la salud respondan al interés general y no a dinámicas de captura oscurantista y opaca para manejar dichos recursos . Aun con bloqueos, archivos y campañas de desinformación, el debate ya produjo una transformación irreversible en la sociedad colombiana. Millones de personas comenzaron a preguntarse cómo funciona realmente el sistema, quién controla los recursos, por qué persisten las barreras de acceso y cuál debe ser el papel del Estado en la garantía del derecho fundamental a la salud. Esa conciencia pública es parte de la transformación democrática que el país necesita. La reforma del sistema de salud seguirá siendo una necesidad histórica para Colombia. Continuará este debate en el Congreso de la República. En el contexto electoral, llama poderosamente la atención los conceptos controversiales, emitidos por la Contraloría General de la República respecto a las EPS intervenidas, y del Consejo de Estado respecto a la anualidad de la UPC. En mi próximo escrito me propongo controvertir de fondo estos enfoques, que generan confusión en el sector, en un momento de sensibilidad electoral. La reforma a la salud debe ser discutida y aprobada por el próximo Congreso de la República, dado que contiene las soluciones de fondo a las diversas aristas de la crisis estructural que acumula tres décadas. Carolina Corcho Mejía, Exministra de Salud y Protección Social, Ex pre candidata Presidencial, Senadora electa de la República por el Pacto Histórico

@vcalvot El problema del control es que la auditoria de las cuentas de salud la hace el mimo que ordena los gastos ,EPS o Gestora. Esa es una auditoria del "yo con yo" que no garantiza imparcialidad . Esa es en buena medida la causa de la corrupcion

Andres, cuando los pagos son recurrentes, pagar una parte y retener otra hasta la auditoria completa con la competencia de descontar en el próximo giro las diferencias que resulten no es nada fuera de lo común, es más se acerca mucho a la racionalidad del pago prospectivo que aplica a la UPC que de cara a los prestadores nunca se cumple. En la misma reforma se definía una auditoria al auditor (gestor) practicada por la ADRES, si la gestora no lo hacia adecuadamente era sancionada y bajo riesgo de revisar todo su trabajo anterior; con las herramientas tecnológicas que ya existen y que por cierto están arrojando resultados que tanto les preocupa y que tarde o temprano pagaran por ellos. Siguen buscándole pelos al huevo para hablar tonterías.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

🗳️🇨🇴 "Vamos a declarar una emergencia humanitaria, aplicando un estado de excepción que trae la Constitución. Es una emergencia económica, pero yo la voy a llamar emergencia humanitaria en salud". Mauricio Lizcano (@mauriciolizcano) habla sobre la salud en Colombia en #TiempoDeProponer. Vea la entrevista completa con Andrés Mompotes (@amompotes ), director de EL TIEMPO, en nuestro canal de YouTube.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

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RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

@DOmarsalud @CGR_Colombia Y en ocasiones encuentran algo, le avisan al financiero de la EPS, este rehace documentos y normaliza la irregularidad. Incluso desde la misma EPS rehacen facturas de IPS con fechas anteriores y hasta las sellan y aquí no ha pasado nada.

Mucha responsabilidad cae directamente en la @CGR_Colombia por haber permitido por años la autodestrucción de esas EPS, su función Contralora ha sido laxa, básica e ineficaz, el solo hecho de haber permitido desde 2014 el incumplimiento del decreto 2702 es una evidencia clara de ello.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Se critica a todos los interventores actuales y no se dice nada sobre el caso Coomeva con Felipe Negret como INTERVENTOR, que no solo fue interventor y no la salvó sino que fue nombrado liquidador. se fue debiendo como $1.2 billones y Coomeva quedó con Cooperativa, Banco, Prepagada, IPS cristus que luego vendieron y así quien sabe cuantos negocios más.. Su paso por el ISS, ARL Positiva, el holding de Coomeva ... Intimo de Alejandro Gaviria, promotor de Grosso y amiguisimo de Mario Uran

PETRO PROPONE REFORMAR LA REFORMA DE SALUD ASI : "El control de costos de la salud lo haría las auditorías de las EPS contratadas por ADRESS, de acuerdo a un tarifario de medicinas e intervenciones de salud, que solo puede ser por eventos si existe el tarifario". Pero lastima que la reforma radicada en el Congreso propone que la auditoria de cuentas estara contratada por las "gestoras de Salud" o sea auditoria de "yo con yo" que no sirve para nada. Si la contrata Adres estara mejor y es lo que proponemos.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Me dijeron que ya la habían llamado. No era cierto. No vamos a esperar más tragedias. Quiero una Supersalud que no descanse y EPS que sepan que yo no descanso.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Que doloroso. Un abrazo solidario a @ClaudiaLopez y @AngelicaLozanoC. No conocía este episodio. Por la relación directa que tuve con la ciudad en ese momento de manejo de la pandemia sé de primera mano que Claudia y su equipo hicieron todo lo posible y lo imposible por responder a la pandemia. Los sacrificios personales de las mujeres en la vida pública son de niveles que muchas veces cuesta imaginar.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Nueva EPS sella alianza con cuatro grandes gestores farmacéuticos para normalizar el suministro de medicamentos 📲Más detalles haciendo clic en la imagen. ⬇️ elheraldo.co/colombia/2026/…

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Supuestamente intervinieron para asegurar mejor servicio a los pacientes Esto nunca sucedió En cambio, muchos, si se favorecieron con contratos, salarios, por supuesto, tomando el control del sector salud

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Su gobierno debe responder, Quintero. SOS EPS lleva intervenida desde 2024 y los resultados han sido desastrosos y hay ruido de corrupción. Es el gobierno asesino e indolente el que tiene que cambiar.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

#URGENTE🚨 Doloroso e inhumano. ¿Hasta cuándo los más vulnerables, quienes por ley deberían ser protegidos, seguirán pagando las consecuencias de esta crisis inducida? La vulneración al derecho fundamental a la salud y a la vida no puede seguir normalizándose. Honorable @CConstitucional, el país necesita acciones contundentes y urgentes. @Supersalud @MinSaludCol @GA_Jaramillo, @Eps_Sos está administrada por el Gobierno. No jueguen con la vida de los pacientes. 🚨

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

La crisis del sistema de salud no se resuelve con consignas ni promesas. Exige decisiones difíciles que reconozcan límites, ordenen prioridades y alineen incentivos. Gobernar en salud implica aceptar que no todo puede financiarse ni garantizarse. elcolombiano.com/opinion/column…

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Buena noticia: La EPS ha resuelto cumplir la ley y darle el alimento que pedía la madre para su hijo. Muchos niños por su estado no pueden comer comida tradicional y se alimentan a través de sondas. Si no tiene este alimento empieza a perder peso de forma inmediata. Vamos a garantizar que este niño reciba su alimento de forma cumplida. Vamos a investigar y a compulsar copias a los demás entes de control. Sin embargo, se necesitan cambios de fondo… Colombia… la ley 100 enriquece a clanes políticos y banqueros mientras enferma y mata a miles de pacientes cada año. Se necesita de reforma urgente…un nuevo sistema de salud.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

¿Viste el balance de Coosalud al momento de la intervención?, yo si, y estaba completamente raspada y en bancarrota, y con un nivel de manipulación financiera sin precedentes, hay varios post míos desde el 2023 denunciando esas atrocidades. No voy a negar que probablemente algunos interventores hayan sido corruptos, así como también varios son personas honestas y honorables que pusieron todo de sí para manejar esos frankestein. También esos cambios constantes de interventores han hecho muchas daño. Las intervenciones existen por los malos manejos e incompetencia de los dueños y administradores de las EPS, pero en Colombia se convirtieron en costumbre a tal nivel que el 80% de todas las EPS que se fundaron en 30 años han sido intervenidas y liquidadas.

El efecto tsunami: por qué cada intervención parece un fracaso Hay un patrón que se repite consistentemente en las grandes intervenciones del sector salud colombiano desde Saludcoop hasta hoy, pasando por Cafesalud, Medimás, Caprecom y, más recientemente, Nueva EPS, Sanitas, Coosalud y Famisanar. Antes de la intervención, los reportes muestran entidades con dificultades manejables. Después de la intervención, los hallazgos cuantifican deterioro masivo: pasivos que crecen exponencialmente, patrimonio que se desploma, indicadores que se hunden. La lectura mediática inmediata es siempre la misma: “la intervención destruyó a la EPS”. La conclusión política se vende sola: “la solución es menos Estado, no más Estado”. Pero esa lectura presupone algo que la contabilidad no soporta: que el deterioro empieza con la intervención. La realidad es exactamente la contraria. La intervención no genera el deterioro; lo revela. El deterioro ya existía, oculto, acumulándose por años, sostenido por reportes contables que no se cruzaban con la realidad económica subyacente. Una EPS no intervenida tiene incentivos estructurales para reportar lo mejor posible. Subestima IBNR porque su cálculo es estadístico y discrecional. Mantiene activos a valor en libros aunque su valor recuperable sea inferior. No reconoce deudas hasta que el proveedor las exige formalmente. Glosa facturas en el extremo del rigor jurídicamente sostenible. Difiere reconocimiento de litigios. Estructura operaciones con vinculados que mejoran ratios sin generar valor económico real. Todo eso ocurre dentro de los márgenes que la flexibilidad contable permite. No es necesariamente fraude; es gestión agresiva del reporte. Cuando llega el interventor, ese margen desaparece. El interventor tiene la obligación legal y reputacional opuesta: tiene que constituir provisiones por todo lo razonablemente probable, valorar activos al menor entre costo y valor recuperable, reconocer deudas pendientes incluso si están en disputa, recalcular IBNR con criterios actuariales conservadores, registrar contingencias jurídicas. La revelación contable se invierte 180 grados: pasa de optimizar imagen a expresar realidad económica. El efecto numérico es exactamente el que el público observa y malinterpreta: pasivos que crecen, patrimonio que cae, indicadores que se hunden. Pero no es destrucción de valor; es contabilización de una destrucción de valor que ya había ocurrido. Un tsunami no se forma cuando golpea la costa. Se forma kilómetros mar adentro, durante minutos u horas en que la energía se acumula sin manifestarse en superficie. Cuando finalmente llega la ola, lo que aterra a quienes la ven no es la energía nueva: es la energía acumulada que de pronto se hace visible. La superficie del mar se veía tranquila cinco minutos antes. La metáfora es exacta. Años de deterioro encubierto se reconocen contablemente en meses. La velocidad aparente del colapso es una ilusión óptica producida por el cambio del régimen de reporte. El colapso real es lento; el reconocimiento es rápido. Y la trampa argumentativa que esto habilita es perversa: cada intervención produce el mismo patrón contable, cada patrón se usa para deslegitimar la siguiente intervención, y la siguiente intervención llega más tarde, cuando el daño acumulado es aún mayor, lo que produce un colapso aparente todavía más espectacular, lo que refuerza el argumento original. El círculo se cierra solo. Mientras menos se intervienen las EPS, más se acumula daño oculto. Cuando finalmente se interviene, el daño aparece de golpe. Y ese aparecer de golpe se usa para argumentar que no había que intervenir. Es una trampa diseñada estructuralmente para impedir cualquier corrección.

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

🚨Hoy, es urgente el #ConversatorioSaludYa . Agradecemos a los candidatos presidenciales @sergio_fajardo , @PalomaValenciaL , @ClaudiaLopez y @RoyBarreras por aceptar esta cita con los pacientes y el sector salud. ❌Mientras tanto, @DELAESPRIELLAE y @IvanCepedaCast aún no confirman su participación ante una crisis que exige acciones urgentes y compromisos reales. 🚨La salud no da espera. Cali alza su voz en una #MovilizaciónPorLaVida, ante una crisis humanitaria que no da espera. Pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y cirugías pendientes siguen sufriendo la interrupción de tratamientos vitales mientras lamentablemente #MuerenPacientes. #SaludEnLaAgendaPresidencial. 🇨🇴

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

Denis Silva, de Pacientes Colombia, expresó su preocupación por la ausencia de varios candidatos presidenciales en el debate sobre salud. “Incertidumbre, incertidumbre, porque los punteros no están y para nosotros, candidatos que no escuchan al sector de la salud son presidentes que se van a dedicar a contar los muertos de la crisis”, afirmó. Además, señaló que los asistentes quedaron desilusionados por la falta de participación de algunos aspirantes y reiteró que el sector seguirá insistiendo en la necesidad de construir soluciones colectivas alrededor del derecho a la salud. #VocesySonidos

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

El #MinSalud, Dr. @GA_Jaramillo, defendió la estrategia de equipos básicos de salud y aseguró que no se trata de un modelo nuevo, sino de una política contemplada en la Ley 1438 de 2011, mediante la cual se fortaleció la Atención Primaria en Salud. “Nosotros no nos inventamos los equipos básicos. Lo que hicimos fue poner en práctica una ley de prevención de la enfermedad y promoción de la salud”, afirmó. Anunció que este año llegarán al municipio Equipos Básicos de Salud con especialistas. “Queremos que haya pediatras, ginecólogos, internistas y psiquiatras llegando directamente a los territorios”, señaló. Asimismo, reiteró los avances en infraestructura hospitalaria y puestos de salud en sectores como La Cooperativa, Puerto Limón y Puerto Santander, asegurando que los proyectos continuarán avanzando para mejorar el acceso a servicios médicos en la región. El jefe de cartera recorrió el Hospital local primer nivel ESE Fuente de Oro, junto con la gerente, Diana Bayona y la alcaldesa, Ana Shirley González por espacios como vacunación, consultorios, sala de partos, entre otros y señaló que el hospital de Fuente de Oro necesita de manera prioritaria un ecógrafo, además de adecuaciones en su infraestructura. #ConDignidadCumplimos

RAZON PUBLICA La salud en los programas de los candidatos Por Iván Jaramillo Compartir: 📷 📷 📷 📷 📷 La salud pasó a ser la principal preocupación de los votantes. Sin embargo, las propuestas de los candidatos mezclan improvisación, desconocimiento técnico y evasivas sobre el dinero, la corrupción y el control del sistema. ¿Qué esperan electores del próximo presidente? El Centro Nacional de Consultoría publicó el 3 de mayo una encuesta sobre preferencias electorales y aprovechó para preguntar cuál era “el principal problema que tienen los colombianos”. La corrupción ocupó el primer lugar con el 38% de las respuestas, seguida por la salud con el 26%. Después aparecieron la seguridad y el avance de los grupos criminales con el 19%. El dato cambia cuando la pregunta se refiere a las prioridades del próximo gobierno. En ese caso, “el sistema de salud” pasó al primer lugar con el 37% de las respuestas, mientras la corrupción cayó al segundo puesto con el 21%. Más abajo quedaron la lucha contra las organizaciones criminales con el 14%, la educación con el 8% y el empleo con el 6%. La revista Cambio, patrocinadora de la encuesta, resumió así el resultado: “Es la primera vez en años que un mismo tema se mantiene, mes tras mes, en lo más alto de la preocupación nacional. El país lleva meses enviando el mismo mensaje. La pregunta es si las campañas están oyendo”. La conclusión parece evidente: la salud se convirtió en la mayor preocupación de los posibles votantes. Y aunque este fue el programa bandera del gobierno Petro —que termina con una imagen favorable cercana al 49,3%—, también acabó siendo su mayor fracaso, asociado además con numerosos escándalos de corrupción. ¿Qué propone Paloma Valencia? Como casi todos los candidatos, Paloma Valencia plantea un plan de choque para los primeros cien días de gobierno. Promete resolver el desabastecimiento de medicamentos y evacuar diez millones de atenciones represadas, cien mil de ellas en zonas rurales. Pero no explica de dónde saldrán los nueve billones de pesos que costaría el programa, incluidos tres billones para medicamentos. Entre sus novedades aparece la creación de un puesto de mando unificado ubicado en la Presidencia y un sistema de “titularización” para cubrir las deudas de las EPS con las IPS por seis billones de pesos. El problema es que no aclara quién emitiría los títulos ni quién respondería por ellos. ¿Los avalarían las EPS o el Ministerio de Salud? Tampoco queda claro quién estaría dispuesto a comprarlos. La candidata propone además ajustar la Unidad de Pago por Capitación según las necesidades individuales de cada paciente. Eso implicaría diseñar millones de UPC diferentes o miles de planes distintos, como ocurrió en Chile después de la reforma neoliberal de los años setenta. La idea revela poco conocimiento sobre el funcionamiento de las primas, la compensación y la lógica solidaria del aseguramiento colombiano. Valencia también habla de “hospitales padrinos”, que en la práctica no serían muy distintos de los hospitales regionales ya existentes. Estos centros tendrían equipos especializados apoyados en telemedicina e inteligencia artificial para visitar familias campesinas. La propuesta recuerda los equipos básicos del actual gobierno, aunque revestidos de nuevas tecnologías. En todo caso, la candidata defiende el sistema mixto público-privado, promete conservar las EPS y mejorar las condiciones laborales del personal médico. El problema es que sus propuestas exigen más recursos sin explicar de dónde saldrán ni cómo se reducirá la corrupción y la ineficiencia. Tampoco plantea cambios serios en los sistemas de auditoría y control. ¿Qué camino tomaría Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella define la situación actual como una “crisis humanitaria”. Habla de fallas graves en el acceso, menciona 2.436 muertes asociadas con falta de atención durante 2025 y denuncia el colapso en la entrega de medicamentos. Según su diagnóstico, el 90% de los pacientes presenta quejas y cerca de 25 millones de afiliados pertenecen a EPS intervenidas. El candidato cuestiona además la judicialización del sistema, las más de 312.000 tutelas y la deuda superior a 24 billones de pesos con prestadores y proveedores. Pero tampoco precisa quién es responsable de esas obligaciones ni cómo piensa pagarlas. Su plan de choque copia varios puntos de la propuesta de Paloma Valencia: diez billones de pesos para resolver medicamentos y represamientos, esta vez en noventa días. Y, como ocurre con los demás candidatos, tampoco explica de dónde saldrán los recursos. La propuesta gira alrededor del rescate financiero de las EPS y del fortalecimiento de las alianzas público-privadas. De la Espriella rechaza tanto la reforma de Petro como la ponencia alternativa de la oposición en el Congreso. Quiere EPS con mayor liquidez y más control administrativo, y propone mejorar la auditoría sobre el cálculo y uso de la UPC. En materia de control, su propuesta es más sólida que la de Paloma Valencia porque al menos reconoce el problema de la auditoría. Pero conserva un defecto central: el control seguiría en manos de los mismos ordenadores del gasto. En otras palabras, persistiría la auditoría de “yo con yo”, que vuelve ineficaz cualquier vigilancia seria. Además, ignora la importancia de los giros directos de la ADRES a las IPS, uno de los pocos avances recientes para mejorar la liquidez del sistema. Su propuesta termina siendo regresiva porque podría empeorar el flujo oportuno de recursos. ¿Qué plantea Iván Cepeda? La propuesta de Iván Cepeda representa la continuidad del modelo impulsado por el Pacto Histórico. Sin embargo, evita reconocer los errores del actual gobierno y tampoco reivindica sus pocos logros. Cepeda critica la Ley 100 porque, según él, convirtió la salud en un negocio y dejó al Estado pagando mientras los privados mandan. Acusa a las EPS de actuar por incentivos económicos y de ser responsables de las dificultades en medicamentos, citas y tratamientos. Al igual que sus rivales de derecha, propone un plan de choque de cien días para garantizar medicamentos y evacuar millones de citas represadas. Entre sus medidas aparece la compra centralizada de medicamentos, aunque esta fórmula suele favorecer la corrupción, dificulta la logística y empeora el manejo de inventarios. Su modelo refuerza el papel rector del Estado, pero mantiene al sector privado como proveedor y prestador de servicios. No aclara si liquidaría las EPS o las transformaría en “gestoras de salud”, como proponía la reforma derrotada en el Congreso. Cepeda reivindica además la atención primaria y los equipos básicos de salud impulsados por Petro, especialmente en territorios excluidos. Pero tampoco explica cómo resolverá el fracaso de las EPS intervenidas ni cómo evitará que el manejo público reproduzca los mismos problemas de corrupción e ineficiencia. El candidato insiste en combatir la corrupción mediante una “comisión de la verdad” sobre el desvío de recursos de la salud. Sin embargo, conserva el mismo error de los demás aspirantes: mantener la auditoría y el control en manos de quienes administran el gasto. Conclusiones – Los candidatos parecen desconectados de las prioridades reales de los votantes reflejadas en las encuestas. – Las propuestas muestran un conocimiento limitado sobre el funcionamiento técnico del sistema de salud. – Todos plantean planes de choque, pero ninguno explica de manera convincente cómo financiarlos. – Ningún candidato propone una reforma seria de los sistemas de auditoría y control para combatir la corrupción, el despilfarro y el desvío de recursos. – Nadie discute a fondo el futuro de las EPS: su reorganización territorial, su eventual liquidación o la posibilidad de inhabilitaciones parciales. – Todos defienden la prevención y la atención primaria, aunque pocos reconocen que estas políticas exigen altas inversiones iniciales. – Todos mantienen el respaldo al sistema mixto público-privado, aunque con distintos grados de intervención estatal. Le recomendamos: Intermediación y fallas institucionales: una lectura del sistema de salud en Colombia Acerca del autor 📷 Iván Jaramillo * Magister en Administración Pública del CIDE (México), director administrativo de la Asamblea Constituyente, secretario general del Fondo Nacional Hospitalario, coordinador del Programa de Consolidación del Sistema Nacional de Salud, docente universitario y consultor internacional.

🚨 Señores candidatos presidenciales, es urgente el #ConversatorioSaludYa. Este abandono no se puede normalizar en nuestro país. Hoy una familia tuvo que encadenarse para exigir el traslado de una adulta mayor, mientras millones de pacientes siguen enfrentando barreras, retrasos y la interrupción de tratamientos vitales. Colombia necesita propuestas serias, compromiso y responsabilidad con la salud. Debemos pensar muy bien por quién votar para evitar más #MuerenPacientes. No más “shu shu shu” 🇨🇴 @PalomaValenciaL @sergio_fajardo @ClaudiaLopez @RoyBarreras @DELAESPRIELLAE @IvanCepedaCast