Eduardo Bohórquez M.

Ay, Gustavo, 4 años y no pudo aprender de las finanzas públicas. Pagaron un crédito adquirido por el Estado colombiano en las mejores condiciones con el FMI para enfrentar una pandemia en momentos de crisis global. imf.org/es/news/articl… Usted, por el contrario, le deja a las generaciones futuras el déficit fiscal más alto del siglo, un costo de la deuda que es el doble de lo que costaba en 2022 y la credibilidad fiscal del país por el piso. larepublica.co/economia/the-e… PD: ¿A cuánto están emitiendo deuda hoy?

Alberto Carrasquilla habla de "sustos fiscales". Colombia ya vivió el suyo. Alberto Carrasquilla tiene una analogía favorita. Dice que Colombia necesita un pequeño susto fiscal — como el fumador que sufre un ataque de asma y por fin entiende que tiene un problema mayor. Lo dice con la serenidad del técnico que lleva décadas mirando la economía del país desde las alturas del poder. Lo que Carrasquilla no dice es lo que los registros públicos, los Papeles de Panamá y la investigación periodística (@DCoronell) documentaron con nombre, empresa, tasa de interés y número de municipios: que él mismo fue parte de uno de los sustos fiscales más silenciosos y costosos de la historia reciente de Colombia. Los hechos están en los registros. Todo comenzó cuando Carrasquilla ocupó por primera vez la cartera de Hacienda entre 2003 y 2007. Una reforma constitucional impulsada por él evolucionó en una ley aprobada en 2007, cuando ya no estaba en el gobierno. Esa ley les permitió a los municipios pignorar sus ingresos futuros destinados a agua y saneamiento básico — empeñar recursos del futuro para recibir dinero hoy, pagando una tasa de interés a un intermediario. Dos meses después de aprobada esa ley, Carrasquilla se asoció con Andrés Flórez — quien había sido su director general de Regulación Financiera en el Ministerio — y juntos crearon Konfigura Capital. La empresa que asesoró exactamente el tipo de operación que la ley que él impulsó había hecho posible. Los números son precisos. En la operación se colocaron bonos por 400.000 millones de pesos. A los prestamistas les pagaron UVR más 8%. A los municipios les cobraron UVR más 11%. Ese 3% de diferencia quedó en manos de Konfigura y sus socios: aproximadamente 14.000 millones de pesos anuales durante cinco años. El resultado: 117 municipios de Colombia endeudados a 20 años, con una deuda que no podía pagarse anticipadamente. Solo 30 de los 117 municipios lograron terminar sus obras de agua y saneamiento. Siete años después, el gobierno tuvo que declarar el final de los bonos y enviar a Findeter a rescatar a esos municipios de sus deudas. Con dinero público. El mismo que los contribuyentes aportan al Estado que Carrasquilla administró. Cuando el presidente Duque lo nombró nuevamente ministro de Hacienda en 2018, Carrasquilla transfirió sus acciones de Konfigura a Lía Heenan — quien había sido presidenta de la Central de Inversiones del Ministerio de Hacienda durante su gestión — ocho días después de ser nombrado. Sin pago. Sin mayor explicación. En los documentos mercantiles siguieron figurando como miembros de la junta directiva de Konfigura el ministro Carrasquilla y su esposa, Clara Parra Beltrán, quien en ese momento era consejera del presidente Duque para el sector privado. Carrasquilla dice que Colombia necesita un pequeño susto fiscal para despertar. Los 117 municipios que empeñaron sus acueductos y alcantarillados durante dos décadas ya tuvieron ese susto. Sus comunidades lo pagaron con agua que no llegó y deudas que el Estado tuvo que rescatar. Cuando un hombre que diseñó el mecanismo, creó la empresa que lo operó y cobró por ello habla de la necesidad de asustar a Colombia para que reaccione — la pregunta que Colombia tiene derecho a hacer es sencilla: ¿a quién le conviene el susto? Colombia merece más que eso.