Cevallos Hoppe Juan

Hoy, la Asamblea Nacional aprobó la Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta ley golpea la planificación de nuestras ciudades, atándonos a decisiones del pasado que impedirían que hagamos cambios en la planificación y el uso de suelo. ¿Qué implica la aprobación de este ley? 1. Si un municipio actualiza su planificación territorial, para promover el desarrollo y seguridad, podría tener problemas para hacerlo, debido a que los constructores, por ejemplo, tendrían un derecho a perpetuidad que obligaría a los municipios a pagar indemnizaciones con dinero público. 2. Abre la puerta a urbanizar el suelo rural sin control, poniendo en riesgo zonas agrícolas y productivas. 3. De manera inconstitucional, promueve que la SOT emita licencias sobre el uso de suelo, lo cual, es contrario a la Constitución porque esto es competencia exclusiva de los GAD municipales. En resumen, con esta reforma primarán los intereses inmobiliarios de unos cuantos, por encima del desarrollo ordenando de nuestras ciudades.

‼️ ATENCIÓN: OTRA LEY CONTRA LOS GAD, PRINCIPALMENTE CONTRA LOS MUNICIPIOS Y EN BENEFICIO DE UNOS POCOS. Si la Asamblea Nacional vota a favor de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), se convertirá en el legislativo más lesivo contra los gobiernos locales. Una legislatura que ha dado la espalda a los territorios, que no los escucha y que no hace públicos los debates de su interés. Solo a esta Asamblea se le ocurre hacer reformas a la ley de uso y gestión del suelo sin la opinión de las alcaldías. La reforma que quieren aprobar no es una mejora técnica. Por el contrario, parece estar pensada para viabilizar proyectos inmobiliarios puntuales y, en el futuro, puede ser utilizada para beneficiar intereses particulares por sobre el derecho a la ciudad y su planificación. Hay muchos y terribles ejemplos en ciudades del país de cuando el apetito inmobiliario definió el uso del suelo. Son las ciudades y sus ciudadanos los que deben definir qué uso le dan a uno de sus activos más importantes. Aquí algunas de las peores partes de la reforma de ley: 1. Abre la puerta a que sean los intereses particulares los que marquen el uso del suelo. Cada vez que un GAD actualice su planificación territorial, podría verse obligado a indemnizar a privados por supuestos “derechos perpetuos”. 2. Permite convertir el suelo rural en urbano sin ninguna planificación, “por fuerza mayor” o “cuando lo decida la Superintendencia de Ordenamiento Territorial”. 3. DE MANERA INCONSTITUCIONAL EXTRALIMITAN EL CONCEPTO DE LAS SUPERINTENDENCIAS y le facultan a la SOT a emitir títulos habilitantes y licencias sobre el uso de suelo. Esto es una barbaridad: las superintendencias son órganos técnicos de control, no les corresponde definir el uso del suelo. 4. Le permiten a la SOT imponer sanciones desproporcionadas a los GAD, multas de hasta el 3% de su asignación presupuestaria anual. Para tener una idea, a una ciudad como Quito le podrían multar por un valor SUPERIOR A LOS 11 MILLONES DE DÓLARES. Y hay que ver qué pasa en el debate porque algunos eran favorables a que la SOT destituya a autoridades electas. No faltará un iluminado que proponga que a la proscripción política y el adelanto de elecciones se sume la capacidad de remover autoridades locales por parte de la SOT. Desde el retorno a la democracia todos los gobiernos han buscado ampliar la descentralización, pero el proyecto político de ADN representa un retroceso histórico para la autonomía territorial y la descentralización político-administrativa. ¡Ojalá haya fuerzas políticas y asambleístas sensatos que se den cuenta de lo que podrían votar!