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La reverencia de la Corte Constitucional al estatismo en el sector eléctrico, con una interpretación excesivamente restrictiva del art 316 de la Constitución, cierra el camino para nuevas concesiones privadas por “necesidades de interés público, colectivo o general”, precisamente cuando más se requiere de inversión privada. No es sólida la argumentación en la sentencia 112-21-IN/25 que declaró inconstitucional el numeral 1 del art 25 de la Ley Eléctrica (LOSPEE).
La distinción entre delegación ordinaria y excepcional de las actividades eléctricas al sector privado, la realiza la CC a partir de una abstracción, sin fundamento en la realidad.
La calificación del interés público, colectivo o general, como conceptos indeterminados imposibles de ser utilizados para sustentar cualquier excepcionalidad, realizada por la CC, es subjetiva.
No existe discusión sobre la situación jurídica de las actuales concesiones, por cuanto la declaratoria de la CC tiene efectos hacia lo futuro. Lo grave es que para nuevas concesiones sea necesaria una disposición legal expresa que se incline ante el muro de la excepcionalidad apuntalado por la actual CC, que no ha dejado de idolatrar el perverso estatismo de Montecristi
Es deplorable que la CC, con interpretaciones a la carta, reduzca el horizonte del Ecuador a la inversión privada en el sector eléctrico, hasta que se expida una nueva norma legal.
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