⚖️Libre designación⚖️

«la legitimidad de la actuación de una potestad discrecional no deriva sin más de su naturaleza discrecional sino de la racionalidad de su contenido» STS de 11 de junio de 1991 [ECLI:ES:TS:1991:15438]

🇪🇸 La reciente protesta por el acceso a la vivienda en Madrid vuelve a situar a España en el foco de la atención internacional. La cuestión ha dejado de ser exclusivamente social para adquirir una dimensión jurídico-política de primer orden. La presión sobre los alquileres, la expansión de la vivienda turística, la insuficiencia del parque público residencial y los límites de la intervención normativa plantean un interrogante fundamental: hasta qué punto puede —y debe— actuar el poder público para garantizar un acceso efectivo a la vivienda sin comprometer el equilibrio y el funcionamiento del mercado. apnews.com/article/4faabc…

🇪🇸 La protesta en Madrid contra Pedro Sánchez muestra cómo la corrupción —investigada, alegada o políticamente explotada— se ha convertido en el eje de la confrontación institucional. En democracia, la calle es un cauce legítimo de expresión; el problema aparece cuando la desconfianza hacia el Gobierno se transforma en desconfianza estructural hacia el sistema. reuters.com/world/tens-tho…

🇪🇸 La colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en la investigación sobre Zapatero añade una dimensión internacional al caso. La noticia ya no se limita al control penal interno de eventuales redes de influencia: proyecta el asunto hacia la cooperación judicial y policial transnacional, con impacto directo en la percepción exterior de la calidad institucional española. reuters.com/world/americas…

La investigación penal abierta a José Luis Rodríguez Zapatero sitúa a España en una zona institucional delicada: no se trata solo de un caso de presunto tráfico de influencias y blanqueo vinculado al rescate de Plus Ultra, sino de la primera investigación formal a un expresidente del Gobierno desde la Transición. La clave estará en separar responsabilidad penal, responsabilidad política y utilización partidista del proceso. reuters.com/world/europe/f…

España quiere reforzar su papel como laboratorio europeo de regulación digital. Las nuevas normas sobre inteligencia artificial y redes sociales plantean una cuestión de fondo: si el poder público puede imponer límites efectivos a las grandes plataformas cuando están en juego menores, algoritmos opacos, contenidos ilícitos y responsabilidad empresarial. No es solo tecnología; es Estado de Derecho en entorno digital. reuters.com/legal/litigati…

¿Puede el Estado disparar para detener a quien huye? Los estándares internacionales responden que no. El uso letal de la fuerza sólo es admisible para proteger vidas frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas son exigencias del Estado de Derecho. 📄 amnesty.nl/content/upload… Amnistía Internacional. (2016). Uso de la fuerza: Directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (versión corta). Amnistía Internacional.

El narcotráfico ya no aprovecha la estrechez del Estrecho: ha ensanchado su campo de actuación. Narcolanchas más rápidas, autónomas y tecnificadas obligan a replantear la respuesta pública. La clave no es solo disponer de más medios, sino integrar información, coordinación interdepartamental e IA aplicada a la vigilancia marítima. La Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024 apunta en esa dirección: conocimiento compartido del entorno marítimo, interoperabilidad y acción estatal unificada frente a amenazas transnacionales. Garat González, J. (2024). La «estrechez» del Estrecho. Narcotráfico en el Estrecho: capacidades de la Armada. Revista General de Marina, diciembre 2024. #SeguridadMarítima #Narcotráfico #Armada #EstrechoDeGibraltar

Pregunta del día (25/05/26): ¿debería autorizarse a la Guardia Civil a disparar contra las narcolanchas? Noticia de Rosalina @rosalina_mb okdiario.com/espana/general…

¿Por qué los jueces deben motivar sus decisiones? Porque la motivación es la principal garantía frente a la arbitrariedad. Una resolución judicial no se legitima por la autoridad de quien la dicta, sino por la calidad y racionalidad de las razones que la sostienen. Como señala Igartua Salaverría, la exigencia de motivación permite controlar la corrección jurídica del razonamiento, protege el derecho de defensa y hace posible la revisión jurisdiccional de las decisiones. La justicia no solo debe decidir; debe convencer mediante razones. 📚 Igartua Salaverría, J. (2017). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra Editores.

La STSJ Castilla y León nº 212/2026, de 24 de febrero, revoca la sentencia que avalaba la libre designación de la Vicesecretaría de la Diputación de Burgos. La Sala recuerda que la libre designación es una excepción de interpretación estricta y no basta enumerar funciones ni invocar genéricamente dirección, confianza o responsabilidad. Debe demostrarse que el puesto posee una auténtica autonomía directiva y una especial responsabilidad que hagan inadecuado el concurso. Si las funciones se ejercen por delegación, sustitución o bajo supervisión jerárquica, desaparece el presupuesto que justifica acudir a este sistema excepcional. La Administración debe acreditar, caso por caso, por qué el mérito y la capacidad no bastan para cubrir el puesto. STSJ Castilla y León n.º 212/2026, de 24 de febrero (rec. 272/2025) [ECLI:ES:TSJCL:2026:777].

Doctrina aplicable sobre el contenido de la motivación del cese en puestos de libre designación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha superado la antigua concepción según la cual bastaba, para cesar en puestos de libre designación, con invocar la competencia del órgano decisor o la mera pérdida de confianza. La doctrina vigente exige exteriorizar una razón inteligible, concreta, conectada con el puesto o con la idoneidad profesional del titular, y susceptible de control judicial. La STS n.º 1198/2019, de 19 de septiembre, (rec. 2740/2017) [ECLI:ES:TS:2019:2798], declaró que la motivación del cese debe ir más allá de la mera competencia para adoptarlo, de tal forma que al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren, o, si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. Añadió que la Administración debe evitar expresiones opacas, estandarizadas o que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. La STS n.º 712/2020, de 9 de junio, (rec. 1195/2018) [ECLI:ES:TS:2020:1806], y la STS n.º 919/2020, de 2 de julio, (rec. 2053/2018)[ECLI:ES:TS:2020:2210], consolidaron la misma línea sosteniendo que el cese puede ser discrecional, pero la Administración debe exteriorizar una motivación real, vinculada a elementos objetivos y revisable en cuanto a su existencia, realidad y racionalidad. La STS n.º 499/2021, de 12 de abril, (rec. 6840/2018) [ECLI:ES:TS:2021:1370] abundó sobre el contenido del deber de motivación en los ceses de libre designación en el sentido de que debe expresarse que las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren, o, si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. No sirven expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento. La STS n.º 530/2021, de 20 de abril, (rec. 7137/2018)[ECLI:ES:TS:2021:1396], insistió en que no basta con un déficit formal de motivación. Si no concurren las circunstancias objetivas que justifican la decisión de cese, falta el presupuesto de hecho que habilita la consecuencia jurídica. En tal supuesto no procede una mera retroacción para motivar mejor, sino la anulación del cese por infracción sustantiva del ordenamiento jurídico. La STS n.º 723/2021, de 24 de mayo, (rec. 2453/2018) [ECLI:ES:TS:2021:2044], afirmó que, aunque el funcionario de carrera no tiene un derecho incondicionado a permanecer en un puesto de libre designación, sí tiene interés legítimo a no ser privado de él al margen de las previsiones legales y a que se le expliquen las razones de su cese de modo que pueda combatirlas. Esas razones no pueden consistir en el mero criterio del titular del órgano competente ni en el hecho de que sea sustituido por otro; han de tener un fundamento material objetivo vinculado al puesto o subjetivo ligado al desempeño, suficiente para determinar perceptiblemente la inidoneidad sobrevenida. La STS n.º 748/2021, de 27 de mayo, (rec. 6186/2019) [ECLI:ES:TS:2021:2226], y la STS n.º 756/2021, de 31 de mayo, (rec. 1703/2019)[ECLI:ES:TS:2021:2232], mantienen que la pérdida de confianza profesional no puede afirmarse en abstracto, sino que debe ser reconocible a partir de circunstancias objetivas y conectadas con el servicio. La STS n.º 424/2023, de 29 de marzo, (rec. 8411/2021) [ECLI:ES:TS:2023:1019], reitera que la motivación no debe ser vaga, imprecisa o rituaria, y que debe dar razón de por qué la confianza profesional que motivó el nombramiento ha decaído y por qué ya no se reúnen las condiciones para desempeñar el destino atendiendo a sus requerimientos. Asimismo, reitera que cabe el control jurisdiccional de la certeza de los hechos alegados para sostener la pérdida sobrevenida de idoneidad. Finalmente, por ahora, la STS n.º 1929/2024, de 5 de diciembre, (rec. 4673/2022) [ECLI:ES:TS:2024:5935], recuerda con especial claridad que la pérdida de confianza que justifica el cese de un funcionario de un puesto provisto por libre designación no es otra que la relativa a su capacidad profesional, esto es, a la idoneidad que, por motivos de capacidad y mérito, requiere el desempeño del puesto; que tal pérdida debe explicarse con claridad, precisión y datos concretos; y que el control judicial se extiende a los hechos determinantes.

La Asociación de Fiscales lleva a Estrasburgo el fallo del Constitucional que avala los 'dedazos' en la cúpula fiscal elmundo.es/espana/2026/05…

¿Puede existir una verdadera motivación sin comparación entre candidatos? Juan Igartua cuestiona la doctrina jurisprudencial que rechaza la comparación en los nombramientos discrecionales y sostiene que la motivación no es solo un requisito formal: exige una justificación sustancial, racional y controlable. Sin comparación, advierte, difícilmente puede explicarse por qué un candidato es «más idóneo» que otro. Una lectura imprescindible para el debate sobre discrecionalidad, mérito y control jurisdiccional. Igartua Salaverría, J. (2024). Una endeble cultura teórico-jurídica en la jurisprudencia sobre la «motivación» de los nombramientos discrecionales. Revista Vasca de Administración Pública, (128-I), 89-124. doi.org/10.47623/ivap-…

Espero, y deseo, que algún día deje de ser así. Algo tendremos que seguir haciendo para que cambie, aunque incluso pase por la despolitización de las más altas instancias judiciales. Votos particulares por doquier ponen de manifiesto la fractura en el seno de la propia sala tercera, y en el propio TC. ¿nos vamos a conformar consintiendo que quien debe velar por la igualdad, la justicia, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, entre mucho más, acabe conculcando todo ello con resoluciones que incluso se contradicen internamente? Algunos ilusos aún seguimos aspirando a ello.

@libredesignacio Ni calarán, la vagancia argumentativa es el sino de muchas sentencias.

La investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ya ocupa espacio destacado en la prensa internacional. Reuters sitúa el caso entre los factores que han alimentado la gran protesta celebrada ayer en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 📰 reuters.com/world/tens-tho… #Zapatero #PlusUltra #España #Corrupción #Reuters

Juan Igartua es uno de los mejores referentes en estas materias y un auténtico maestro. Desde hace muchos años sigo de cerca su trabajo, en el que disputa al TS y al CGPJ su forma de valoración de los nombramientos discrecionales. Lástima que aún -espero que aún- no hayan calado suficientemente sus tesis, que comparto casi por entero. Pocos me producen tanto respeto y admiración intelectual como Juan. Nicolás Maurandi o Vicente Conde se alinean con sus tesis, en gran medida.

@libredesignacio Ya solo por este libro, lectura de una sentencia, debiera ser leído Igartua Salaverría por quien quiera a prender el cómo se argumentan los hechos.

Para afirmar que un cese concreto —como el de una jueza de enlace o un responsable policial— es ilegal o responde a una finalidad espuria habría que analizar el acto de cese, su motivación y las circunstancias del caso. La mera rapidez del cese o la existencia de controversias políticas no permite concluir jurídicamente, por sí sola, que exista desviación de poder o una actuación dirigida a impedir investigaciones. La sentencia comentada rechaza apreciar desviación de poder cuando no existen pruebas suficientes de que el fin real del acto sea distinto del legalmente previsto.

@libredesignacio Vale Y no se puede aplicar esto a esa jueza de enlace q han purgado? O al jefe de la UDEF q tb han cesado enseguida, porque no ha sabido “controlar” lo suficiente a su equipo? Están desmantelando todas las unidades,para q no se investigue su corrupción Es vergonzoso

La STSJ Madrid n.º 235/2026, de 6 de abril (rec. 1982/2022) [ECLI:ES:TSJM:2026:4327] anula el cese de la Canciller de la Embajada de España en Bruselas y ordena su restitución con todos los efectos administrativos y económicos. La Sala recuerda que el cese en puestos de libre designación no puede apoyarse en fórmulas vacías como la pérdida de idoneidad o de confianza. La Administración debe explicar con claridad, precisión y datos concretos por qué el funcionario ha dejado de reunir las condiciones profesionales que justificaron su nombramiento. Sin motivación material suficiente, el cese es nulo y procede la reposición en el puesto.

¿Puede la Administración negarse a entregar el informe que motivó un nombramiento por libre designación? La jurisprudencia responde cada vez con mayor claridad: no. El Tribunal Supremo ha afirmado que la libre designación no dispensa de motivar y que el informe emitido por el órgano proponente constituye un elemento esencial para comprobar que la decisión respeta los principios de mérito, capacidad, igualdad e interdicción de la arbitrariedad (STS de 30 de septiembre de 2009, rec. 28/2006; STS de 3 de diciembre de 2012, rec. 339/2012). El informe debe identificar los criterios de interés general aplicados, los méritos considerados relevantes y las razones por las que la persona designada resulta preferible a los demás aspirantes. La Audiencia Nacional ha declarado además que el derecho a obtener copia de los documentos del expediente no se satisface con una mera puesta de manifiesto o consulta presencial, sino que comprende la entrega efectiva de las copias solicitadas (SAN de 2 de febrero de 2010, rec. 150/2006; SAN de 14 de octubre de 2010, rec. 1307/2010). La denegación puede generar indefensión material y determinar la nulidad del acto administrativo. En la misma línea, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución 182/2018, de 25 de junio, afirmó que quien ostenta la condición de interesado tiene derecho a acceder a la documentación obrante en el expediente para verificar la limpieza e imparcialidad del procedimiento. Tampoco la protección de datos puede utilizarse para impedir el control de la actuación administrativa cuando están en juego los principios de publicidad, transparencia, mérito y capacidad. La transparencia no limita la discrecionalidad legítima; la hace controlable.

¿Cómo impugnar de manera eficaz un nombramiento por libre designación? La respuesta comienza con una actuación fundamental: obtener copia del informe de nombramiento. Aliaga (2020) recuerda que la discrecionalidad administrativa no exime de la obligación de motivar las decisiones. El informe previsto en la normativa reguladora de la provisión de puestos constituye el documento que debe reflejar los criterios de interés general aplicados, la comparación efectiva entre los candidatos y las razones por las que la persona designada acredita méritos y capacidades superiores. Sin dicho documento, resulta imposible verificar si la decisión responde a una valoración objetiva o a una mera apariencia de motivación. La jurisprudencia ha evolucionado desde una concepción prácticamente inmune de la libre designación hacia un control cada vez más riguroso de la motivación, la transparencia y la comparación efectiva de méritos. Aliaga Rodríguez, R. (2020). Obtención de copia del informe de nombramiento de libre designación. Actualidad Administrativa, 10. Artículo: diariolaley.laleynext.es/Content/Docume…

«Grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y necesito, al menos, creer en mi protesta. La primera y única evidencia que me es dada así, dentro de la experiencia del absurdo, es la rebeldía. [...] «las cosas han durado demasiado», «hasta ahora, sí; en adelante, no». ALBERT CAMUS, 1951