Marcial Serrano

Por una Democracia saludable. Como ya he comentado alguna que otra vez, la corrupción es poliédrica, tiene muchas caras algunas de ellas muy sibilinas como el hecho de presentar querellas para acallar a los disidentes, eso si, con dinero de otros, y con la única pretensión de generar un efecto miedo o inhibidor contra las voces criticas. Este efecto disuasorio, tiene implicaciones profundas en una sociedad democrática. Cuando los ciudadanos perciben que criticar a una institución puede derivar en una querella financiada con recursos ilimitados —es decir, con una capacidad jurídica y económica muy superior a la de un individuo “normal”—, se genera un clima de miedo e inseguridad que hace plantearse al querellado muchas cosas. No es necesario que todas las acciones legales prosperen o terminen en condena: el simple hecho de enfrentarse a un proceso judicial largo, costoso y emocionalmente desgastante puede ser suficiente para disuadir a muchas personas de ejercer su derecho a la libre expresión. Este fenómeno afecta de manera especial a periodistas, activistas, investigadores policiales y ciudadanos comprometidos con la rendición de cuentas. La posibilidad de ser objeto de acciones legales promovidas desde el poder institucional puede llevar a la autocensura, limitando la investigación, la denuncia pública y el debate crítico. A largo plazo, esto empobrece el espacio público, reduce la pluralidad de voces y debilita los mecanismos informales de control democrático. Además, cuando estas prácticas se normalizan (y ellos tienen los recursos y los medios para normalizarlas) se envía un mensaje preocupante: que el poder puede utilizarse no solo para gobernar una institución, sino también para protegerse contra la crítica. Esto distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados, entre altos directivos de cualquier Federación deportiva, etc… y los que pueden estar sometidos a arbitrariedades e injusticias por estos directivos, sustituyendo el diálogo y la transparencia por la intimidación y el recurso al aparato jurídico. En lugar de fomentar una ciudadanía activa y participativa, se promueve una cultura de silencio y conformismo, incompatible con los valores fundamentales de una democracia saludable. Esta claro que autocensurarse por miedo a “meterte en problemas judiciales” con el coste legal, económico y emocional que esto conlleva para un ciudadano “normal” no es la solución aunque crea que por esta maniobra poco ética están siendo vulnerados sus derechos. En lugar de una censura directa —como prohibir explícitamente una opinión—, este efecto desaliento actúa de forma indirecta: crea un entorno amenazante en el que la gente prefiere no ejercer sus derechos fundamentales para evitar riesgos, y no hace falta que las querellas prosperen (incluso con una sentencia favorable), no…, el solo hecho de enfrentarse a un proceso judicial y el estrés que genera ya actúa como un efecto disuasorio a favor de los corruptos. Por tanto, no hace falta prohibir hablar: basta con que hablar salga lo suficientemente caro o arriesgado para que la gente “normal” deje de hacerlo.

Ha comenzado la campaña electoral en la FCF. La corrupción no siempre adopta las formas tan indecentes como las que estamos viendo en los medios estos días. Existen prácticas más sutiles, pero igualmente indecentes, que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Una de ellas es el uso de recursos públicos para financiar querellas o acciones legales que responden a intereses privados o particulares. En un Estado de derecho, las instituciones tienen la responsabilidad de gestionar los recursos económicos con criterios de legalidad, transparencia y servicio al interés general. Una parte del dinero de la FCF es público (parte de la Generalitat y parte de la RFEF que al mismo tiempo recibe del Estado) y por tanto proviene una parte de los impuestos de la ciudadanía, y otra mucho mas importante proviene de los clubs de futbol de Cataluña y por ello su destino debe estar siempre justificado en función del bien común de los clubs. Sin embargo, cuando una institución decide emplear esos recursos para iniciar acciones judiciales que no buscan proteger el interés de los clubs, sino defender posiciones individuales, reputaciones personales o intereses políticos concretos, se produce una desviación grave de poder. Este tipo de práctica puede manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, cuando altos cargos de la Federación utilizan los servicios jurídicos de la institución para interponer querellas contra periodistas, adversarios políticos o ciudadanos críticos, sin que exista un perjuicio real para la administración. También podría ocurrir cuando se contratasen abogados externos o detectives privados con fondos de los clubs para litigar asuntos que afectan exclusivamente a la esfera privada de determinados responsables. El problema central radica en la confusión entre lo público y lo privado. Las instituciones no son extensiones de las personas que las dirigen, ni pueden convertirse en herramientas para dirimir conflictos personales. Cuando esto sucede, se rompe el principio de imparcialidad y se compromete la integridad del sistema democrático. Además, esta forma de corrupción tiene efectos especialmente dañinos. Por un lado, implica un uso indebido de recursos que podrían destinarse a servicios realmente necesarios para los clubs. Por otro, y NO MENOS IMPORTANTE, intenta generar un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y la participación ciudadana, ya que el poder institucional se utiliza para intimidar o silenciar voces críticas. Desde el punto de vista jurídico, estas conductas pueden encajar en figuras como la malversación de caudales públicos o la prevaricación, dependiendo del contexto y de la intencionalidad. No obstante, más allá de su tipificación penal, existe una dimensión ética ineludible: el deber de los responsables de instituciones como la FCF de actuar con integridad y respeto hacia la ciudadanía. Para prevenir estas prácticas, es fundamental reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas. La transparencia en el uso de los recursos, la supervisión independiente de los gastos legales y la existencia de normas claras que delimiten cuándo una institución puede ejercer acciones judiciales son elementos clave. Asimismo, la cultura política y de gobierno de instituciones debe evolucionar hacia una mayor exigencia ética, donde el abuso de poder, por pequeño que parezca, no sea tolerado. En definitiva, el uso de dinero de otros para financiar querellas privadas no es una cuestión menor ni un simple exceso puntual. Es una forma de corrupción que, aunque menos visible, socava los fundamentos del sistema democrático y exige una respuesta firme tanto desde el ámbito legal como desde la conciencia cívica.

Bonet, candidato bajo sospecha rumbo a las urnas: la ética en entredicho. Leo con estupefacción en el articulo de César Alcalá que el Sr. Bonet pretende postularse a la candidatura de la FCF a pesar de todo y siento vergüenza ajena. No se trata solo de si el Sr. Bonet puede o no presentarse, si no de si debe hacerlo. La representación en las instituciones exige estándares más altos que los mínimos legales y más cuando estas instituciones están directamente relacionadas con la educación de nuestros hijos y su formación como personas. Quien está siendo o ha sido investigado por corrupción debería apartarse hasta aclarar su situación y no olvidemos ni perdamos de vista que el Sr. Bonet esta pendiente de una resolución judicial por uno de los casos de corrupción más graves de la historia del futbol, donde él es una de las piezas clave. El hecho de si legalmente puede o no presentarse, no es el debate o al menos no es mi debate, lo que si lo es, es como el agotamiento social permite y acepta que la responsabilidad política no vaya más allá de lo estrictamente legal. Presentarse a elecciones estando investigado por corrupción es un acto de desprecio hacia la democracia y a la confianza de los ciudadanos. Las instituciones aunque sean privadas no pueden convertirse en refugio de quienes están bajo sospecha por corrupción. Aunque la ley permita su candidatura, la ética pública debería impedir que alguien investigado aspire a representar a la ciudadanía. La ejemplaridad no es una opción, es una cualidad personal y un modelo digno de imitación para los demás, a parte de una obligación ética. Por tanto Sr. Bonet, recordarle que la democracia no se defiende solo en los tribunales, hay otros caminos pero han de ser de una forma decente. Permitir que personajes como Ud. que están bajo investigación por presunta corrupción encabecen candidaturas “fake”, es una forma de normalizar prácticas que han dañado gravemente nuestras instituciones durante muchos años. El mundo del futbol y las familias que lo forman merecen representantes libres de cualquier sombra de duda, y Ud. hoy por hoy sigue estando a la sombra de Soteras y de Calle.