Marcos Suárez Banciella

-El FGE sabe lo que significa que un investigado destruya pruebas porque es fiscal. -El FGE sabe porqué y cuándo los acusados en un juicio sólo responden a su defensa porque es fiscal. - El resto milongas y "relato" que es lo que le importa a García Ortiz...

El victimismo de Ábalos -"soy carne de meme"- encaja muy bien con el de quienes aludieron a la "persecución mediática y judicial" desde las más altas instancias del Gobierno cuando comenzaron a ver peligrar lo suyo. La memoria democrática a partir de ahora debería consistir en recordar a quienes defendieron a esta tropa y a quienes atacaron a jueces y periodistas por hacer su trabajo. El destrozo que han propiciado es enorme. Enorme.

El problema de la vivienda en España no son los jubilados, no son los inmigrantes y no, tampoco es lo que llamas "rentismo". Incluso en un escenario extremo en el que se reasignara la propiedad de todas las viviendas en alquiler a sus actuales inquilinos, la situación estructural no cambiaría: los 2,2 millones de jóvenes entre 25 y 35 años no emancipados todavía tendrían que seguir viviendo con sus padres, los 500.000 inmigrantes que llegan a España cada año no tendrían nuevas viviendas donde establecerse, y los que se ven obligados a compartir vivienda con extraños estarían en la misma situación. El verdadero desequilibrio está en la incapacidad de la oferta para crecer al mismo ritmo que la demanda. Es, en esencia, un problema de escasez. Y no, el diagnóstico no es ideológico, sino económico. Las soluciones, también las que parten desde una perspectiva progresista, implican orientar las políticas públicas a ampliar la oferta de forma sostenida y accesible. Esto requiere, en primer lugar, agilizar los procesos urbanísticos y aumentar la disponibilidad de suelo finalista, reduciendo cuellos de botella administrativos que encarecen y retrasan la construcción. En segundo lugar, implicaría impulsar de manera decidida un parque de vivienda pública y asequible en alquiler, gestionado con criterios de eficiencia y estabilidad a largo plazo, que actúe como complemento (no sustituto) de la oferta privada. Sí, también es necesaria la colaboración público-privada si se articula con seguridad jurídica y reglas claras, alineando incentivos para movilizar inversión hacia vivienda asequible. ¿Hay viviendas vacías? Busquémoslas bien, cataloguémoslas, contactemos con sus propietarios y ofrezcamos palo-zanahoria para disponibilizar aquellas que puedan cubrir las necesidades de la demanda. También desde la perspectiva progresista, cualquier intervención sobre precios o condiciones del alquiler debería diseñarse de forma que no desincentive la entrada de nueva oferta ni deteriore el stock existente, evitando efectos contraproducentes sobre la disponibilidad de vivienda. Sobre el resto del hilo, por muy largo que sea, nada va a ocultar la falta de rigor metodológico que se le debería exigir a dos informes que van firmados por el CSIC y su comunicación sesgada, y que no nos acercan (más bien nos alejan) a lo único que importa, que es buscar soluciones reales al problema de asequibilidad de la vivienda en España. A mí los arrendadores me dan igual, no soy defensor ni 'gurú' de ninguno: los habrá más o menos egoístas, los habrá que se aprovechen y los habrá que alcancen acuerdos razonables con sus inquilinos. La política pública no debe centrarse en juzgar comportamientos individuales, sino en diseñar incentivos adecuados. Y a mí lo que me importa, sobre todo, son los jóvenes que no pueden emanciparse, los que retrasan decisiones vitales por falta de acceso a la vivienda o los que se ven obligados a compartir en condiciones lamentables.

Lo que responde a un interés concreto del Psoe - cuyos ministros y militantes son juzgados en el juicio- es romper la línea de colaboración con la Justicia del confeso Aldama para tapar la hemorragia de porquería que tienen encima…(casos financiación irregular, amaño de contratos, hidrocarburos,etc) Por eso la FGE ha ordenado al que conoce la causa que no pida la atenuante. Es una manipulación para tontos y creyentes!

Mentiroso. Le abristeis un expediente y tardasteis 16 meses en expulsarlo del PSOE.

Esta noticia no ayuda a confiar en que el sistema de pensiones sea sostenible. Años estirando más la manga que el brazo.

La función pública es el único sector de la galaxia laboral donde digitalizar, robotizar o automatizar tareas no conlleva prescindir de un solo trabajador. Y, de hecho, supone contratar más. Es que te partes. 🙃

Gafe.

🔴 COMUNICADO DEL DR. MARIANO BARBACID. «Durante las últimas semanas vengo siendo objeto de una campaña mediática de insidias sin fundamento que pretende vincular mi proyecto de llevar a ensayos clínicos una triple terapia contra el cáncer de páncreas con un ánimo espurio de enriquecimiento a través de la empresa Vega Oncotargets. Nada más lejos de la realidad. Como es sabido, los avances en esta investigación serán posibles gracias al compromiso de miles de ciudadanos que han aportado más de tres millones y medio de euros a través de un bizum establecido para este propósito por la Fundación CRIS contra el Cáncer el pasado mes de febrero. Precisamente para evitar que estas insinuaciones sin fundamento puedan afectar a su puesta en marcha y a su posterior desarrollo, he decidido desvincularme por completo de Vega Oncotargets devolviendo a dicha empresa todas mis acciones, valoradas en 750 euros, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, independientemente de su nulo valor. Por ello, apelo a la responsabilidad de los medios de comunicación que han difundido estos infundios que sean conscientes que los principales perjudicados por esta infame campaña son los enfermos de cáncer de páncreas, al generarse una injusta desconfianza sobre la investigación de un tratamiento que está ofreciendo resultados muy esperanzadores a nivel preclínico y que por culpa de ésta y otras campañas similares aún no ha podido ponerse en marcha, retrasando de esta forma su posible entrada en ensayos clínicos».

¿Habla en serio?

La prioridad del gobierno parece que no es España.

Aterrador

El cohete

8 años de políticas que no funcionan y siguen echando la culpa a todos menos a ellos. Persistentes en el error.

Bravo por María y los que han escogido Familia.

El señor García Ortiz considera que los fiscales elegidos por gobiernos conservadores (Consuelo Madrigal,Maza, Torres Dulce) no preservaban el principio de legalidad. Lo dice él, que es el único que ha sido condenado por haber cometido un delito en el ejercicio de sus funciones

¿Con su DNI o con el de otro?

Esto es lo que cuesta al mes contratar a un empleado del hogar pagando el SMI (€1.221/mes x 14 pagas o €1.424,50 x 12 pagas), a jornada completa (pagas extras prorrateadas) 🔴 Sueldo mensual: €1.424,50 🟣 Cotizaciones SS: €540,60 🔴 Cotizaciones empleador: €449,43 🟡 Cotizaciones empleado: €91,17 🔴 Coste total mensual empleador: €1.873,93 🔴 Coste total anual empleador: €22.487,16 De los €22.487,16 que salen del bolsillo del empleador, el Gobierno se incauta €6.487,20 (= €540,60 x 12), lo que supone una carga fiscal del 28,8%. Y estamos hablando del SMI, ese sueldo al que tanto gusta a los propagandistas de la cosa recordar que no paga impuestos (léase, IRPF). ¿Cuántas familias españolas pueden destinar casi €22.500 al año a tener un empleado del hogar a jornada completa? Muy pocas. Sin embargo, esto no va a implicar la desaparición de las empleadas del hogar en aquellas familias que requieran asistencia doméstica. A lo que aboca es al fraude: contratos a jornada completa disfrazados de contratos a jornada parcial o por horas; o, directamente, contratos en negro. Y ésta es la realidad del empleo del hogar en España. Los datos de cotizaciones están extraídos de la calculadora de cuotas de empleo del hogar de la web de la SS, por si alguien los quiere verificar (portal.seg-social.gob.es/wps/portal/imp…)

Se sienten por encima de todo. Inmunes a cualquier obligación o responsabilidad. La mediocridad política es absoluta.

"Papá, ¿Por qué los jóvenes huyen de la izquierda en España?" Si todavía en big 2026 te sorprende el reciente viraje de una parte importante de los jóvenes hacia opciones políticas de derecha rupturista, te propongo un ejercicio. Deja de lado por un momento las teorías sobre los algoritmos de las redes sociales y lee el reciente artículo de María Eugenia Rodríguez Palop (Sumar, 56 años) publicado en El País. En él, la política y académica sostiene que la brecha intergeneracional es poco más que un mito. Una "cantinela perturbadora", dice, con un enfoque "más parecido al que usan la astrología o los horóscopos" que a la ciencia. Llega incluso a cuestionar que la precarización y la crisis de vivienda de los jóvenes tengan una base empírica, y sugiere que el malestar nace de la "envidia" o de expectativas poco realistas (me cago en la leche, Merche). Este texto es, imagino que involuntariamente, la autopsia perfecta (sin segundas) de una desconexión. Tienes a una izquierda institucional (por muy a la izquierda que se autositúe) que ha decidido sustituir el análisis de economía política por moralina, negando la realidad material de la generación que, teóricamente, debería defender. Vamos a intentar analizar, con los datos en mano, por qué la brecha intergeneracional no es "astrología" como dice, sino una profunda asimetría institucional. 1) El efecto cicatriz. Agrupar el análisis económico por generaciones no es un capricho esotérico; es algo básico. Por ejemplo, en economía laboral existe un consenso muy sólido sobre lo que llamamos el "efecto cicatriz". Las condiciones macroeconómicas que te encuentras cuando entras al mercado laboral determinan estructuralmente tu trayectoria salarial y tu capacidad de ahorro durante toda tu vida. El artículo de Palop afirma textualmente que "no se puede confirmar la tesis, pretendidamente empírica, de que nuestros antepasados 'vivían mejor', ni siquiera reduciéndola esqueléticamente al acceso a la vivienda y el trabajo estable". Esta afirmación es, siendo rigurosos, insostenible. Si vamos a la recientemente actualizada Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, vemos que la riqueza neta de los hogares encabezados por menores de 35 años se ha desplomado en las últimas dos décadas. En paralelo, la de los mayores de 65 ha crecido de forma sostenida. Si miramos la vivienda, en los años ochenta necesitabas el equivalente a 3 o 4 años de tu salario bruto íntegro para comprar una casa. Hoy, esa cifra supera los 8 años de media, y se dispara a niveles asfixiantes en las grandes ciudades. La propiedad de vivienda en caída libre, la emancipación cayendo en picado... Decirle a una generación que destina más de la mitad de su sueldo a alquilar una habitación que su pérdida de poder adquisitivo es una ilusión no es progresista; es simplemente negar la realidad. 2) Insiders contra outsiders Para justificar la situación, la autora señala entes abstractos, afirmando que el mercado laboral está sobredeterminado "por el capitalismo cognitivo" (LOL), que convierte al trabajador en "un paquete de tiempo, un nodo sin continuidad biográfica" (reLOL). Esto diluye convenientemente quién toma realmente las decisiones. Pero el problema de fondo tiene nombres mucho más técnicos y aburridos: regulaciones restrictivas y asimetría institucional. En España tenemos un mercado diseñado para proteger a los insiders (los que ya están dentro del sistema y tienen patrimonio, mayoritariamente cohortes de mayor edad) a costa de levantar un muro para los outsiders (los jóvenes que intentan entrar). Esto no es nuevo ni responsabilidad exclusiva de este gobierno; lleva siendo así décadas. En la vivienda, por ejemplo, la crisis es el resultado de leyes del suelo rígidas y normativas urbanísticas que restringen la oferta. Esto encarece los precios y beneficia directamente a quienes ya son propietarios. En el Estado del Bienestar ocurre algo similar. Nuestro sistema de pensiones y de gasto público, sostenido a base de deuda, funciona en la práctica como una gigantesca transferencia de rentas. Una base de trabajadores jóvenes cada vez más estrecha, sujeta a temporalidad y a una fuerte y creciente presión fiscal a su trabajo, sostiene un modelo diseñado para blindar el poder adquisitivo del votante mediano (que es cada vez mayor). Y la creciente deuda pública no son más que diferimientos de pago que tendrán que pagar... las nuevas generaciones. 3) La moralización de la economía Como ella misma se da cuenta de que no puede rebatir desequilibrios tan contundentes, a mitad del artículo mete un giro espectacular: lleva el debate sobre políticas públicas, que es de lo que trata esto, al terreno de los afectos familiares. Dice que la justicia intergeneracional es moralmente exigible por las "plusvalías afectivas de las que hemos disfrutado sin haberlas merecido" (qué manía tiene esta gente con las plusvalías), y que, en consecuencia, estamos "obligados a ayudar también a unos malos padres". Mezclar la política fiscal y regulatoria con el amor a tus padres es una trampa argumental peligrosa. La solidaridad intrafamiliar es maravillosa en el ámbito privado, pero no justifica un diseño regresivo en el ámbito público, que es de lo que va esto. Que tú, joven, quieras cuidar a tus padres no significa que debas aceptar felizmente que el Estado confisque o demore tu capacidad de emancipación para subvencionar a un segmento demográfico que es más rico, tiene mayor renta, en su mayoría es propietario de vivienda, y como consecuencia, tiene la tasa de riesgo de pobreza más baja de todas las cohortes de edad. 4) Desafección: lo lógico Al final la autora empieza a reconocer que esta erosión de certezas vitales puede empujar a los jóvenes hacia respuestas autoritarias. Pero falla estrepitosamente a la hora de entender el porqué (y así estamos). Si los jóvenes están dando la espalda a la política tradicional no es porque hayan dejado de creer en los servicios públicos. Es una contestación previsible frente a un sistema que minimiza su asfixia material. Cuando desde la tribuna institucional te dicen que tu incapacidad crónica para independizarte o formar una familia es una "cantinela" envidiosa, cuando el establishment te exige las obligaciones fiscales de un modelo nórdico pero te ofrece la seguridad laboral del sur de Europa, están abonando el terreno para el voto de castigo. Las opciones alternativas, más antisistema, prosperan ahí donde la política oficial, parapetada tras una demografía envejecida, decide que la mejor forma de solucionar la fractura generacional es negar que existe.