Mónica Velásquez@MoniVelasquezV
Fiscalía está ocultando información.
Los actores del caso Progen operaron con prácticas propias de las mafias: poder, presión, silencio y protección.
Mientras el país vivía apagones y millones de ecuatorianos sufrían cortes de luz, detrás del discurso de la “emergencia” se firmaban contratos millonarios irregulares.
La Fiscalía investiga un peculado con un perjuicio superior a los 100 millones de dólares para el Estado. Generadores que no funcionaban, pagos excesivos, contratos truchos y nombres de altos funcionarios forman parte del Caso Apagón. Pero no todos están siendo investigados.
Lo más grave es que la fiscal María Luzmila Lluglla recibió denuncias, pruebas, videos y fotografías sobre quiénes dieron las órdenes. Sin embargo, esa documentación quedó fuera del expediente.
Ahora, como represalia, investigan a operadores de menor rango que, según las denuncias, fueron amenazados de muerte y obligados a firmar documentos.
Esto deja en evidencia cómo un gobierno, en medio de una crisis nacional y mientras millones de ciudadanos sufrían las consecuencias de los cortes de energía eléctrica, permitió que la emergencia se convirtiera en un negocio.
Y cuando el poder utiliza el Estado para beneficiar intereses particulares, estamos frente a un sistema capaz de jugar con la vida, la desesperación y el sufrimiento de los ecuatorianos.