
Un terrorífico abismo sin fin, así se ven las hilachas de lo que queda de democracia en Ecuador. Lo describo en resumen, pues si contamos toda la historia no acabamos: La Revolución Ciudadana, el mayor movimiento político del país, fue proscrita. Las elecciones seccionales de febrero de 2027 se adelantaron a noviembre de 2026, a pesar de que la ley establece que las elecciones deben realizarse el mismo año de posesión de las nuevas autoridades. Ahora sancionan y suspenden a AMIGO, lista 16, movimiento que, de manera valiente, abrió sus puertas para que las y los candidatos de la Revolución Ciudadana pudieran participar y para que la ciudadanía no perdiera su derecho político a elegir. Esta sería la quinta vez, en nueve años, que las y los militantes de la Revolución Ciudadana nos vemos obligados a tener otro número y otro membrete político, a pesar de que nuestro ideario no ha cambiado. Fuimos lista 35, luego 5, luego 1, luego otra vez 5 y ahora seríamos 16. ¿Acaso esto no es una clara muestra de persecución y de vulneración de nuestros derechos políticos? En línea paralela, son ya nueve años en que las instituciones del Estado han sido funcionalizadas para perseguir y hostigar a adversarios políticos, mientras varios medios de comunicación asesinan a diario la reputación de políticos progresistas o de quienes resultan incómodos para el poder. Por lo dicho, lo que está ocurriendo en la política nacional debe indignarnos como país. Ya no se trata de una persona o de un partido político. Se trata de nuestra democracia, del Estado de Derecho y del derecho que tiene cada ecuatoriana y ecuatoriano a elegir libremente. Para el caso de Quito, la ciudad a la que represento, esto significa una afectación directa al derecho de su población a elegir a sus autoridades. Todo el hostigamiento y la persecución de la que he sido objeto ya no es una agresión solo contra mí. Es un golpe contra quienes me eligieron y contra quienes quisieran volver a confiar en nuestro proyecto de ciudad. Esto también debe preocupar a quienes no comparten nuestras ideas. Porque cuando se limita la participación de una organización política, lo que está en juego no es únicamente el futuro de esa organización: está en juego el derecho de toda la ciudadanía a decidir entre todas las opciones y a que nadie le imponga quién puede y quién no puede participar. En lo personal y como organización buscaremos todas las formas democráticas y legales que permitan defender el derecho político de la gente a elegir. Pero el desafío de hoy no es personal; es colectivo. Es deber de toda persona demócrata, sin importar su ideología, defender las bases mínimas de nuestra democracia. Defender a Quito, Luz de América, también es defender la libertad de sus habitantes para decidir su futuro. Y ese derecho merece ser protegido por todos, más allá de cualquier diferencia política.





















