Felipe Lecueder retweetledi
En el plebiscito de 2024, la ciudadanía rechazó con contundencia -más del 60%- una propuesta que incluía la eliminación de las AFAP, aun cuando se presentaba junto a dos medidas de fuerte atractivo para la opinión pública, como la reducción de la edad de retiro y el aumento de las jubilaciones más bajas.
Lo que no se logró por esa via ahora, con el “diálogo social”, reaparece bajo otra forma: más gradual, más indirecta, más sutil. Primero, trasladar las cuentas individuales a la órbita del Estado, con la excusa inexistente de ahorrar costos. Después, el resto. Nada impediría, más adelante, modificar las reglas de juego para desalentar la participación privada en el sistema. Detrás de todo -ahora de manera menos explícita- el mismo objetivo: poner fin a las AFAP.
En las próximas semanas, las propuestas del “diálogo social” estarán sobre la mesa. Entre ellas estará esta, probablemente diluida dentro de un paquete más amplio que aborda distintos frentes del sistema de protección social.
Se plantearán temas relevantes y muy complejos de resolver: protección a la infancia, transferencias frente a cambios profundos en el mercado de trabajo, cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Todo ello en un contexto de marcada escasez de recursos fiscales, que inevitablemente genera tensiones entre quienes impulsan nuevas prestaciones y quienes deben velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. En ese marco, no se puede perder de vista la delicadeza de intervenir sobre un pilar crítico del sistema jubilatorio.
Lo que está en juego no se reduce a los 30 años de una política de Estado que ha sido exitosa -algo inusual y, por eso mismo, digno de cuidado-. Lo que verdaderamente se pone en disputa es algo más profundo: la forma en que el país decide proteger el ahorro de sus ciudadanos y los límites que fija al poder del Estado frente a decisiones que se proyectan a lo largo de toda una vida.
Mi última columna al respecto.
EL PAÍS@elpaisuy
Treinta años es mucho Lo que está en peligro es la forma en que el país decide proteger el ahorro de sus ciudadanos y los límites que fija al poder del Estado. Columna de opinión de Ignacio Munyo 🔗 Conocé más en mrf.lu/gCX-
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