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El caso de Jeremías Monzón deja en evidencia la urgencia de la reforma del Régimen Penal Juvenil.
Bajar la edad de imputabilidad no es quitar derechos: es terminar con la impunidad de quienes delinquen con conciencia y proteger a los chicos que hoy son captados por el delito y usados como “soldaditos” por organizaciones criminales.
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