

Según la legislación salvadoreña, ni la fiscalía, ni el ministerio de seguridad y justicia, ni los funcionarios de centros penales ni, desde luego, el despacho de la primera dama, tienen la potestad de decidir sobre la liberación o la reclusión de personas, tal como lo aseguró el hermano del presidente Ibrajin Bukele. 📸 @victorpena84 beta.elfaro.net/el-salvador/ib…














