Red de Estudios para el Desarrollo

Las lluvias que golpean Arequipa no solo dejan calles inundadas y carreteras bloqueadas. Golpean bolsillos, paralizan negocios y ponen vidas en riesgo. Más de 1 millón de arequipeños están expuestos a deslizamientos e inundaciones (Cenepred, 2026). Solo en febrero, más de 4200 personas fueron afectadas y más de 1200 viviendas quedaron inundadas en Cayma tras el desborde de la torrentera Chullo. Un huaico destruyó el puente Villa Continental y en Castilla se dañaron 56 km de caminos vecinales (COER, 2026). Cuando las avenidas se inundan, el transporte se detiene y miles de personas dejan de trabajar. Con el inicio del fenómeno de El Niño Costero, Arequipa podría perder más de S/24 millones diarios en comercio y transporte (CCL, 2026). Ante esta situación, las autoridades ampliaron el estado de emergencia y postergaron el inicio de clases en las zonas afectadas (GRA, 2026). También solicitaron S/8 millones para Agricultura y Transportes y S/40 millones para rehabilitación en 20 distritos (GORE; MPA, 2026). Medidas que llegan tarde, porque la prevención nunca llegó. Sin embargo, en los últimos cinco años el GORE de Arequipa ejecutó solo el 66% del presupuesto para gestión de desastres, dejando más de S/60.9 millones sin usar (MEF, 2026). Las lluvias no son nuevas. Lo que falta no es reacción, sino prevención. Usar bien el presupuesto, limpiar las torrenteras antes de cada temporada, ordenar el crecimiento urbano e invertir en infraestructura resistente no debería ser un lujo ni una promesa: es la diferencia entre estar preparados o volver a sufrir los mismos daños cada año. Porque, al final, prevenir siempre cuesta menos que reconstruir. ¿Seguiremos reaccionando cada año o exigiremos prevención real? Te leemos.

En Loreto, más de 385 mil estudiantes han vuelto a clases con la ilusión de aprender y construir su futuro. Pero, para muchas familias también surge una preocupación: si los colegios donde estudian sus hijos son realmente seguros. La realidad preocupa. Solo el 11% de los colegios tiene agua de la red pública, y muchos tampoco cuentan con servicios esenciales: 44% tiene electricidad y 49% desagüe (MINEDU, 2025). Además, más de un tercio de las escuelas debería ser reconstruido, lo que pone en riesgo a más de 66 mil estudiantes. Cuando una escuela no tiene servicios básicos o está en mal estado, aprender se vuelve más difícil. Las clases se interrumpen, los estudiantes pierden motivación y el abandono escolar aumenta. Hoy, Loreto es la tercera región con mayor deserción escolar del país. Y el clima agrava la situación: 1468 colegios están en riesgo muy alto de inundación este año (CENEPRED, 2026). Solo en 2025, el desborde de los ríos Amazonas, Huallaga y Ucayali inundó cerca del 20% de las escuelas y retrasó el inicio de clases en unos 800 colegios (GORE Loreto, 2025). Cerrar la brecha de infraestructura educativa en Loreto requiere más de S/13,300 millones (MINEDU, 2025). Sin embargo, este año solo se invertirán S/386 millones, 17.5% menos que el año pasado (MEF, 2026). Además, más de S/22 millones en obras educativas siguen paralizadas, como el mejoramiento de la IEP Santoa de Suni, en Ramón Castilla (CGR, 2026). Los estudiantes de Loreto merecen colegios seguros y dignos. Es momento de exigir a las autoridades más inversión y gestión para cambiar esta realidad. ¿Qué acciones urgentes deberían tomarse para mejorar las escuelas en Loreto? Te leemos.

Hoy contamos con 94 universidades públicas: 53 funcionando, 12 tienen dinero pero no alumnos y 29 solo están en papel. El problema es claro, se crean con entusiasmo político pero sin un plan real de financiamiento futuro. ¿Servirán?

Desde 2021 se han creado 40 nuevas universidades públicas. Pero ninguna está funcionando aún. Lo cual no es algo nuevo, entre 2007 y 2011, se crearon 13 universidades públicas y varias tardaron hasta 7 años en empezar a funcionar (CAPPES, 2024).

¿Estás de acuerdo con crear nuevas universidades públicas? ¿Cuántas crees que se han creado desde 2021?

Más de 280 mil estudiantes han vuelto a clases en Junín con la ilusión de aprender. Pero, para miles de familias, también trae la preocupación: si los colegios donde estudian sus hijos son realmente seguros. La realidad es preocupante. Más de la mitad de los colegios públicos de Junín necesita ser reconstruida por su mal estado, lo que pone en riesgo a más de 64 mil estudiantes (MINEDU, 2025). Y muchas escuelas ni siquiera cuentan con servicios básicos: solo el 29% tiene agua, desagüe y electricidad al mismo tiempo, una cifra menor que en 2016, cuando era 44% (MINEDU, 2023). El problema se agrava aún más por el clima. En Junín, muchas comunidades están ubicadas en zonas donde pueden ocurrir huaicos, inundaciones o deslizamientos, y este 2026, 647 colegios están en riesgo muy alto por las lluvias (CENAPRED, 2025). Cerrar la brecha de infraestructura educativa en Junín requiere más de S/9,000 millones. Sin embargo, solo en 2025 se dejaron de invertir más de S/ 74 mil millones destinados a infraestructura educativa (MEF, 2026). Garantizar escuelas seguras no depende solo de más recursos, sino también de gestionar mejor las obras, fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales y locales y priorizar los colegios que enfrentan mayor riesgo. Porque una escuela en mal estado no solo dificulta aprender: también pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes. ¿Qué acciones urgentes deberían tomar las autoridades para garantizar escuelas seguras en Junín?

¡Ojo con las promesas electorales! El empleo de calidad no aparece por decreto, sino con inversión y crecimiento. Antes de creer en "trabajo para todos", pregúntate: ¿su plan hará crecer la economía lo suficiente para crear empleos reales?

La brecha es clara: solo 3 de cada 10 jóvenes tienen un empleo adecuado. Los otros 6 están en el subempleo y 1 está desempleado. (INEI, 2025) O sea: el problema no es solo encontrar trabajo. Es encontrar una chamba que sí te permita crecer.

No basta con seguir mejorando tu CV si la economía no está creciendo. Estudiar, capacitarte y sacar adelante una carrera sí importa. Pero cuando la economía no genera suficiente inversión ni nuevas oportunidades, mucho talento joven termina atrapado en trabajos precarios, informales o mal pagados.

Loreto vive sobre una de las mayores reservas de agua dulce de la Amazonía peruana, pero no todos pueden abrir el caño y encontrar agua. El 47% de los habitantes de Loreto no tiene conexión a la red pública de agua, siendo la segunda cifra más baja del Perú (después de Ucayali). Además, entre los conectados, solo el 10% de las familias recibe agua durante las 24 horas (INEI, 2024). Estar conectado no asegura el suministro constante de agua. Cuando el agua no llega de forma continua, llegan los riesgos. Muchas familias deben almacenarla en baldes y cilindros, creando el ambiente ideal para el zancudo. En lo que va del año ya se han registrado 625 casos de dengue, siendo la tercera región con más contagios (MINSA, 2026). Además, el año pasado, Loreto lideró el país en enfermedades diarreicas agudas, con más de 105 mil casos, afectando sobre todo a niños y adultos mayores (CDC, 2025). Sin agua segura, las enfermedades aumentan. El problema no es solo de infraestructura, sino también de gestión. Sedaloreto, empresa encargada del servicio, fue calificada como “no eficaz” y obtuvo 0 puntos en su evaluación (Sunass, 2025). Y aunque existen recursos, el 81% de los proyectos de saneamiento tiene 0% de avance (MEF, 2026), muchos paralizados por incumplimientos o abandono (CGR, 2025). Mientras los expedientes se quedan en los escritorios, cerca de 28% de los loretanos siguen comprando agua por cilindros, pagando más por un derecho básico (GORE Loreto, 2025). Loreto no puede seguir siendo el último en servicios básicos mientras sus ríos pasan frente a sus casas. El agua potable es un derecho humano, no un favor político. Cerrar esta brecha requiere autoridades con capacidad técnica y compromiso real. Los loretanos debemos exigir gestión eficiente y obras que se ejecuten. ¿Y tú qué crees que debería hacerse para garantizar agua potable digna para Loreto?

Los 11 hospitales de Cusco operan por encima del 100% de su capacidad (MINSA, 2024). Y mientras la demanda crece, una obra clave para aliviar esta presión sigue sin terminar: el Hospital Antonio Lorena. En 2025, los establecimientos de salud atendieron a más de 1.3 millones de personas, casi el doble que en 2024. Pero el sistema no creció al mismo ritmo. Además, el 85% de los centros de salud del primer nivel tiene infraestructura deficiente (MINSA, 2025). Eso hace que muchos casos que deberían resolverse cerca de casa terminen saturando aún más los hospitales. Solo el Hospital Regional realizó más de 321 mil atenciones en 2025 (GORE Cusco). Cuando los hospitales colapsan, no solo hay más colas: hay más espera, más presión para el personal médico y más riesgo para los pacientes. El Hospital Antonio Lorena debía ayudar a cambiar esta realidad. Su construcción empezó en 2012 para ampliar la atención de más de 444 mil personas. Hoy tiene 86% de avance y su entrega se proyecta para junio (MEF, 2026). Pero mientras no se termine, la presión sigue recayendo sobre hospitales que ya no dan abasto. La inversión ya supera los S/ 1,480 millones, entre reprogramaciones y estudios adicionales (MEF, 2026). Terminar esta obra no es solo cerrar un proyecto pendiente: es reducir esperas, descongestionar hospitales y atender a tiempo. Porque en salud, cada retraso pesa. Y tú? ¿Has tenido que esperar mucho para conseguir una atención médica en Cusco? Te leemos.

En La Libertad ya empezaron las clases. Y para muchas familias la preocupación no es solo comprar útiles, sino saber si las aulas donde estudiarán sus hijos son realmente seguras. Este 2026, 408 mil estudiantes regresaron a clases en la región. Pero 62 mil lo hacen en colegios en riesgo. De hecho, más del 41% de las escuelas debería ser demolido y reemplazado por su mal estado (MINEDU, 2025). El clima empeora la situación. 197 colegios están en riesgo muy alto de inundación este año (CENEPRED, 2026), y las lluvias ya han dañado 21 instituciones educativas. Solo el año pasado 45 colegios fueron afectados y en Tayabamba (Pataz) 14 colapsaron, perjudicando a casi 2,000 estudiantes (CGR; COER). Cerrar la brecha de infraestructura educativa requiere más de S/5,300 millones (MINEDU, 2024). Sin embargo, más de S/135 millones en obras siguen paralizadas, como la I.E. Víctor Andrés Belaúnde en Trujillo y la I.E. N.° 1912 C.P. Martha Chávez en Guadalupe (CGR, 2026). Cuando una obra se detiene, no solo se paraliza la construcción: se posterga el derecho a aprender en condiciones dignas. Para enfrentar esta crisis es clave mejorar la gestión de la inversión pública, fortaleciendo a los gobiernos regionales y locales para formular y ejecutar proyectos educativos (IDEHPUCP, 2023). En un contexto de inestabilidad y de cara a las elecciones, urge exigir soluciones sostenibles que garanticen escuelas seguras (CIES, 2023). ¿Qué medidas urgentes crees que deberían tomarse para asegurar que los estudiantes de La Libertad vuelvan a clases en escuelas seguras?

Más del 37% de los colegios en Lambayeque ya cumplió su vida útil y debería ser demolido, lo que pone en riesgo a más de 39 mil estudiantes (MINEDU, 2025). El inicio del año escolar 2026 debería traer ilusión. Más de 250 mil escolares regresan a clases en Lambayeque. Pero no todos vuelven a un colegio seguro. Hoy, 42 colegios públicos presentan fallas estructurales y varios privados operan sin certificados vigentes (CGR, 2026). No se trata solo de locales antiguos: en muchos casos, la infraestructura es tan precaria que pone en riesgo a estudiantes y docentes. Y cuando el colegio no ofrece condiciones adecuadas, también se afecta el aprendizaje (CIES, 2023). El problema se agrava con las lluvias. En Lambayeque, 137 colegios están en riesgo muy alto de inundación (CENEPRED, 2026). Cada temporada no solo genera preocupación en las familias: también interrumpe clases, daña infraestructura y profundiza las brechas educativas. Cerrar esta brecha exige mucho más de lo que hoy se está haciendo. La región necesita más de S/ 3,900 millones para cerrar su brecha de infraestructura educativa, pero este año la inversión pública en educación alcanza solo S/ 231 millones, apenas 1.92% más que en 2025 (MEF, 2026). Y hay otro problema: obras que no avanzan. Hoy existen S/ 58 millones en obras paralizadas, como la I.E. “Inmaculada Concepción” en Chiclayo (CGR, 2026). Cuando una obra se detiene, no solo se retrasa el cemento: se retrasa el futuro de miles de estudiantes. Garantizar educación de calidad también implica asegurar condiciones dignas para aprender: infraestructura segura, servicios básicos, conectividad y buena gestión pública. Porque ir al colegio no debería significar estudiar con miedo. ¿Qué exigirías a las autoridades para garantizar que los estudiantes estudien en condiciones dignas?

Para Junín, la Carretera Central no es solo una vía: es el camino por donde viaja el futuro del Valle Mantaro. Fue diseñada para 4,000 vehículos diarios, pero hoy circulan más de 7,000. Esa sobrecarga obligó al MTC a restringir el paso de carga pesada hasta 2027 (MTC, 2025). Para Junín, eso significa retrasos, mayores costos y productos que llegan tarde a los mercados. Y en los meses de lluvias (enero-febrero), los huaycos y derrumbes bloquean la vía con frecuencia, aislando a la región y encareciendo aún más el traslado de alimentos. La Nueva Carretera Central, prevista para 2031, reduciría el viaje a Lima hasta en 2 horas. Menos tiempo en la ruta significa menos combustible, menos pérdidas y menores costos de transporte. Cuando los costos bajan 1%, las exportaciones pueden crecer 4.3% (Banco Mundial, 2025). Además, el proyecto generaría 112 mil empleos en el país y más de 2 600 en Junín (MTPE, 2025). Pero el proyecto enfrenta tropiezos: el Gobierno reconoció que no puede financiarlo solo con recursos públicos y, en febrero de 2026, canceló el contrato de asesoría técnica. Aunque se ha reafirmado el compromiso de continuar, los retrasos mantienen la incertidumbre. Mientras tanto, Junín ocupa el puesto 15 de 25 regiones en infraestructura (INCORE 2025). El 90% de sus vías no están pavimentadas y en carreteras vecinales solo el 3% tiene asfalto (MTC, 2025). Cada día sin avances no es solo un trámite pendiente: son productos que se malogran, agricultores que ganan menos y familias que pagan más. Junín no necesita más anuncios. Necesita soluciones efectivas y que la obra no se detenga. ¿Qué debería priorizar el Estado para asegurar que esta obra no se detenga? Te leemos.

Lima está en el desierto. Y aun así, usamos más agua de la que creemos. Más de 10 millones de personas en Lima y Callao dependen del agua que baja de los Andes. Pero, en promedio, cada habitante consume 134 litros al día, por encima de los 100 litros que la OMS considera suficientes para cubrir necesidades básicas (Sunass, 2026). El problema no es solo cuánto usamos, sino que el agua no llega igual para todos. Hoy, solo 19 de los 46 distritos de Lima Metropolitana y Callao tienen agua las 24 horas. Y en 2025 se registraron 5,971 cortes del servicio (Sunass, 2026). Cuando el agua se corta, no es solo una molestia. Muchas familias tienen que repartir cada litro entre cocinar, lavar y bañarse. De hecho, el 25% de la población con menor consumo vive con apenas 77 litros diarios, menos de lo necesario para cubrir lo básico (Sunass, 2026). Tener agua segura y continua no solo mejora la vida diaria. También reduce enfermedades, disminuye el gasto en medicinas y ayuda a que más niños no falten al colegio (Banco Mundial, 2023; UNICEF, s/f; Nabi et al., 2025). Cerrar esta brecha requiere mejor gestión, inversión en infraestructura y mantenimiento, y un uso más responsable del agua. Porque el reto no es solo ahorrar. Es lograr que un recurso vital llegue de forma continua, segura y justa a todos.

Los ingresos fiscales del país resultan insuficientes para sostener servicios públicos de calidad. En la presentación de la Revisión de Finanzas Públicas para el Perú del @BancoMundialLAC, en alianza con Red de Estudios para el Desarrollo y el @IPEopinion, se identificaron factores estructurales que limitan la recaudación, como la elevada informalidad, la proliferación de beneficios tributarios y la falta de alineamiento entre ingresos y gasto público. Sin reformas basadas en evidencia y una mejora en la eficiencia del gasto, la provisión de servicios públicos de calidad seguirá siendo lejana. ¿Qué medidas considera prioritarias para fortalecer la recaudación fiscal en el país? Diego Winkelried (Universidad del Pacífico), Roxana Barrantes (BCRP), Juan Carlos Sosa (Consejo Fiscal), Antonio Cusato (Banco Mundial), Fernando Im (Banco Mundial) y Carlos Gallardo (IPE), te lo cuentan aquí. Issam Abousleiman, Oliver Braedt

En año electoral lo normal es que todo se ponga en pausa. Pero esta vez pasó algo distinto: en lugar de frenar, el país se movió. Esta vez el guión cambió. En lugar de frenar, la inversión privada creció 10% en 2025, su mayor ritmo desde 2012 —sin considerar la pandemia— (BCRP, 2026). Hoy, la confianza de las empresas para invertir está entre las más altas de la última década y la mayoría no planea frenar sus planes (Apoyo Consultoría, 2026). Es una obra que empieza, una bodega que amplía su catálogo y el movimiento de los mercados. Eso se está viendo en la calle: más emprendedores están reinvirtiendo sus ganancias y fortaleciendo sus negocios (MiBanco, 2026). Y cuando los negocios apuestan, buscan gente. Incluso en año electoral, hoy se publican más anuncios de trabajo que en años anteriores (BCRP, 2026). Nada de esto significa que todo esté resuelto. Pero sí rompe una idea que parecía automática: que en elecciones todo se paraliza. La economía no está en cero: está en marcha. Eso sí, el contexto sigue siendo frágil. La inseguridad pesa incluso más que las variables económicas tradicionales en las decisiones de inversión (GRM & BNI, 2026). Sin calles seguras ni reglas claras, la confianza puede enfriarse rápido. No estamos en la meta, pero estamos mejor parados que hace algunos años. Y en elecciones se decide quién llevará el volante. La pregunta es: ¿qué país quieres poner en marcha?

En Ica, volver al colegio no siempre significa regresar a un lugar seguro. A pocos días del inicio de clases, 1 de cada 4 colegios está en riesgo total y debe ser reemplazado, y más del 27% necesita reconstrucción parcial. Con techos a punto de caer y paredes agrietadas, más de 205 mil estudiantes volverán a locales vulnerables frente a sismos o lluvias (MINEDU, 2025). Y, las condiciones básicas no están garantizadas: más de 205 colegios no tienen agua potable, más de 100 carecen de electricidad y casi 500 no cuentan con internet (ESCALE, 2023). Estudiar sin agua, con baños malogrados y sin conexión no solo dificulta aprender, también pone en riesgo la salud y seguridad de los estudiantes (Banco Mundial, 2019). Cerrar esta brecha en infraestructura educativa exige más de S/2 900 millones (MINEDU, 2024). Sin embargo, este año Ica dispone de apenas S/ 211 millones para educación, solo 2.16% más que el año anterior (MEF, 2026). La gran mayoría del presupuesto para educación que recibe la región va al pago de planillas de los docentes y personal educativo. Un colegio seguro no es un lujo, es un derecho básico. Enfrentar esta precariedad requiere mejorar la gestión de la inversión pública, fortalecer capacidades en gobiernos regionales y locales, brindar asistencia técnica y reforzar el seguimiento para evitar más obras paralizadas (IDEHPUCP, 2023). ¿Qué pasos pueden darse hoy para que ningún estudiante estudie en un colegio inseguro? Te leemos

Piura es tierra de mango, produce el 65% del mango del país y da empleo a más de 11 mil piuranos (MIDAGRI, 2025). En 2025, se cosecharon más de 363 mil toneladas, 38% más que el año anterior (SISAGRI, 2025), gracias a las favorables condiciones climáticas. Y las exportaciones alcanzaron más de USD 252 millones, principalmente en mangos frescos y secos (MINCETUR, 2025). Para muchas familias, el mango es su principal ingreso. Pero producir más no siempre significa ganar más. A inicios de este año, el precio de la caja cayó de S/50 a S/25 en solo una semana. La sobreoferta en mercados como Estados Unidos y Europa redujo los precios internacionales, y hoy no se paga más de S/1.90 por kilo (AGRARIA, 2026). Con estos precios, muchos agricultores prefieren no cosechar, ya que vender así no cubre ni fertilizantes ni jornales. A esto se suman problemas que arrastramos desde hace años. En el Perú, 8 de cada 10 productores agrícolas trabajan en la informalidad y solo el 3% tiene acceso a riego (INEI, 2024). Mientras en Piura el rendimiento del mango alcanza 8,500 kilos por hectárea, en Brasil supera los 22 mil gracias a mayor tecnología (FAO, 2024). Sin riego, sin información clara y sin apoyo técnico, competir es más difícil. El mango mueve Piura. Pero para que también mueva progreso, necesitamos cerrar brechas. Esto empieza apoyando al agricultor: más riego, mejores semillas y tecnología en el campo. Cuidar al agricultor es proteger el ingreso de miles de hogares. El mango mueve Piura. ¿Y tú, cómo crees que podemos aprovecharlo mejor?