René Rubio Escobar

Es natural que, por su función, las Ministras y Ministros reciban invitaciones a múltiples eventos, tanto públicos como privados. La realidad es que son muy pocas las que se extienden por simple cortesía; por el contrario, suelen perseguir también una cercanía que termina por restarles libertad. Aceptarlas, aunque se diga que en nada afecta, erosiona algo más sutil que la imparcialidad misma, que es su apariencia. Y la independencia judicial no solo hay que tenerla, también hay que parecerla.

México tiene 6,730 personas juzgadoras: apenas 5.1 por cada 100 mil habitantes. En Europa el promedio ronda 22. No es un dato menor: es la radiografía de un Estado que promete justicia con una estructura claramente insuficiente. Sólo en 2023, los juzgados estatales de primera instancia recibieron más de 2.2 millones de asuntos. Con esa carga, el expediente se vuelve fila, desgaste, espera. Y la espera nunca pega igual: favorece al poderoso y castiga al trabajador, a la víctima, a la madre que reclama alimentos, al inocente preso. El problema no se arregla con discursos ni con ocurrencias. México necesita más jueces, sí; pero también personal, tecnología, gestión, defensorías, peritos, presupuesto e independencia. Sin eso, la justicia seguirá llegando tarde.