Luis Vicente Leon@luisvicenteleon
Cuando se habla de cuánto costó esta tragedia hay que tener claro qué se está midiendo. Los que ordenan esos datos se concentran en pérdida económicas, algunos solo de activos y otros incluyen los costos indirectos, no siempre con la misma metodología entre una fuente y otra, y lo que arrojan por ahora son estimados gruesos, con metodología genéricas, que se irán ajustando en la medida en que se tenga tiempo y acceso a los daños reales.
Dicho esto, lo importante no es esperar ese número final. Es entender que la historia ya nos muestra algo más relevante: varios países enfrentaron desastres enormes en relación a su PIB y salieron adelante sin que eso significara pagarlo todo con recursos propios. Chile en 2010 tuvo daños por 30 mil millones de dólares y el Estado puso 8.400 millones de su bolsillo, un 4% del PIB en cuatro años, el resto lo cubrió inversión privada bajo reglas claras que se establecieron para ello. Turquía en 2023 sostuvo su reconstrucción combinando ayuda internacional inmediata con decisiones firmes de su banco central. Haití, en cambio, no tuvo el desastre más costoso de los tres, y aun así es el que peor resultado tuvo, porque dependió casi por completo de la ayuda externa sin instituciones capaces de canalizarla, lo que estiró la reconstrucción por años. Ahí está la prueba de que el monto perdido no es el indicador que hay que mirar. Lo que de verdad parece marcar la diferencia es qué tan rápido se combinan recursos multilaterales, recursos propios, reglas estables y capital privado.
Venezuela ya tiene una posición sobre más recursos de los que se suele mencionar, aunque no estén hoy disponibles en caja y haya que trabajar rápido para lograr que lo estén. Una posición de casi 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro del FMI, otros 5 a 7 millardos a los que podría acceder a través de mecanismos de financiamiento rápido del propio FMI, más de 4.000 millones en oro disputa en tribunales de Londres, pero no sobre de quien son (Venezuela) sino sobre quien los puede retirar, fondos congelados en Portugal y activos bloqueados en USA. A esto se suma la posibilidad de negociar créditos multilaterales, de abrir fuentes de financiamiento por renegociación de deuda y los muchos recursos de apoyo para la reconstrucción que han sido ofrecidos por diferentes actores y fundaciones en el mundo. Y a eso se suma una capacidad de pago futuro enorme: la mayor reserva de petróleo del mundo, la sexta de gas, la mina de oro más grande del hemisferio occidental, y potencial real en hierro, acero y tierras raras. Por eso no me parece que sea un país mendigando, sino un país que puede destrabar y devolver, con creces, lo que reciba ahora.
En la nueva realidad política del país tras el 3 de enero, Estados Unidos hoy es uno de los actores directos en esta ecuación, no un tercero que observa desde afuera, guste o no. No poner este elefante sobre la mesa sería ignorar lo evidente. Sobre esa base, es necesario promover urgentemente un plan verificable de re estabilización social y económica, con responsables y plazos públicos. Un cierre transparente y rápido de los contratos petroleros, gasíferos y mineros que se están negociando, con una metodología que reduzca la discrecionalidad que dificulta la inversión. Un refinanciamiento inteligente de la deuda que abra la puerta a recursos frescos, en vez de quedar atrapados en el pasivo de siempre. Mucha disciplina fiscal y transparencia en el manejo de cada recurso. Y que ese plan integre a los actores críticos del país: gobierno, oposición, sector privado, sociedad civil, organismos multilaterales y aliados internacionales. Con eso encaminado, destrabar esos recursos deja de ser un favor y se convierte en lo que realmente es, una inversión con retorno garantizado.
Nadie es culpable de un terremoto pero si es responsable de responder con rapidez, eficiencia, inteligencia…y corazón.