Roxana Toscano
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En Juchitán, Oaxaca, Elizabeth Romero y su familia quedaron atrapados en el infierno de la extorsión. Les exigen 250 mil pesos. Ella trabaja como camarista. Su esposo se dedica a la pirotecnia. Viven de su esfuerzo, pero eso no les sirvió de escudo: el grupo que los amenaza ya rafagueó la vivienda donde habitan y les dejó un mensaje atroz, advirtiendo que la siguiente represalia podría caer sobre sus hijas. Así se ve un país donde el crimen fija cuotas, señala objetivos y decide hasta dónde puede llegar sin que nadie lo detenga. Una familia trabajadora convertida en rehén del miedo. Eso también es México.







Claudia Sheinbaum llega a “dialogar”, pero el gesto delata otra cosa: verticalidad, regaño y control. Cuando el dedo señala, ya no hay apertura; hay advertencia. Y si además la respuesta es “no se van a manifestar cuando quieran”, entonces el mensaje es clarísimo: sí quieren protestas… pero solo cuando al poder le convenga. Como diría su antecesor: “lo que diga mi dedito”. Eso no suena a tolerancia democrática. Suena a una autoridad irritada porque el pueblo le arruinó la escenografía. La libertad no se concede por horario. La protesta no necesita permiso del gobierno. Y una presidenta no debería comportarse como dueña del espacio público.



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