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La gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela. Entre abril y mayo se registró el conflicto en el Centro Penitenciario Yare III, el anuncio de la muerte del preso político, Víctor Quero Navas, en el Internado Judicial Rodeo I, y la publicación sin autorización de la fotografía de Emirlendris Benítez y su familia. Estos han sido más que desaciertos de este ministro. El #21Abr publicaron un comunicado sobre lo ocurrido en Yare III, donde fueron asesinados cinco privados de libertad y manifestaron que se trató de un motín entre internos, señalándolos como “líderes negativos y miembros de bandas criminales”, un discurso oficial que intentó reducir los hechos violentos, ignorando las raíces de tales acciones, ocultando las causas de muerte de los internos y la cantidad de heridos. Al minimizar la gravedad de lo ocurrido en este penal García Zerpa no solo ocultó el alcance del caos interno, sino que despreció la angustia de decenas de familias que, ante la opacidad gubernamental, solo recibían silencio como respuesta, demostrando así su ignorancia en sus funciones y justificando una masacre. Ese mismo patrón de indolencia se repitió con el caso de Víctor Quero Navas, cuando el #7May, a través de otro comunicado, el ministerio se escudó al decir que Víctor en el momento de su reclusión en el Rodeo I no dio datos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar visita formalmente, cuando fue público y comunicacional todas las veces que la señora Carmen Navas estuvo acompañada de familiares de otros preso políticos en dicho penal y solicitó información sobre su hijo. Sin embargo, las respuesta que recibió en reiteradas oportunidades es que no se encontraba en ese recinto. Asimismo vemos como García Zerpa a través del anuncio de la muerte del preso político tomó la vocería de ese penal que no está bajo sus órdenes sino del Sesmas, dejando en evidencia una serie de incongruencias entre la fecha de su detención y la de su muerte. El fallecimiento de Víctor Quero Navas representa el fracaso más absoluto del deber de custodia del Estado. Mientras el ministro sostiene en redes sociales que el sistema garantiza el derecho a la salud, la agonía de Quero Navas demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es, en muchos casos, inexistente o discrecional. Finalmente, el cinismo de esta gestión alcanzó un nuevo nivel con la utilización de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña del Día de la Familia. Utilizar la fotografía de una mujer que ha sido víctima de torturas, al punto de provocarle un aborto, que ha sido separada de su entorno familiar, y actualmente su salud está quebrantada, constituye un acto de violencia institucional y revictimización. Presentar a Emirlendris como el rostro de la unión familiar bajo el amparo del ministerio, sin su consentimiento y en abierta contradicción con su realidad de aislamiento y sufrimiento, despoja al discurso de García Zerpa de cualquier pretensión de ética. Desde @oveprisiones observamos cómo estos tres hechos revelan una gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional sobre la urgencia de salvar vidas y respetar la dignidad humana en el sistema carcelario. Es por ello que seguimos exigiendo la renuncia de Julio García Zerpa del Ministerio de Servicio Penitenciario, y exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, no solo por estos últimos hechos, sino por cada una de las muertes que se registran en las cárceles. Como organización en menos de un mes hemos documentados al menos 17 decesos ocurridos en distintos penales del país, mientras este ministerio no da respuesta y agrava la crisis penitenciaria ya existente y continúa con la sistemática vulneración a los DD. HH.

Esto es grave, inhumano y degradante. Denuncian que la presa política Yanín Pernía fue abusada sexualmente por 30 custodios en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Los Teques, Venezuela. Exigimos una investigación urgente y libertad para Yanín. La violencia sexual contra personas privadas de libertad está prohibida por la Convención contra la Tortura (ratificada por Venezuela), las Reglas Mínimas ONU para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y el Art. 46 de la CRBV, que prohíbe tratos inhumanos o degradantes. De confirmarse, los hechos constituirían tortura bajo la Convención contra la Tortura. La Misión Determinación Hechos de la ONU sobre Venezuela ya ha documentado violencia sexual sistemática en centros de detención venezolanos y ha alertado que podrían constituir crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma, del cual Venezuela es Estado Parte. @IntlCrimCourt La @Defensoria_Vzla y el @MinpublicoVEN deben cumplir su rol y brindar justicia a Yanín y su familia. Vídeo cortesía @monitoreamos, testimonio recogido por la periodista Maryorin Méndez.