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Extremadura será el primer gobierno de toda la UE en aplicar la Prioridad Nacional:
"● Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema incluirá:
- Exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler).
- Refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio. El objetivo es garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de miles de extremeños forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda. A estos efectos, se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Extremadura, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región.
- Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc.
- Exclusión de aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos 5 años. Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública.
- Eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos.
- De forma paralela, se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior.
● El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá:
- Establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
- Vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema."
