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Como ex titular de la UIF bajo el gobierno del Presidente Mauricio Macri, no puedo dejar pasar el comentario del actual Ministro de Justicia utilizando los mismos argumentos de las defensas de los acusados de corrupción (la persecución política, la guerra judicial, etc.) como fundamentos para eliminar la facultad de querellar del organismo. El argumento de la “persecución” no es más que la construcción de un relato falso, carente de toda razón y moral, donde quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer que son víctimas inocentes por razones meramente políticas. Durante nuestra gestión se querello fuerte contra sospechosos de corrupción, con ímpetu acusador, pero siempre en el marco de la Ley y de protocolos establecidos que guiaron nuestras decisiones, poniendo foco no solo en la demostración de la culpabilidad penal, sino también, y fundamentalmente, en los activos robados, con el objetivo de recuperarlos en favor del Estado Argentino. Todos queremos paz y armonía, con una mirada puesta en el futuro. Pero estos objetivos no podrán ser alcanzados mientras reine la impunidad, y el gobierno no se puede permitir favorecerla. Responsabilizar a los que saquearon al país y lo dejaron con su corrupción en sus actuales condiciones de inestabilidad y decadencia resulta clave para afianzar el Estado de Derecho y apuntalar así el proceso de estabilización, crecimiento y desarrollo que se persigue en materia económica. La facultad de querellar de los organismos especializados es un arma fundamental para avanzar la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, y otros delitos complejos dicho sea de paso (especialmente el narcotrafico). En el caso de la UIF, le permite incidir en el curso de la investigación para fortalecer la acusación penal, asegurando la reproducción correcta de prueba financiera y patrimonial, el aseguramiento oportuno de activos con fines de decomiso y recupero dentro y fuera del país, la sustentación de prueba compleja en juicio y el pedido de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas. Pero además, dadas ciertas características particulares de la manera en que los corruptos (y sus abogados) en ocasiones intentan relacionarse con fiscales y jueces, la presencia de los organismos especializados como parte en el proceso ofrecen un control y contrapeso adicional para evitar que se consagre la impunidad. Esto no sería necesario si viviésemos en Noruega, pero estamos en la República Argentina, donde si bien hay una mayoría de magistrados honestos cumpliendo su deber, la corrupción también se ha extendido al Ministerio Público y el Poder Judicial con algunas manzanas podridas dispuestas a dejarse corromper, conforme se verifica en casos oportunamente denunciados. Pero incluso en los casos donde no se presentan problemas de integridad, la participación de la UIF como parte en el proceso penal resulta beneficiosa, ya que complementa y respalda la labor del fiscal, aportándole el conocimiento técnico especializado, tanto para recopilar como para explicar la prueba que sustenta la acusación. Esto es especialmente util dada la escasez de recursos en el Ministerio Público y el desequilibrio que se presenta en casos complejos, donde los acusados de corrupción y lavado suelen presentarse con batallones de letrados defensores. En el contexto actual, en el que los tribunales federales se encuentran juzgando casos de alta corrupción con prueba fundamental aportada por la UIF, quitarle al organismo la facultad de querellar debilitaría la acusación y favorecería de manera directa a los acusados. Para mantenerse al margen de estos casos, el gobierno debe solo respetar la autonomía e independencia operativa de la UIF y permitirle ejercer su rol acusador sin interferencias indebidas, ni en contra ni a favor de los acusados. Sin justicia no habrá paz ni armonía, y sin Integridad no habrá tampoco verdadera Libertad. Defender estos valores es mirar al futuro.