Sofía Castro Guerrero

Apunte Washington (flash) No hay que equivocarse. El ex secretario de seguridad pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, no fue detenido en Arizona fortuitamente; se entregó, porque ya negoció un acuerdo con Washington. Su inclusión como colaborador en el proceso en contra de Ruben Rocha Moya y otros políticos sinaloenses profundiza lo que ya venimos diciendo desde hace varios días: Estados Unidos trabaja bajo la estrategia de conseguir la cooperación de más acusados para seguir nutriendo su expediente. La meta es ir más y más arriba. ¿Qué sabe Mérida? De Rocha e Inzunza, mucho. Este movimiento acelera los tiempos: Se incrementan las posibilidades de más acusados que decidan negociar. Ojo con la fiscalía sinaloense.

Después de lo que Sinaloa ha vivido en los últimos 2 años, que ha derivado en una crisis social, impunidad, desamparo, zozobra y una catástrofe económica, duele mucho ver a la máxima figura del gobierno concentrarse en (supuestas) preferencias partidistas.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”. La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución. El “fuero” protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido.