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SE SIGUEN DISPARANDO EN LOS PIES
Hay errores políticos, que, por su torpeza, trascienden el error mismo y se convierten en una forma de autoboicot sistemático. El eventual nombramiento de Ricardo Rincón como embajador de Chile en Panamá parece inscribirse, con incómoda precisión, en esta categoría.
El gobierno de J. A. Kast —que prometía prolijidad, criterio y un estándar superior en la toma de decisiones— da señales contradictorias al considerar esta designación. No sólo por el nombre en cuestión, sino por el contexto que lo rodea, que lejos de ser neutro, está cargado de símbolos, sospechas y antecedentes difíciles de ignorar.
Panamá no es un destino cualquiera. Es, además de un punto estratégico en términos diplomáticos y comerciales, un territorio históricamente vinculado a estructuras financieras opacas, a la ingeniería tributaria sofisticada y —se quiera o no— a la noción de “paraíso fiscal”.
Que el propio Presidente chileno mantenga su patrimonio en ese país introduce, como mínimo, una variable de sensibilidad política que exigiría extrema prudencia en cualquier nombramiento. Sin embargo, lo que se observa es lo contrario: una aparente disposición a instalar a —un emisario de confianza— en una plaza donde la transparencia debiese ser prioridad absoluta.
Pero el problema no se agota en lo geopolítico ni en lo financiero. Es, ante todo, un tema ético.
En abril de 2017 se hizo público un antecedente que, en cualquier democracia que aspire a estándares básicos de decencia, debiese ser suficiente para descartar de plano cualquier cargo de representación internacional. Ricardo Rincón fue objeto de un proceso por violencia intrafamiliar ante el 16° Juzgado Civil de Santiago, por hechos ocurridos el 22 de julio de 2002. La denuncia, presentada por quien fuera su pareja, la relacionadora pública Carolina Hidalgo, describe una secuencia de agresiones físicas y verbales: empujones, golpes, patadas, y un nivel de violencia que culminó con lesiones constatables.
No se trata de un detalle menor, ni de un episodio anecdótico susceptible de relativización política. Es una mancha indeleble en la trayectoria de cualquier figura pública. Y pretender que puede ser ignorada —o peor aún, administrada— es una señal de desconexión con estándares mínimos de responsabilidad institucional.
El cuadro se vuelve aún más complejo al observar las redes de poder que orbitan en torno a este nombramiento. Rincón es hermano de la actual ministra de Energía, Ximena Rincón, cuyo itinerario político ha sido, por decirlo suavemente, errático: de la Democracia Cristiana a Amarillos, de ahí a la fundación de Demócratas, luego su apoyo a Evelyn Matthei en Chile Vamos, y finalmente su aterrizaje en el mundo republicano, desde donde hoy ejerce como ministra. Más que evolución, lo que se percibe es una plasticidad ideológica que debilita cualquier pretensión de coherencia.
Y cuando parecía que el costo político era un asunto interno, emerge un elemento aún más delicado: el rechazo explícito desde el propio país de destino. En Panamá, la diputada Paulette Thomas ha hecho público el malestar del parlamento panameño ante la posibilidad de recibir a Ricardo Rincón como embajador de Chile. Es decir, no sólo se compromete la señal interna, sino también la imagen externa del país.
Nombrar a un embajador cuestionado es, en sí mismo, problemático. Nombrarlo en un país sensible, con vínculos económicos directos del propio Presidente, y además enfrentando rechazo anticipado del poder legislativo local, no es un error: es una acumulación de imprudencias.
Si la política es, en esencia, el arte de leer correctamente los contextos, aquí estamos frente a una lectura defectuosa. Y lo preocupante no es sólo el tropiezo, sino la insistencia en avanzar pese a todas las señales en contra.
Porque cuando un gobierno comienza a dispararse en los pies, lo grave no es la herida inicial. Es la incapacidad de dejar de apretar el gatillo. @MisColumnas
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