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PRECISIONES POLÍTICAS Y JURÍDICAS ACERCA DE INMINENTE INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA.
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@MariaCorinaYA @EdmundoGU @MagalliMeda @CommanderRomero
A.- ¿Es legal la intervención militar de EEUU? El Pdte. Trump se ampara jurídicamente en legislación interna, en particular, en el Título 50 del Código de los Estados Unidos, que describe y reglamenta el papel de la Guerra y la Defensa Nacional en los Estados Unidos. En virtud de éste, el Pdte. de EEUU está facultado a actuar con una serie de medios, incluido el uso de la fuerza militar, contra cualquier organización criminal o narco- terrorista transnacional clasificada como tal por el Depto de Justicia y/o Departamento de Estado, en cualquier país en que ésta se encuentre, sin consulta previa al Congreso de los EEUU, si a su juicio existe una presunción fundada que tal organización atenta contra la seguridad nacional de los EEUU. Esta facultad también la han usado otros presidentes de los Estados Unidos (por ejemplo, el Pdte. Obama).
B.- ¿Es compatible con el Derecho Internacional? Dicha legislación norteamericana tiene un supuesto implícito que no es plenamente consistente con el Derecho Internacional Público ni con la Carta de las Naciones Unidas (EEUU lo sabe). Si bien tales documentos de jurisdicción internacional establecen el derecho a la autodefensa ante una guerra declarada o de facto, el concepto de “guerra” que se utiliza ahí es distinto al que implícitamente está empleando EEUU bajo el mencionado Título 50. En efecto, el Derecho Internacional Público y la Carta de la ONU definen “guerra” como (lo que podemos denominar) “guerra directa”, es decir, cuando un Estado ataca a otro usando sus FFAA con el propósito de apropiación territorial, sea parcial o total. Por tanto, sólo en este caso se justificaría una acción militar reactiva del país agredido, amparada en el derecho a la legítima autodefensa (reconocido por tales documentos de jurisdicción internacional). Bajo esa definición tradicional de “guerra” el ataque y destrucción de las Torres Gemelas en New York (WTC) el 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, no constituiría un acto de guerra pues AL Qaeda no es un Estado y, en consecuencia, no daría lugar a una acción de fuerza reactiva a modo de legítima autodefensa. La captura de Osama Bin Laden no sería, así, consistente con el Derecho Internacional ni con la Carta de la ONU. Lo mismo es válido para el caso del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, toda vez que Hamás no es un Estado; y aunque un país (Irán) estuviese detrás promoviendo tal ataque, éste no fue ejecutado por sus FFAA regulares. Por lo cual el derecho a la autodefensa no aplicaría. Claramente, tal concepto restringido de guerra ha sido sobrepasado por los hechos y está obsoleto en el siglo XXI (como lo están otras normas incluidas en el Derecho Internacional y en la Carta de la ONU). Este concepto restringido de guerra no es el que está implícito en el antes mencionado Título 50. Se trata de un concepto más amplio que incorpora lo que se puede denominar “guerra indirecta”. Este difiere del concepto de guerra tradicional en tres elementos. Primero, no requiere que el agresor sea un Estado. Segundo, tampoco requiere que se utilicen FFAA. Tercero, no requiere que la finalidad de la agresión sea una conquista territorial de otro país. Basta con que la agresión atente contra la seguridad nacional de un país. Específicamente, se entiende por “guerra indirecta” cuando un Estado, gobierno o cualquier organización atenta contra la seguridad nacional de otro Estado, utilizando para ello paramilitares, terroristas, grupos criminales o delincuenciales, narcotraficantes u otros medios que generen idénticos efectos. Existe responsabilidad indirecta de tal agresión sujeta a idénticas consecuencias por parte del país agredido cuando tales grupos son amparados por un Estado, gobierno u organización. En cuyo caso el país afectado tiene el legítimo derecho a una autodefensa armada de carácter reactiva. Este concepto ampliado de “guerra”, que incorpora la "guerra indirecta", es el que ha estado usando EE. UU. por bastante tiempo. En la actualidad, la intervención militar en Venezuela es concebida por el gobierno de EEUU como una acción de fuerza reactiva de autodefensa ante una guerra indirecta declarada por el conglomerado criminal que secuestra el Estado venezolano.
Puesto que el objetivo de apropiación territorial asociado a la definición tradicional de guerra se sustituye en este caso por ataque a “la seguridad nacional de un Estado” —concepto éste acerca del cual no existe una definición internacionalmente convenida—, el móvil de la “guerra indirecta” siempre tendrá un componente subjetivo, definido por el país agredido. Como corolario, la aplicación del derecho a la autodefensa también tendrá un componente subjetivo.
C.- ¿Están exentos de responsabilidad aquellos que amparen a posteriori a los ejecutores de una guerra indirecta? No. Bajo el Título 50 del Código de los Estados Unidos se aplica una especie de “arancel jurídico secundario”, en el sentido que toda persona, organización o gobierno que ampare a una persona u organización clasificada por el Depto de Justicia y/o Departamento de Estado como organización criminal o narco-terrorista transnacional – especialmente si la o las personas involucradas tienen órdenes de detención en tribunales norteamericanos - será concebido como cómplice y, como tal, podrán aplicarse a éste sanciones económicas y medidas similares a las estipuladas para la persona u organización clasificada como organización criminal o narco-terrorista transnacional.
Nótese que esta especie de “arancel jurídico secundario” incrementa significativamente el costo para cualquier país de destino que acoja en calidad de exiliado a alguien perteneciente a una organización criminal o narco-terrorista transnacional, particularmente si el eventual exiliado tiene órdenes de detención en tribunales norteamericanos (es el caso de varios miembros del régimen venezolano).
D.- Características de esta operación militar. El régimen venezolano enfrenta una intervención militar inminente por parte de EEUU, a modo de autodefensa ante una guerra indirecta implementada por el régimen de Nicolás Maduro. Éste no es reconocido como Jefe de Estado por EE.UU. En este sentido, no se trata de un “regime change”, en el sentido anglosajón de dicho término. El cambio de gobierno ya se produjo el 28 de julio de 2024. Cosa distinta es que Maduro haya atropellado la soberanía popular y se aferre al poder por medio de las armas. Los únicos líderes políticos venezolanos reconocidos por el gobierno de EEUU son Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Y estos autorizaron formalmente esta operación militar. Simplemente porque el resultado esperado coincide con el objetivo más importante para ellos: la liberación del pueblo venezolano y honrar la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024. Dicho apoyo es totalmente independiente de si ellos adhieren o no a las políticas públicas de Donald Trump. Son cuestiones distintas.
No se tratará de una invasión de EEUU sino de una intervención militar. Son conceptos distintos. Una invasión tiene como objetivo la apropiación del territorio (o parte de este) de un país, por medio de una fuerza militar externa. Este no es el presente caso. Es más, esta intervención militar de EE.UU. no tiene como objetivo un país, Venezuela, sino un pequeño subconjunto acotado de su población conformado por un conglomerado criminal que secuestra el Estado. Dicha distinción entre invasión e intervención es totalmente independiente de las características específicas de una intervención militar: conlleve o no el uso de tropas en tierra.
E.- ¿Quiénes constituyen objetivos de esta intervención militar? Todos aquellos que conforman el conglomerado criminal que secuestra el Estado venezolano y contribuyen directa o indirectamente a amenazar la seguridad nacional de EEUU. Estos son:
*Cleptócratas (élite del gobierno)
*Narcotraficantes (Cartel de los Soles)
*Terroristas extranjeros (ex FARC, ELN, Hamás, Hezbollah)
*Traficantes de minerales (oro, diamantes, uranio, coltán, torio, bauxita, titanio), de armas, de petróleo y de personas (migración ilegal y comercio sexual).
* Los denominados "colectivos" y otros grupos armados.
*La DGCIM , SEBIN (FAES)
*El G2 cubano
*Exportadores de delincuencia organizada (Tren de Aragua) para desestabilizar democracias, con financiación y participación accionaria de la élite del régimen.
De modo que los objetivos militares apuntados rebasan con creces la élite del régimen de Maduro.
Además, es muy probable que posteriormente exista una presencia permanente de la DEA en Venezuela. No se descarta también una presencia semipermanente de una base militar de EEUU en Venezuela.
F.- ¿Cuáles son las razones esgrimidas por EEUU que justifican que este conglomerado criminal amenace su seguridad nacional? La justificación de la intervención militar por parte de EE. UU. se basa en seis elementos que amenazan su seguridad nacional:
1. Cartel de los Soles. Esta red de carteles, regentada por Maduro, Cabello y Padrino López, inunda EE. UU. con cocaína, provocando decenas de miles de muertes anuales. Esta red de carteles de narcotraficantes existe desde la época de Hugo Chávez (ver video youtube.com/watch?v=bge44i…). El cartel de Sinaloa (México) mantiene relaciones comerciales con el Cartel de los Soles. Se utiliza a Venezuela como plataforma de intermediación y de procesamiento de coca producida en Colombia (mayor productor de coca del mundo). Para ello el régimen mantiene varios laboratorios de procesamiento de cocaína, la cual es exportada vía aérea, marítima y terrestre bajo el amparo del Estado venezolano.
2. Tren de Aragua. Corresponde a una exportación deliberada de delincuencia y crimen organizado por parte del régimen, con fines de desestabilización de las democracias (no sólo en EEUU sino en 8 países de la región). Tiene presencia en 14 estados de EE. UU. Esta es una pandilla delincuencial muy sanguinaria que ha causado múltiples asesinatos y secuestros en EEUU. Posee nexos con el narcotráfico y con la trata de personas (comercio sexual).
3. Injerencia política desestabilizadora. El régimen financia con recursos del narcotráfico candidaturas presidenciales de extrema izquierda afines al régimen de Maduro, cuyos intereses son contrarios a los de EEUU y están destinados a desestabilizar sus democracias.
4. Amparo de Terroristas. El régimen ampara en su territorio grupos narco-terroristas extranjeros (ELN, ex-FARC, Hezbollah, Hamás). Usando recursos del narcotráfico, del tráfico de armas y oro (extraído ilegalmente del Arco Minero del Orinoco), se financia indirectamente a las casas matrices de Hezbollah y Hamás en el Medio Oriente.
5. Respaldo a Irán. Otorga miles de pasaportes venezolanos falsos a miembros de Hamás/Hezbollah, cobija una fábrica de drones militares de Irán y le proporciona uranio a cambio de armas, que éste emplea para confeccionar armas nucleares.
6. Crisis Migratoria. La crisis económica, de servicios públicos y la persecución política generaron la migración forzada más grande del mundo (9 millones), de la cual alrededor del 10% se dirigió a EE.UU. Ello amenaza la seguridad nacional toda vez que existe una justificada desconfianza en los documentos de identidad emitidos por el régimen de Maduro (ej. se han corroborado antecedentes penales “impolutos” de miembros del Tren de Aragua). Adicionalmente, se ha detectado que el régimen de Maduro envía a EEUU individuos que tienen como misión atentar contra la vida de determinados venezolanos exiliados (periodistas opositores y militares disidentes). Ya existe el precedente de que Diosdado Cabello ordenó el secuestro de un teniente venezolano exiliado y radicado en Chile, quien fue torturado y asesinado por miembros de la DGCIM con la colaboración logística del Tren de Aragua. Ello obliga a distraer recursos del FBI (que tienen usos alternativos) para hacerse cargo de tales amenazas.
G. ¿Por qué no hay salida pacífica en Venezuela?
Existen narco-estados: países donde el narcotráfico tiene una influencia significativa en la economía y en algunas instituciones gubernamentales. Pero no existe ningún país en el mundo cuyo gobierno y Estado, en fusión simbiótica, estén 100% controlados por narcotraficantes, saqueadores del erario público, terroristas extranjeros y organizaciones criminales. Su leitmotiv no es ideológico, sino el enriquecimiento personal ilícito. A lo cual se suman un control totalitario de todos los poderes e instituciones del Estado y de los medios de comunicación, aunado a una gestión descentralizada del poder político y militar, ambos estructurados en torno a una red de mafias. No hay precedente histórico de un régimen político de esta naturaleza. Tampoco está contemplado en la literatura de regímenes políticos. Lo denominé “narco cleptocracia criminal totalitaria”.
Este régimen se sostiene financieramente mediante dos fuentes fundamentales:
i)una “economía paralela” de negocios ilícitos - narcotráfico, tráfico de minerales, de armas, contrabando de petróleo y derivados, extorsión, sicariato, trata de personas, exportación de delincuencia organizada – que genera alrededor de no menos de US$30.000 millones anuales (un tercio del PIB); y
ii) un gigantesco desfalco al erario público (incluye PDVSA) estimado conservadoramente en US$750.000 millones en 20 años (equivalente a 7 veces el PIB de Venezuela en 2024; o bien 2,5 veces el costo de las reparaciones de guerra después de WW II). Corresponde a un promedio de saqueo al Estado por US$ 37.500 millones anuales.
Una narco cleptocracia criminal totalitaria es un régimen intrínsecamente perenne. Carece de incentivos para dejar el poder y es inmune a salidas electorales (caso 28 de julio,2024), así como a negociaciones políticas o diplomáticas (son criminales, no políticos: funcionan con otra lógica). Por ello, todos los diálogos y negociaciones con la oposición (15 intentos en 26 años) han fracasado.
La razón es que para un conglomerado criminal el costo de abandono del poder político es estratosférico e incompensable. Dicho costo se divide en dos partes:
i) Costo Económico. Este es un costo de oportunidad: dejar de percibir los ingresos del desfalco público más los generados por la industria de negocios ilícitos (narcotráfico, tráfico de minerales, etc.). Las tasas de ganancia anuales – ingresos ilícitos divididos por costos de gestión muy bajos – son estratosféricas (tienden a infinito). En términos de valor presente, este costo es incompensable.
ii) Costo no pecuniario. Implica asumir los costos de sentencias judiciales (nacionales e internacionales) por delitos como corrupción, lavado de capitales, violaciones sistemáticas a los DDHH y crímenes de lesa humanidad (imprescriptibles). En muchos casos, estos podrían implicar prisión perpetua.
La suma de estos dos tipos de costos es incompensable. No es un costo político, sino existencial. Por lo tanto, no hay forma de salir de este régimen que no sea compulsiva, mediante el uso de la fuerza, para que el beneficio de dejar el poder sea percibido como evitar perder la vida.
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