Robert X

Es puro Kafka en versión ecuatoriana. Que la @ContraloriaECU bloqueó el acceso a la página de las declaraciones patrimoniales —normalmente de acceso libre y público— debido a mis denuncias sobre las irregularidades en dicha institución, es casi tan irónico como el juicio penal que enfrento por el tuit en el cual anuncié la solicitud de fiscalización presentada ante la #AsambleaNacional @NielsOlsen @dianajacome @FerdinanAZ87, la cual jamás fue atendida. ¿Esto es control? ¿O protección mutua? La Asamblea calla. La Contraloría se cierra. Y yo sigo aquí, con las denuncias concretas que me llegan de sus propios funcionarios y con el juicio penal en marcha. Proceso numero: 17294202500717 Audiencia: 6 de mayo de 2026 Sigo creyendo que la transparencia no se mendiga. Se exige. Que opinan ustedes? #Contraloria #Contralor #Familia #Bloqueo

Radiografía de una contradicción: ¿Quién audita a los auditores en la @ContraloriaECU? Mientras el país enfrenta una crisis energética sin precedentes, los ojos de la fiscalización ciudadana se posan sobre la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Estratégicos (DNA 4) de la Contraloria General del Estado. Esta unidad es la encargada de vigilar los contratos de #PROGEN, #ATM, #CELEC EP y todo el sector de hidrocarburos. Sin embargo, surge una pregunta que la institución aún no responde: ¿Cuál es el perfil de quien lidera estas auditorías? El perfil del Director Desde el 3 de septiembre de 2025, la DNA 4 está bajo la dirección de Carlos Santiago Garzón Ibarra (C.I. 1712444700), Mayor de la Policía Nacional. Su ascenso en la Contraloría ha sido meteórico: en noviembre de 2024 dirigía la unidad de Telecomunicaciones y, menos de un año después, fue promovido a Sectores Estratégicos, la unidad que maneja los exámenes especiales más sensibles del Estado (DNA4-0027-2025 #Progen y 0009-DNA4-2024-I #ATM/#Celec). El expediente del "vuelo fantasma" La gestión de Garzón Ibarra carga con una sombra judicial que se remonta a su etapa como Administrador del Contrato del helicóptero PN-114. La acusación formal fue liderada por el Dr. Carlos Leonardo Alarcón Argudo, quien en ese momento era #Fiscal de Delincuencia Organizada y que, desde su designación en 2025, se desempeña como #FiscalGeneral del Estado. Es decir, la máxima autoridad de la justicia penal del país es quien señaló a Garzón Ibarra como autor directo del delito de Asociación Ilícita (Art. 370 COIP). x.com/revistavistazo… @revistavistazo Los elementos de convicción expuestos en el proceso 17294-2020-00780 son contundentes: - Documentación anticipada: El 25 de diciembre de 2019, se suscribió el Acta de Entrega Recepción Definitiva afirmando que los trabajos habían concluido, pese a que el helicóptero seguía en los talleres de Texas, EE. UU. - Informes de "cumplimiento": El 20 de diciembre, Garzón emitió un informe concluyendo que el proveedor cumplió “a cabalidad”, recomendando el pago inmediato de USD 777.623,84. - Vínculos bajo sospecha: Fiscalía detectó transferencias bancarias directas a las cuentas de Garzón Ibarra por parte de oferentes del mismo contrato. - Negligencia administrativa: Se le señala por permitir el vencimiento de las pólizas de fiel cumplimiento, dejando los recursos del Estado desprotegidos. 25 convocatorias fallidas: El juicio que no llega A pesar de la jerarquía de la acusación, el proceso judicial ha entrado en un ciclo de dilaciones sistemáticas. Desde que se dictó el llamado a juicio en agosto de 2022, el Tribunal ha emitido 25 convocatorias para la audiencia de juicio oral. Ninguna se ha realizado. La última, el pasado 9 de marzo de 2026, volvió a quedar registrada como “agenda no realizada”. Mientras tanto, Garzón Ibarra mantiene sus medidas cautelares vigentes, incluyendo la obligación de presentarse semanalmente ante la misma Fiscalía que hoy dirige el Dr. Alarcón. Entre lo penal y lo Constitucional El historial judicial del funcionario no se agota en las instancias penales. Actualmente, el caso también se ventila en la #CorteConstitucional del Ecuador (Causa N° 1438-22-EP), mediante una Acción Extraordinaria de Protección que busca revisar las decisiones judiciales previas del proceso del helicóptero. Esta dualidad administrativa y judicial plantea una interrogante ética: mientras la DNA 4 emite informes técnicos que definen la transparencia de los sectores más estratégicos del Estado, su Director titular se encuentra agotando las instancias legales para revertir una acusación impulsada por la propia Fiscalía General. El conflicto de intereses institucional El punto crítico no es solo la presunción de inocencia, sino la idoneidad. Resulta paradójico que un funcionario procesado por Asociación Ilícita, Falsificación de Firmas y Uso Doloso de Documento Falso sea hoy el encargado de auditar la transparencia en los contratos de generación eléctrica y petróleo. ¿Cómo puede el país confiar en la objetividad de una auditoría sobre #PROGEN o #CELEC cuando quien la lidera está a la espera de un juicio penal por delitos contra la administración pública? La #Contraloría General del Estado, bajo el mando de #MauricioTorres, debe una explicación al país. La fiscalización no puede ser un ejercicio de complicidad. El país exige ética. Sin happy end El Contralor Torres me enjuicia por 'calumnia' por pedir fiscalización, mientras él mismo permitió que los informes de Sectores Estratégicos lleven el sello de un Director llamado a juicio por delitos contra la administración pública. x.com/mejoresdiasEC/… 👁️ @faustoyepezTA @Galoecuador @alvatin18 @chespolitico_ @iarandrader @Drwandradee @pichondedino @revistaPlanV @raguilarandrade @Martinminguchi @RichardJimenezM @saritortiz @mariasolborja @juanmayepez @Pinvestigacion3 @aiarconsalvador @CNACEcuador @mviniguez2 @Cascabelito09 @karensichel @EnVozAlta @marcelramirezrh @MLuzarragaEc @jolismazon @jorgeluishidalg

En #CaféLaPosta | Según el abogado del Grupo Noboa, Fernando Yavar, el vehículo trasladaba a una empleada de limpieza que es vecina del sospechoso Iván Ballesteros, asegura que ella pidió ayuda por una emergencia familiar y por eso fue llevada al lugar por un chofer de la compañía. @CNT_EC youtube.com/live/Aa5IDf7h2…

🔴 #Atención || “Si el vehículo Porsche Cayenne, que en condiciones normales vale más de USD 120.000, le pertenece a Industrial Molinera, e ingresa al domicilio del principal sospechoso del bombazo en la Bahía… y los fiscales dicen que, pese a todos los indicios, no procede la presentación de un dictamen acusatorio, algo huele mal”, señala el abogado @PedritoExtranja, representante de la Comuna de Barrios de Guayaquil, sobre el denominado caso Porsche, durante su comparecencia en la Comisión de Garantías Constitucionales.