Paola Rios

@RevistaSemana Debería renunciar la ciudadanía norteamericana, como lo hizo @EnriquePenalosa para ser presidente

"Hoy celebro uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado: Francesca. Cada día estoy más enamorado de su alegría, de su corazón noble y de esa capacidad única que tiene para contagiar felicidad. Nos cantamos porque nos amamos": Abelardo de la Espriella.

@NerdInProd @Dania463894 @elespectador Pero si Abelardo los defiende, las "penas* serán una burla, ya tendrán a sus abogado compatriota que los defiende x.com/i/status/20663…

@Dania463894 @elespectador Lo que es irónico es que Cepeda fue uno de los que tumbó la ley que daba más fuertes penas para violadores de niños

Migración Colombia confirmó a este diario que el sujeto ingresó como turista el pasado 6 de junio. 🔗👇 trib.al/e665Lww

@N13tzram @Dania463894 @elespectador x.com/i/status/20663…

@Dania463894 @elespectador Pena de mv3rt3!. Aquí en el senado están unos degenerados comandantes Farc AMIGOS DE IVAN CEPEDA pedófilos dandoselas de defensores del pueblo, y lo único que son es vi0lad.0res y asesinos de 18677 víctimas infantiles!!

@miguelafierrop @elespectador Y si gana Abelardo le da entrada a más compatriotas de el y si los agarran el mismo los saca de la cárcel x.com/i/status/20663…

@elespectador Si gana Cepeda, este sujeto sería nacionalizado y nombrado director de ICBF, pues tiene el perfil que requiere ese régimen.

@Jfmonin @elespectador @petrogustavo @IvanCepedaCast Unos psicólogos y otros lo sacan de la cárcel como Abelardo x.com/i/status/20663…

Estamos a nada de que @petrogustavo y @IvanCepedaCast nos expliquen que el violador de niños es un “alma herida” que sufrió traumas en su infancia y que, por tanto, merece más comprensión que condena. Porque para algunos, la empatía parece ir primero con el victimario y después con las víctimas. Los derechos de los niños deberían estar por encima de cualquier justificación psicológica o ideológica.

@marco_r25341 @beta8167 @RTVCnoticias Y además los defiende x.com/i/status/20663…

🔴 #Atención | GRAVE CASO DE ABUSO SEXUAL CONTRA UN NIÑO EN BARRIO ESTRATO 6 DEL NORTE DE BOGOTÁ. En una rápida acción en el norte de Bogotá, las autoridades rescataron a un menor de edad y capturaron a un ciudadano extranjero tras recibir denuncias de presunto abuso sexual dentro de un edificio residencial. El operativo fue liderado por la Policía Metropolitana y el ICBF, quienes activaron de inmediato la ruta de restablecimiento de derechos del menor. La Fiscalía General de la Nación ya asumió la investigación del caso. ⚖️🚨 Conéctate con la señal en vivo: 👉🏻 rtvcnoticias.com/senal-en-vivo

@TERNURITA7711 @CarlosFGalan @Bogota Complices quienes los defienden x.com/i/status/20663…

Hoy, sobre el mediodía, la Policía y los equipos de @Bogota respondieron a la alerta de la comunidad de un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad en Usaquén. La Policía de Infancia y Adolescencia hizo presencia en el lugar de los hechos para atender el caso, igual que el equipo de gestores locales y las secretarías de Gobierno y Seguridad. El ICBF también fue informado. Los tres niños que se encontraban en el lugar fueron trasladados por la autoridad competente a un centro médico para que sean valorados como corresponde. Por otro lado, la persona señalada por la comunidad quedó bajo custodia de la Policía, quien sigue investigando los hechos. Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso. Pero, hasta tanto, quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas.

@DigitalJumper @alazamo123 El violador si es gringo?

Señores ICBF los hechos no son presuntos, realmente ocurrieron, de hecho fue al aire libre, a la vista de una multitud. Fue una flagrancia. Priorice la defensa del menor sobre la del delincuente.

@Ariza2Valentin @Maximo_NoriegaR @migueldelrioabg Ojalá, el tigre crongo es un peligro

@Maximo_NoriegaR @migueldelrioabg No creo que sea el presidente...

🚨 DE LA CALLE A LAS URNAS🚨 Con el próximo Presidente de Colombia, Iván Cepeda, mientras él recibía el cariño de la gente en Barranquilla. Nos quedan pocos días y la instrucción es clara: hay que pasar de la calle a las urnas, salir a votar temprano y cuidar el voto. Somos la Alianza Por La Vida y vamos por #LaRemontada. #MeLaJuegoPorLaVida @IvanCepedaCast @LuisGMurillo @JNeiraN @PSICOP0LITICA

@UltimaHoraCR @JennyAngaritaG Para ellos si función rápidamente la "justicia" pero para los pobres, no.

#ATENCIÓN | La juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la medida cautelar que prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su campaña usar la camiseta de la Selección Colombia. Vía: @JennyAngaritaG

@vicsaavedraM @Dayannerohe Pero si Abelardo elimina el 40% del estado, esto será peor de lo que ya está .

Proponen, otra vez, una revolución del conocimiento cuando destruyeron el sector ciencia. 1.Convocaron a cientos de PhD para no contratarlos y, en cambio, llenaron el Estado de militantes. 2.Dirigieron por lo menos $820 mil millones de regalías de ciencia hacia InterNexa, la Universidad de Pamplona y la Universidad Santiago de Cali. Corrupción. 3.Redujeron en 72% el presupuesto de inversión del Ministerio de Ciencia entre 2022 y 2026. Es uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. 4.Dejaron perder $2,7 billones de regalías para ciencia, tecnología e innovación en proyectos ya aprobados por falta de gestión del Gobierno Nacional. 5.Redujeron el presupuesto y los apoyos para maestrías y doctorados. Pasamos de 2.500 beneficiarios al año a 600 este año y 300 el próximo. 6.Debilitaron la capacidad técnica e institucional del Ministerio, reemplazándola por criterios políticos. Hoy el viceministro proviene del escándalo de la UNGRD. 7.Eliminaron instrumentos e incentivos para la innovación empresarial, reduciendo en cerca de $700 mil millones al año los recursos para innovación privada. 8.Intervinieron por razones políticas las principales universidades públicas de investigación del país. 9.Deterioraron institucional y financieramente a Agrosavia, comprometiendo la investigación agropecuaria y los bancos de semillas del país. No hicieron una revolución del conocimiento. Hicieron ciencia militante.

Estoy llorando de la rabia y de la impotencia. Mi oncólogo me da semanas de vida, el tiempo es mi recurso más escaso, y la Liga Contra el Cáncer de Pereira (ahora Liga Ama Salvar Vidas) me entrega el reporte de mi biomarcador (Claudina 18.2) incompleto, con datos faltantes vitales para que me acepten en un ensayo clínico. ¿Su solución? Que radique un derecho de petición y espere. No tengo semanas para esperar a que su burocracia resuelva un error que cometieron ellos mismos. Necesito YA saber la clona, el porcentaje y la intensidad de la tinción para salvar mi vida. El nombre de "Ama Salvar Vidas" les quedó gigante si aquí van a dejar morir a una paciente. Los hago responsables públicamente de cualquier deterioro en mi salud por retrasar el acceso a mi propia información médica. Los pacientes oncológicos no somos un número de radicado. Igual, por si acaso, ya les dejé enviado y radicado el derecho de petición exigiéndoles el reporte completo. A ver si la ley y la presión pública los hacen moverse. @Supersalud @PersoneriaPe @MinSaludCol

@Rafaelreds0808 @LaMalpa_rida @CarlosFGalan El problema es que no siempre saben que son de garaje. Si estan funcionando y con buena publicidad, con estrellas falsas de habilitación, asumen que es legal. No difieren en muchos aspectos de algunas legales donde los pacientes duermen en el piso mientras los atienden.

@LaMalpa_rida @CarlosFGalan Deje de hablar mierda. El alcalde se pronunció. Lo que deben hacer esas personas que no se aceptan como son es pagar en clínicas reales no en clínicas de Garage. Siempre lo barato sale más caro.

Como Yulixa Tolosa no vivía en el norte de Bogotá como Diana Ospina, el alcalde @CarlosFGalan no ha desplegado a toda la policía para encontrarla. Aahhh, y tampoco ni un tuit sobre Yulixa. El alcalde sólo gobierna para algunos.

@dianadiago @CarlosFGalan @SectorMovilidad @SectorMovilidad solo está en las zonas "azules" de parqueo, esperando como chulos a quien devorar ...pero motos con placa levantada, ladrones y parqueo irregular, nunca lo sancionan.

El descaro de los motociclistas al máximo, la ciudad se le salió de las manos al alcalde @CarlosFGalan nadie respeta las normas, no hay espacios seguros para el transeúnte. ¿Señor alcalde a qué se dedica su secretaria de @SectorMovilidad ? ¡La ciudad es un caos total!

🟥 🚨URGENTE--El periodismo que alertó al Estado. El D.N.I. Y LA FISCALIA SI SABIAN. Por Maria Clemencia Torres @otrocualquiera_ y Ricardo Ruidiaz @ruidiaz_ddhh En Colombia ser periodista no consiste únicamente en investigar, contrastar y publicar. Muchas veces consiste en decidir, si una información debe salir primero en un medio o llegar antes a un alto despacho del Estado para intentar evitar una tragedia. Y esa diferencia, que algunos no entienden porque jamás han cargado el peso de una fuente en riesgo, marca la distancia entre el periodismo de escritorio y el periodismo que se juega la vida en el territorio. Desde hace más de un año, la periodista María Clemencia Torres y yo, Ricardo Ruidiaz, veníamos trabajando con fuentes que nos suministraron información extremadamente sensible, obtenida desde adentro o desde la periferia inmediata de organizaciones criminales de alto impacto, como ahora les gusta llamarlas en este gobierno. No eran rumores. No eran cuentos de pasillo. No eran inventos para alimentar egos o ganar una chiva barata. Eran alertas serias sobre posibles acciones terroristas que ponían en riesgo la vida de altos funcionarios del Gobierno, de periodistas y de un miembro de la oposición. Y frente a eso había una decisión ética antes que periodística. Porque, aunque hoy abundan quienes confunden periodismo con espectáculo, todavía algunos creemos que la responsabilidad social está por encima del titular. Por eso esa información no fue tratada con el morbo del primero que publique, sino con el criterio de quien entiende que una noticia puede esperar unas horas si con eso se evita un atentado o se salva una vida. Esa fue la decisión. La información se puso en conocimiento del DNI y de un grupo especializado de la Fiscalía en el búnker. Fue valorada, verificada y, según lo que se nos informó en su momento, dio lugar a medidas y estrategias para neutralizar riesgos sobre altos funcionarios del Estado. Pero ahí aparece la primera herida moral de esta historia. Porque si bien se actuó para proteger ciertas vidas con poder, no ocurrió lo mismo para salvar la de un miembro de la oposición. Y eso produjo rabia. Indignación. La amarga certeza de que hubo alertas, de que hubo señales fuertes, de que pudo haberse hecho más y de que, sin embargo, no se evitó la pérdida de una vida. Aunque no tuviéramos el nombre exacto de esa persona, sí existían elementos de suficiente gravedad como para entender que el riesgo era real. Y cuando una vida se pierde pese a que hubo alertas previas, lo que queda no es solo dolor: queda una pregunta insoportable sobre las prioridades del Estado. También es necesario decir algo que muestra hasta qué punto este país normalizó la perversión: se nos advirtió desde el DNI que no podíamos compartir públicamente esa información porque se trataba de asuntos de seguridad nacional y porque, de hacerlo, podríamos enfrentar procesos judiciales. Es decir, el periodista recibe información de altísimo riesgo, la entrega institucionalmente para evitar hechos violentos, y luego debe cargar además con la amenaza de ser judicializado si habla. Qué curioso país este. Aquí al periodista no solo lo amenaza la mafia. También lo intimida el propio aparato estatal cuando la información toca fibras sensibles del poder. La información, sin embargo, siguió fluyendo. Se procesaba, se valoraba y, en esa misma medida, mi colega y yo teníamos que cuidarnos cada vez más. Ya no solo por las organizaciones criminales, que habían obtenido nuestra información personal y familiar a partir del celular de una de nuestras fuentes, posteriormente picada en un campamento a orillas del río Magdalena junto a un compañero suyo que nada tenía que ver con nosotros. También porque, paralelamente, arrecieron las acciones de organismos de inteligencia del Estado. Instalaron un micrófono y un GPS en la camioneta en la que me desplazo. Ocultaron un aparato para interceptar comunicaciones detrás del contador de agua de mi apartamento. Amenazaron a mi expareja. Las llamadas intimidatorias se volvieron constantes por todos los medios, y muchas causaban pavor porque describían con detalle mis movimientos, los de mi familia y los de mi colega María Clemencia Torres. Y luego vino lo más espeluznante. A finales de 2024, un poco después de la medianoche, dos sujetos encapuchados ingresaron a mi apartamento, a pocas cuadras de la Casa de Nariño, en La Candelaria, Bogotá. Aprovecharon la oscuridad y el hecho de que yo dormía. Desperté intempestivamente porque sentía que me asfixiaba. Al abrir los ojos, tenía la mano de uno de esos sujetos tapándome la boca y la nariz, mientras con la otra me apuntaba con una pistola en la cabeza. Sus palabras fueron precisas y secas con vocabulario conocido: “No grite o le damos de baja”. Mientras tanto, ese hombre le daba órdenes a otro sujeto que estaba en la sala, donde tengo mi escritorio: “Apúrese, guarde todo”. Los minutos fueron largos. Parecían horas. Temblaba. Y yo sabía que no era de frío. Intentaba mantenerme despierto porque sentía que iba a perder el conocimiento: la mano sobre mi boca y mi nariz no me dejaba respirar. Antes de irse, el hombre volvió a hablar: “No se asome, no nos siga o le damos de baja”. Se fueron. Cerraron la puerta de mi habitación. Escuché los pasos. Esperé unos minutos hasta lograr ponerme en pie porque seguía temblando. Salí y vi que de mi escritorio ya no estaba mi computador. El ascensor seguía en mi piso; no habían bajado por ahí. Vi las luces de las escaleras encendidas, que funcionan con sensor de movimiento. Bajé con precaución y encontré la puerta del edificio abierta. Cuando regresé al apartamento y empecé a revisar lo que se habían llevado, la escena fue todavía más reveladora. Se llevaron mi computador portátil, varias memorias USB, un disco duro externo y las memorias de mi cámara de fotografía y de video, aunque dejaron esos equipos. También se llevaron tres celulares: uno personal, otro de trabajo y otro con el que me comunicaba con mis fuentes, que estaba escondido detrás de unos libros, envuelto en papel metálico. Pero lo más alarmante fue otra cosa. Yo tenía en mi cartera dos millones de pesos porque al otro día iba a viajar. Sacaron el dinero y lo dejaron abierto en forma de abanico. Encima pusieron, en orden, mi cédula de ciudadanía, mi documento de identificación español y mis carnés que me acreditan como periodista. ¿Qué amenaza más clara que esa? Entraron por los equipos, por la información, por los canales de comunicación y por el mensaje. No era un hurto común. Era una operación de inteligencia y amedrentamiento. Llamé a mi esquema de protección, al cuadrante de la Policía y a la Línea Vida 103 de la UNP, que activó videollamada. Luego llegaron investigadores del CTI, quienes tomaron la denuncia, hicieron registro fotográfico, levantaron huellas y salieron con mis escoltas a identificar cámaras de vigilancia: tres de una entidad oficial ubicada frente a mi edificio y dos cámaras más de la Policía. Después de todo eso, cualquiera habría esperado que la Fiscalía, con ese material, identificara rostros, reconstruyera rutas y siguiera a los autores. Pero no. Un mes después archivaron la denuncia, clasificada apenas como un hurto sin identificación de responsables. Fue entonces cuando me tocó hacer lo que tantas veces le toca al periodista en Colombia: investigar lo que el Estado no investiga. Mediante derecho de petición solicité información a la entidad oficial que tenía tres cámaras orientadas hacia mi edificio y otras hacia los alrededores, así como al Centro Automático de Despacho. La respuesta fue escandalosa: ningún funcionario de policía judicial había ido a solicitar los videos. La entidad confirmó que las cámaras funcionaban y que daban hacia mi edificio, con posibilidad real de identificar a los autores, quienes corrieron hacia los lados de la Casa de Nariño, es decir, hacia una zona que para ese momento los sujetos ya debería estar sin las capuchas, porque allí hay custodia permanente de Ejército, Policía y del esquema de seguridad presidencial. Pero la historia no terminaba ahí. En el Centro Automático de Despacho, que tiene dos cámaras de monitoreo sobre la calle donde ocurrieron los hechos, desaparecieron las imágenes correspondientes a ese lapso de tiempo. Hoy, cuando recuerdo lo que le ocurrió a Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, víctima también de un extraño “hurto”, la asociación resulta inevitable. A ella y a mí nos advirtieron lo mismo: que los autores eran personas capacitadas en inteligencia. Y en mi caso, llevándose equipos de comunicación y almacenamiento de información mientras dejaban objetos de valor y dinero en efectivo, resulta más que evidente cuáles eran los objetivos. Mi colega María Clemencia Torres tampoco ha escapado a esa maquinaria. Ha sido víctima de chuzadas, seguimientos y vigilancia, incluidos sujetos en motocicleta que pasan y toman fotografías, según ha quedado registrado por vecinos suyos. Pero la persecución escaló aún más. En octubre de 2025, nuestras fuentes nos alertaron sobre la presencia de dos sicarios contratados para atentar contra María Clemencia y contra mí. Esa información fue denunciada ante la Fiscalía y, además, suministramos posibles alias. Ya no estábamos hablando de un riesgo abstracto ni de amenazas ambiguas: se trataba de una orden concreta de asesinato. Dos meses después, en diciembre, en Bogotá, cerca de mi residencia temporal —porque he tenido que cambiar constantemente de lugar—, la Policía capturó en la habitación de un hotel a dos sicarios. Tenían dos pistolas Glock 9 milímetros y munición conocida en el argot sicarial como “mata policías”. Pertenecían, según la información conocida, a una oficina de sicariato del Valle del Cauca. Y en la requisa a uno de ellos encontraron una hoja con información mía: mi número de celular, la dirección de mi residencia, algunas rutas que frecuento y detalles de mi esquema de protección, incluyendo placas de la camioneta, color del vehículo y cómo estaba conformado el esquema. Eso ya no era una sospecha. Era una confirmación brutal. Sin embargo, los dos sujetos fueron dejados en libertad por un juez de control de garantías, que consideró irregular el procedimiento porque la Policía no tenía orden de allanamiento para ingresar a la habitación del hotel. A la salida de la audiencia, uno de ellos fue recapturado porque tenía órdenes vigentes por múltiples homicidios. El otro se marchó, seguramente regresó al hotel por sus pertenencias —celulares, documentos y demás— y desapareció sin dejar rastro. El que quedó detenido le contó en la celda a otro delincuente que era sicario y que había venido a “hacerle la vuelta a un periodista”, me lo dijo friamente un policia. El policía qu particio del procesos de requisa alcanzó a tomarle foto a la hoja con mi información. Me llamó, me citó y me entregó esos datos, que me sirvieron para ampliar la denuncia ante la Fiscalía. Casi al tiempo, una de nuestras fuentes nos contactó para decirnos que la vuelta contra mí se había caído, que los habían contactado y que el plan no se ejecutó en ese momento. Pensé que la Fiscalía actuaría con inmediatez. O que, al menos, pondría el caso en primer orden. Pero la respuesta fue otra muestra del deterioro institucional. Un investigador del CTI me llamó y me dijo que tenía orden de la fiscal para escucharme en ampliación de denuncia, pero que ya no podía hacerlo porque salía a vacaciones de diciembre y que mejor relatara los hechos por correo electrónico. Así se hizo. En marzo, el mismo investigador me volvió a contactar para preguntarme por qué no le había enviado el relato. Le mostré el pantallazo: el documento había sido remitido en diciembre. Verificó y reconoció que sí había llegado, pero que no lo había visto porque recibía muchos correos. Hasta hoy, la sensación es que ese caso sigue en pausa. O congelado. O archivado de facto bajo la costumbre nacional de dejar que el tiempo haga el trabajo de la impunidad. Y es ahí donde esta historia aterriza de lleno en el presente, en lo que hoy está ocurriendo con el orden público en el país. Porque a finales de 2024 le informamos al DNI y al grupo especializado de la Fiscalía le dimos detalles precisos sobre acciones criminales que se iban a presentar en distintas ciudades durante los días previos a las elecciones presidenciales. Hablamos de las organizaciones responsables, de los canales por los que estaban consiguiendo armas y explosivos, y de nombres de candidatos que podían estar en riesgo porque habían sido mencionados dentro de esas estructuras criminales. En ningún momento apareció el nombre de Iván Cepeda, y aquí sí hay que decirlo con claridad: agencias internacionales de inteligencia, desde hace más de dos años, han estado en contacto con nosotros y han valorado como positiva la información que hemos suministrado. Y también podemos decir hoy otra cosa: la llamada junta del narcotráfico no existe, pero sí existe una alianza criminal para la realización de acciones terroristas, de la que también participan bandas delincuenciales usadas para ejecutar planes. Es decir, el problema no era un invento, no era paranoia y no era literatura conspirativa. Era, y sigue siendo, una estructura criminal operando en la sombra mientras el Estado decide a quién proteger, a quién escuchar y a quién vigilar. Así que sí: agencias de inteligencia del Estado tenían conocimiento de buena parte de lo que podía ocurrir y de lo que está ocurriendo actualmente en el país. Pero en lugar de concentrarse exclusivamente en desactivar esos riesgos, dedicaron tiempo, recursos y energía a perseguirnos a mí y a mi compañera María Clemencia para identificar nuestras fuentes. Y esas mismas organizaciones criminales reivindicaron la orden de asesinarnos, porque todo lo aquí relatado es apenas una pequeña parte de la información que ya tienen otros países sobre lo que está ocurriendo en Colombia en materia de seguridad y corrupción. Y aun así seguimos investigando. Seguimos viajando. Seguimos reuniéndonos con fuentes. Seguimos haciendo el trabajo que muchos aplauden en abstracto, pero que pocos estarían dispuestos a asumir cuando implica subirse a una carretera sin certeza de regreso, entrar a territorios en disputa, escuchar lo que el crimen está planeando y luego sentir, además, que no solo lo observan los criminales, sino también agentes de inteligencia del Estado interesados no tanto en neutralizar la amenaza, sino en identificar a las fuentes. Y ahí está uno de los puntos más graves y más indecentes de todo este relato. Porque un Estado serio, frente a información sensible entregada por periodistas, debería concentrarse en proteger la vida, desactivar riesgos y blindar la reserva de las fuentes. Pero en Colombia demasiadas veces pareciera que algunos organismos se interesan más en rastrear quién habló que en desmontar del todo aquello que se advirtió. Es la vieja enfermedad del poder: no soporta que alguien sepa más de la cuenta, no tolera que el periodista llegue donde la institucionalidad no llegó y, peor aún, no acepta que las fuentes confíen más en un reportero que en quienes oficialmente deberían protegerlas. Eso convierte el ejercicio periodístico en una doble exposición: por un lado, el acecho de organizaciones criminales; por el otro, la presión o vigilancia de estructuras estatales de inteligencia que no siempre parecen actuar con lógica de protección, sino de control. Y entonces el periodista queda atrapado en el corredor más oscuro de esta democracia averiada: si investiga, molesta al crimen; si alerta, incomoda al poder; si protege a sus fuentes, despierta el interés de quienes quisieran romper esa cadena de confianza; si calla, traiciona su oficio; y si habla, puede terminar señalado, vigilado o incluso procesado. Eso no es normal. Eso no es democrático. Eso no es un Estado que protege la libertad de prensa. Es un país donde el periodismo de investigación sigue siendo visto, por demasiados actores, como una amenaza a administrar y no como una función social que debe ser protegida. Lo más grave de esta historia no es solo que periodistas hayan tenido acceso a información sobre posibles acciones terroristas. Lo más grave es que, después de alertar al Estado, el periodismo siga teniendo que preguntarse si quedó más expuesto frente a los criminales o frente a ciertos sectores del propio aparato estatal. Porque cuando un reportero advierte sobre un riesgo, ayuda a prevenir un atentado y termina con micrófonos, GPS, interceptaciones, sicarios siguiéndole la pista y expedientes que se duermen en un correo no leído, algo está podrido en la relación entre inteligencia, poder y libertad de prensa. En Colombia, demasiadas veces, el periodista queda en la mitad: si no alerta, lo condenan moralmente; si alerta, lo silencian; si investiga, lo siguen; si sobrevive, le archivan la verdad como si fuera un simple hurto; y si insiste, le mandan sicarios. Y en ese punto ya no estamos hablando solo de violencia contra la prensa. Estamos hablando de un Estado que, en lugar de blindar al periodismo que previene tragedias, termina empujándolo al mismo abismo del miedo. Y en Colombia, por desgracia, ese olor ya no es nuevo. Para finalizar, María Clemencia Torres y yo, Ricardo Ruidiaz, utilizaremos la frase con la que cierran muchos y muchas, para dejar constancia, no tenemos ninguna intención de suicidarnos y, por el contrario, nos mantenemos en máxima alerta incluso frente a la posibilidad de un atentado disfrazado de accidente, más aún cuando en una ocasión ya aflojaron las tuercas de la dirección de la camioneta en la que me desplazo, hecho que fue oportunamente denunciado ante la Fiscalía e informado a la UNP. @FLIP_org @SPA_Periodistas @DanielMejiaLoz1 @RSF_esp @RSF_ES @AmnistiaToledo @amnistiaespana @AmnistiaOnline

@AteneaBogota @Bogota Estos programas deben tener obligatorio el acompañamiento psicosocial desde antes de ingresar a clases. Muchos jóvenes no se adaptan fácilmente a este sistema "agresivo" y más cuando son de "clases" sociales diferentes a sus compañeros y sienten marcada discriminación

Hoy, lamentamos profundamente la partida de una joven que hacía parte del programa #JóvenesALaE. Cuando se apaga una vida, no solo duele a su familia y a sus seres queridos, también a @Bogota, que hoy comparte ese dolor. Nos unimos en solidaridad con su familia, sus amigos y toda la comunidad académica en este difícil momento.

@GustavoVergel7 @Carlosedomg @petrogustavo 0 seguidores ... Es una IA entrenada o un bodeguero de ultra derecha.

@Carlosedomg @petrogustavo Carlos Iluso... su CINISMO no tiene cura

He firmado el decreto de nivel salarial de las fuerzas militares y policiales. Los de menos sueldo ganan en porcentaje mucho más elevado del 23% anual y los de mayor grado ganarán un 7% anual. En esa escala se establece la escala salarial entre grados militares y policiales. los soldados regulares, profesionales y patrulleros y patrulleras de la polícia, lo mismo en la Armada y la Fuerza Aérea, logran elevar más su nivel de vida y reactivarán en mucho la economía de sus familias y sus regiones de origen.

#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.462 Evento mañana 7 de abril de 2026 a las 10:00am en la Iglesia METROPOLITANA Ubicada en el Parque Bolívar, en Medellín. Este espacio busca ser un momento de encuentro, reflexión y respaldo de solidaridad por todos los desaparecidos

@iEnglishGrammar :) si funciona de a2-b1 en un par de meses te consigo 100 seguidores.

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@PasaenBogota @CootranszipaA @cootranszipa @MinTransporteCo y esta gaminada es avalada por ustedes? No una, sino dos flotas afiliadas vienen haciendo lo mismo!

#MOVILIDAD. Nos envían; "Buen día busetero invadiendo la berma, en la Autopista Norte a la altura del peaje de Los Andes, en sentido Norte-Sur. Ocurrió el pasado domingo 22 Marzo del 2026, hacen lo que se les da la gana, le quieren echar el vehículo a todo el mundo por encima".