Valentina Andrade

¿Qué hay detrás del discurso democrático con el que el gobierno de Daniel Noboa justifica sus decisiones? En este nuevo episodio de Detrás del Poder reunimos una compilación de hechos ocurridos desde que asumió la Presidencia: episodios, medidas y señales que, vistas en conjunto, nos obligan a preguntarnos si Ecuador sigue viviendo plenamente en democracia. Somos El Balance, periodismo de investigación independiente. #DetrásDelPoder #ElBalance #PeriodismoIndependiente

#ANALISIS | ¿ALLANAMIENTOS A JUECES DE LA CORTE EN PLENO FERIADO? EL DECRETO 353: EL ESCENARIO DE PRESIÓN INSTITUCIONAL El Decreto Ejecutivo 353, firmado la noche de hoy, 2 de abril de 2026, declara un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna y suspende derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia en varias provincias, entre ellas Pichincha, donde tiene sede la Corte Constitucional. La medida entra en vigencia empezando el feriado de Semana Santa, a pocas horas de la madrugada —como ya nos tienen acostumbrados— habilitando allanamientos sin orden judicial previa en un momento en el que la reacción institucional, política y mediática tiende a disminuir. La "coincidencia" no es menor: la Corte Constitucional mantiene en trámite decisiones sensibles para el Ejecutivo, incluyendo el control de leyes económicas urgentes, reformas institucionales y cuestionamientos sobre actuaciones recientes de órganos de control. Así, la habilitación de facultades extraordinarias en pleno feriado configura un escenario que permite anticipar posibles actuaciones dirigidas contra jueces del máximo órgano de control constitucional, especialmente si se considera el patrón reiterado de operativos ejecutados de madrugada. Esta redacción no afirma que los allanamientos ocurrirán necesariamente en las próximas horas; sin embargo, el marco jurídico vigente, el momento político y el precedente de actuaciones similares permiten advertir el escenario. Si los operativos se concretan, se presentarán bajo la narrativa de la excepcionalidad... Lo preocupante es que si no ocurren, el foco deberá desplazarse hacia las decisiones que adopte la Corte en los procesos que inciden directamente sobre el Ejecutivo. En ambos casos, la coincidencia entre excepcionalidad jurídica, feriado prolongado y causas constitucionales pendientes instala una alerta particular sobre posibles mecanismos de presión indirecta sobre el órgano llamado a controlar el poder. Por: @chespolitico_ #Democracia #SeparacionDePoderes #SomosElBalance #PeriodismoIndependiente

Ocurre poco después de que un tribunal penal revocó la prisión preventiva de los implicados en el caso "Goleada". Imposible no pensar con suspicacia.

La Contraloría puso bajo examen patrimonial a dos jueces de la Corte Constitucional que tumbaron leyes clave del gobierno. ¡Mira el programa completo! youtube.com/watch?v=ZkIX_7…

El Balance Ep.9 | Elecciones anticipadas y la RC proscrita Ante el anuncio del CNE de modificar el calendario electoral para anticipar las votaciones, la RC atraviesa una crítica situación por su proscripción. Miranos en vivo: Youtube youtube.com/watch?v=ZkIX_7… En X x.com/i/broadcasts/1… Somos El Balance, periodismo de investigación independiente. #PeriodismoIndependiente #PeriodismoDeInvestigación

EL ARMA JURÍDICA DE NOBOA: ENRIQUE HERRERÍA Enrique Herrería no es un técnico neutral, es un operador jurídico del poder. Su trayectoria muestra a un cuadro político que ha transitado entre cortes, legislatura y Ejecutivo, especializado en convertir decisiones políticas en arquitectura legal. Su llegada a Carondelet no fue decorativa: fue la designación de alguien que conoce por dentro la Corte Constitucional y sabe como blindar jurídicamente al gobierno. Entonces, cuando el poder necesita consolidarse, no solo busca votos: busca operadores capaces de anticipar controles, neutralizar riesgos y sostener estrategias legales de largo aliento. Así, el Derecho deja de ser solo garantía y empieza a ser otro instrumento del poder de turno. Por: @chespolitico_ Mira el análisis completo en Youtube: youtu.be/ER3-woDlMmM?si… #Opinión #ElDesbalance #DanielNoboa #CorteConstitucional #Justicia

Asamblea aprueba reforma a la LOOTUGS ¿De qué se trata? Míralo en el programa completo: youtube.com/watch?v=QC5A3o…

@alvatin18 @DanielNoboaOk No cabe duda de que ese sujeto desprecia la democracia

Así es como @DanielNoboaOk se mofa públicamente de la instituciones: afirma, sin ruborizarse, que es capaz de garantizar la impunidad de personajes cuestionados como Luque, —uno de los responsables de la estafa de $104 millones de PROGEN— en tanto mantiene encarcelado a Aquiles Álvarez, acorrala a los jueces de la Corte Constitucional con acciones de control, elimina partidos políticos y manipula el calendario electoral para monopolizar la papeleta. En este punto, no hay duda de que en Ecuador se instaló una dictadura de facto por la ruptura del orden institucional. Increíble el desprecio de este individuo por la democracia.

¡Ya estamos en vivo! Únete: youtube.com/live/QC5A3ovWN…

COMUNICADO Con relación al pedido de rectificación enviado por la influencer Karla Semanate, El Balance refiere lo siguiente: #SomosElBalance #PeriodismoIndependiente

Daniel Noboa defendió este 31 de marzo, en Radio Gaviota, el cambio del calendario electoral para que las seccionales pasen del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. Dijo que la modificación busca asegurar que haya competencia y que votar en febrero, en medio de lluvias, habría favorecido “al correísmo y a los pachas”. Pero, al mismo tiempo, afirmó que el cambio permite votar a la ruralidad de la Costa, donde, según su propia lectura, la oposición tiene más fuerza. La explicación nos deja una contradicción, ya que presentó el adelanto como una medida que evita beneficiar a la oposición, pero a la vez, como una decisión que termina favoreciendo su participación. Y entre líneas, tocó lo institucional. Cuando el Presidente dijo “estamos asegurando que haya competencia”, dió a entender que el ajuste del calendario se trató de una decisión de su Gobierno, aunque esa atribución le corresponde al CNE. Recordemos que el CNE sostiene que la medida fue adoptada con base en informes reservados vinculados al posible fenómeno de El Niño y que cuando se les ha pedido precisar en qué estudios técnicos se apoyaron y qué norma permitiría jurídicamente alterar el calendario ya aprobado, ninguno de sus representantes dió una respuesta clara. Además, sobre la insistencia del discurso oficial en que el adelanto amplía la participación, la realidad es que la comprime, pues el nuevo calendario acorta tiempos para democracia interna, inscripción de candidaturas, organización de padrones y campaña electoral, a eso se suma un escenario ya limitado por decisiones previas: la Revolución Ciudadana suspendida por nueve meses, y Unidad Popular y Construye, bajo amenaza de extinción. A eso se sumó otra declaración delicada. Al hablar de trabas legales para ejecutar obras, Noboa contó, en tono de broma, que le dijo a su ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, que si cometía alguna ilegalidad, después lo sacaría de la cárcel. Aunque se lo presentó como chiste, el mensaje proyecta una relación ligera con los límites legales y su gabinete. Por: @iarandrader

Vi solo 4 minutos de la entrevista de Noboa en Radio Gaviota y automáticamente se me olvidó la tabla del 2.

Detrás del uso insistente de la palabra “terrorismo” por parte del Gobierno de Daniel Noboa, hay una construcción política del miedo. En este primer programa de Detrás del Poder analizamos qué implica nombrar así al crimen organizado, qué efectos tiene sobre los derechos, el poder y la opinión pública, y cómo el miedo ha sido usado históricamente por distintos gobiernos como herramienta de control y concentración de poder. Somos #ElBalance, periodismo de investigación independiente. ¡Mira el programa completo! youtube.com/watch?v=drGeMr… #DetrasDelPoder

Así más o menos las cosas…

El reportaje de Señal Investigativa reabrió una de las zonas más sensibles del caso Fernando Villavicencio: la posibilidad de que el magnicidio no se lea por separado de la ruta del narcotráfico en puertos y exportaciones ecuatorianas. La pieza, publicada este 30 de marzo por RTVC, conecta esa hipótesis con los cargamentos de cocaína hallados en contenedores ligados a la familia Noboa, temas que en Ecuador han corrido por carriles distintos. En su primer eje, el reportaje sostiene que de los cinco sicarios colombianos capturados, uno, Jules Castaño Alzate, habló con un agente del FBI. Ese interrogatorio mostraría presiones y ofertas de dinero y seguridad para orientar el testimonio contra el ex presidente Rafael Correa, mientras la autoría intelectual del crimen seguiría sin esclarecerse. Ocho días después, varios implicados fueron asesinados en una cárcel de Guayaquil. A eso se suma el testimonio de Gisella Molina, testigo y excandidata de Villavicencio. En el reportaje, sostiene que Patricio Carrillo, quien iba con Fernando, salió por una puerta trasera y evitó el destino del ex candidato. Para Molina, ese detalle sugiere que Carrillo ya sabía lo que iba a pasar. La otra mitad del trabajo se centra en los cargamentos de droga en contenedores vinculados al Grupo Noboa. RTVC afirma que la investigación documentó al menos nueve casos de cocaína en cargamentos de banano que salieron de Ecuador hacia Europa, incluidos decomisos en Guayaquil entre 2020 y 2025 y otro envío interceptado en Turquía en 2023 en cajas de la marca Bonita, perteneciente al grupo Noboa. El reportaje también añade chats balcánicos sobre contenedores ecuatorianos y apoyos dentro de la misma cadena logística. En mayo de 2023, Villavicencio informó que había abierto una investigación sobre 10 puertos privados de Guayaquil por la falta de control estatal. Dijo que se desconocían sus ingresos, accionistas y actividades, y pidió información al SRI, la UAFE y otras entidades. Ese antecedente ayuda a entender por qué el reportaje une el magnicidio con la logística bananera bajo sospecha. Por: @iarandrader

MAÑANA, ¡En El Balance!🎙 Con: Álvaro Espinosa (@alvatin18) Los temas: 🔥 Movilizaciones contra el Gobierno de Noboa. 🚨 ¿Aumenta el descontento popular? Invitado: 🕕 Desde las 10h00, nos acompañará Andrés Quishpe, (@VAndresQuishpe), presidente de la @UNENACIONAL. 🎥 Te esperamos. #SomosElBalance #PeriodismoIndependiente

Las entrevistas que dieron este lunes Diana Atamaint y Enrique Pita, lejos de despejar dudas sobre el adelanto de las seccionales, las ampliaron. Atamaint, presidenta del CNE, sostuvo en Teleamazonas que no se cambiaron las elecciones, sino “la fecha de las votaciones”. Según dijo, los comicios serán el 29 de noviembre de 2026, pero el organismo tendrá desde el 2 de enero hasta el 13 de febrero de 2027 para contar votos, atender impugnaciones y proclamar resultados definitivos. También advirtió que, en época electoral, la máxima autoridad es la Función Electoral, en una referencia a eventuales cuestionamientos desde la Corte Constitucional. Pero esa explicación no responde por qué unos votos emitidos en noviembre tendrían que quedar pendientes hasta enero de 2027, tomando en cuenta que el propio calendario electoral contempla actuaciones desde diciembre. Más que cerrar la discusión, la intervención dejó abierta una inquietud concreta sobre el manejo de esas papeletas y sobre la lógica de un proceso que se vota en 2026, pero cuyo cierre formal se empuja al año siguiente. A eso se sumó la entrevista de Enrique Pita, vicepresidente del CNE, en Ecuavisa. Consultado varias veces sobre la norma que permitiría modificar el calendario electoral, no pudo citar el artículo respectivo y terminó admitiendo que no lo tenía “exactamente en este momento”. Luego señaló que quien se sienta perjudicado puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Con eso, la controversia dejó de girar solo alrededor del cambio de fechas y pasó hacia la falta de una explicación jurídica clara por parte del propio organismo encargado de ejecutarlo. En ese contexto, la abogada y politóloga Melania Carrión resumió en Punto Noticias, que el CNE no tiene competencia para cambiar el calendario una vez anunciado y que, precisamente por su falta de existencia, Pita no encontró la disposición que lo respalde. Por: @iarandrader

Comentarios de la ONU, de la CED y de la opinión pública. ¿Contra quiénes ha arremetido el Plan Fénix? Míralo en el programa completo aquí: youtube.com/watch?v=ajmMS8…

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN ADVIERTE SESGO POLÍTICO EN LA DECISIÓN DEL CNE DE ADELANTAR LOS COMICIOS Este domingo 29 de marzo de 2026, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un comunicado contundente en el que acusa al Consejo Nacional Electoral de haber abandonado su rol técnico y neutral para convertirse en un operador político. Según la organización de la sociedad civil, el CNE “manipula los tiempos electorales, judicializa a los actores políticos y crea escenarios excluyentes”. La crítica llega justo dos días después de que el Pleno del organismo electoral aprobara, con cuatro votos a favor y uno en contra, adelantar las elecciones seccionales y del CPCCS del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026, argumentando riesgos del Fenómeno de El Niño. La CNA sostiene que esta decisión no solo acorta drásticamente los plazos para la inscripción de candidaturas y la organización de alianzas, sino que favorece a quienes ya tienen estructura consolidada y perjudica a las organizaciones políticas que aún están en procesos de descargos o reorganización. “El Consejo Nacional Electoral se ha convertido en operador político”, afirma el comunicado. Para la Comisión, estas acciones debilitan la ya frágil institucionalidad democrática del país y responden más a intereses políticos y mediáticos que a criterios técnicos imparciales. El pronunciamiento de la CNA se suma a las voces que cuestionan la coincidencia temporal entre el adelanto electoral, la renuncia del director del INAMHI (quien había pedido más tiempo para confirmar El Niño) y los procesos de cancelación de personería jurídica de partidos como Unidad Popular y Construye. Mientras el CNE defiende la medida como una garantía para el ejercicio del voto ante posibles afectaciones climáticas, la Comisión Anticorrupción la interpreta como una maniobra que restringe la competencia real y concentra el juego político en un solo lado. Por: @iarandrader

FUT SALE A LA CALLE: EXIGEN DEROGAR FLEXIBILIZACIÓN LABORAL Y REFORMAS QUE LIMITAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto a al menos seis organizaciones sindicales y sociales, anunció este 28 de marzo movilizaciones para el 1 y 8 de abril, y el 1 de mayo. Exigen la derogatoria inmediata del Acuerdo Ministerial de flexibilización laboral y de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). También pidieron la renuncia de Diana Atamaint como presidenta del CNE. El acuerdo ministerial, emitido por el Ministerio del Trabajo, permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias, si se supera ese límite semanal, deberán pagarse los recargos previstos en la ley. El Gobierno lo presenta como una medida de flexibilidad y eficiencia laboral, sin embargo, los sindicatos lo rechazan porque, en la práctica, facilita la precarización: permitiría concentrar la jornada semanal en días más largos, sin que eso implique por sí solo recargos adicionales, además de mayor inestabilidad laboral y un debilitamiento de las garantías históricas del Código del Trabajo. A esto se suman las reformas al COOTAD, que reducen competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en materia de gasto y planificación, imponiendo una regla obligatoria de gasto y reforzando los mecanismos de control sobre los GAD. Para los trabajadores municipales y provinciales, organizados en la Fetmyp, esto significa menos autonomía local, mayor vulnerabilidad y un riesgo de ajuste de personal bajo criterios de “eficiencia”. “Enfrentamos un gobierno sometido al FMI, que busca censurar y debilitar a las organizaciones sociales. Está en riesgo el derecho de todos los sectores populares a organizarse y defender sus derechos”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la UNE. Mientras el Ejecutivo argumenta que estas medidas buscan sostenibilidad fiscal, los sindicatos ven en ellas una regresión de derechos conquistados: denuncian catorce años sin incremento salarial en el sector público, mayor carga laboral y un claro debilitamiento de la autonomía municipal. Por: @iarandrader