Antonio Rico

@luisgonzaloseg @AnaGarridoRamos son dos de los ejemplos más claros y dolorosos en España de personas que decidieron cumplir con su deber ético y legal frente a la corrupción. Doy fé de que son dos personas para admirar, que deberían ser puestas como ejemplo positivo para millones de funcionarios públicos. Sin embargo, el sistema las ha abandonado. Dos claros ejemplos del fallo del sistema. Ambos merecen reparación y cambios estructurales que impidan que otros terminemos igual.

👉 Antes de preguntar quién representa al Estado en una empresa, quizá conviene preguntarse algo más básico: ¿por qué está ahí el Estado? 🆕 Lee el nuevo análisis del investigador @GermanJ_ArenasA en el #BlogHayDerecho sobre el #Dedómetro SEPI 2026: hayderecho.com/2026/05/25/35-…

La libre designación no es sinónimo de libre arbitrio. El concurso constituye la regla; la libre designación, una excepción reservada a puestos de verdadero carácter directivo o especial responsabilidad. Su utilización exige una motivación específica, individualizada y verificable que justifique por qué el puesto no puede proveerse mediante concurso. Cuando la Administración omite esa justificación, la discrecionalidad degenera en arbitrariedad y procede el control jurisdiccional (STC 235/2000; STS 7-5-1993; STS 21-5-2012). 📚 Aliaga Rodríguez, R. (2024). Características de los puestos de trabajo para su provisión mediante el sistema de libre designación. Actualidad Administrativa, (4), 1-30. #DerechoAdministrativo #LibreDesignación #EBEP #Discrecionalidad #Motivación #FunciónPública

Agradecidos a @EstefaniaJoaq por citar el libro que acabamos de sacar @JoaquimBoschGra y un servidor en @Tirant_ESP sobre la #Corrupción en España Dr. Jekyll y Mr. Hyde: teoría y práctica de la corrupción en España elpais.com/ideas/2026-05-… vía @el_pais

Las palabras son reales y fueron pronunciadas por @sanchezcastejon Son declaraciones reales de Pedro Sánchez de 2017, cuando era líder de la oposición y exigía la dimisión de Mariano Rajoy por los escándalos de corrupción del PP. Lo que Sánchez exigía como intolerable en el PP (corrupción en el partido del Gobierno) ahora está ocurriendo en su propio partido y gobierno.

Voy a empezar pidiendo disculpas por lo que voy a escribir. Lo hago desde mi experiencia como denunciante de corrupción que he vivido en primera persona las represalias, las amenazas y el aislamiento profesional y personal, y, al leer la entrevista al presidente de la AIPI, Manuel Villoria Mendieta, y no puedo más que sentir una mezcla de decepción y rabia contenida. El señor Villoria es cierto que siempre me ha atendido y se lo agradezco enormemente, igual que hay que reconocer avances y proponer reformas como él dice. Pero lo que no dice con la claridad que merece es que, hoy por hoy, la Ley 2/2023 sigue dejando a los denunciantes como yo prácticamente desprotegidos, se nos hace cuesta arriba continuar en activo. Es un avance sobre el papel, pero una trampa mortal en la práctica. En primer lugar, la ley excluye expresamente la protección cuando el denunciante acude directamente a la Fiscalía, a la Policía o al Juzgado de Guardia (artículo 35.2.a). ¿Y quién no lo hace cuando el canal interno de su propia administración es el que está corrupto o controlado por los mismos que cometen las irregularidades? Villoria lo admite: esto incumple la Directiva UE 2019/1937 y el Considerando 62, que obliga a proteger incluso cuando el derecho nacional exige denunciar. Resultado: si actúo con responsabilidad y voy a la justicia, pierdo toda protección. Es una incoherencia absurda que castiga al que cumple la ley. Segundo, la ley permite que el canal interno inadmita la denuncia y, automáticamente, el denunciante quede fuera de protección. ¿Quién decide si la denuncia es admisible? Precisamente la administración denunciada. Dejar en manos del posible corrupto la llave de mi protección es, sencillamente, una barbaridad. Villoria lo reconoce y propone eliminar esta exclusión. Mientras tanto, miles de denunciantes estamos expuestos. Tercero, el límite de dos años de protección (artículo 36.4) es arbitrario y más restrictivo que la propia Directiva europea, que no lo establece. Otros países ya lo han eliminado. ¿Por qué España sigue manteniendo esta caducidad que no protege al denunciante cuando las represalias pueden durar años o de manera eterna allá donde vayamos debido al estigma como reconoció @TConstitucionE en mi sentencia con traslados inertes? La prescripción de las propias infracciones de represalia es de tres años (artículo 64.1). ¿Qué sentido tiene proteger solo dos años si la venganza puede llegar después? Es una protección temporal que, en la práctica, doy fe que es ninguna protección. Cuarto, y quizá lo más grave: la regulación de las medidas cautelares es escasa e insuficiente. No hay mecanismos ágiles ni urgentes para que la AIPI pueda suspender de inmediato una represalia (traslado, despido, acoso, exclusión de ascensos…). Villoria lo dice claramente: “la regulación de medidas de protección es escasa e insuficiente”. Mientras se tramita un procedimiento sancionador, el daño ya está hecho. Yo lo he vivido: cuando denuncias, las represalias son inmediatas. La ley llega tarde, en mi caso 12 años tarde. Además, en la Administración Local (donde se concentra gran parte de la corrupción en España) la situación es aún peor. Miles de municipios siguen incumpliendo la obligación de tener un Sistema Interno de Información en condiciones. La AIPI ha tenido que sacar una Recomendación 2/2026 para dar soluciones prácticas porque la realidad es que muchos ayuntamientos pequeños ni siquiera cumplen la ley. ¿Y quién denuncia en un municipio donde el alcalde y el secretario son los mismos que cometen las irregularidades? ¿A quién recurro? Continúo 👇....

🚨🚨El caldo de cultivo de la corrupción sistémica es la sensación individual de impunidad. El corrupto está convencido de que los delitos que comete nunca serán perseguidos. La actuación firme de la Justicia en la persecución de esos delitos, puede tener un efecto disuasorio para evitar la comisión de los mismos en el futuro. Por eso, es imprescindible un robustecimiento de los controles del poder, en especial, del Poder Judicial.

@MagistraThor @Ororo_Pride ...y dar una protección real a los denunciantes de irregularidades😉

Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero seguro que te conseguirá una mejor clase de recuerdos.... (Reagan)

Fijémonos en el membrete de la carta de intenciones (LOI) de la empresa del partido comunista chino para comprar crudo venezolano: "Oficina del Presidente Zapatero. C/ Ferraz 70". Parece que las gestiones del "peaje" se centralizaban en la propia sede nacional del PSOE.

'España, cara B: farsa, corrupción y fraude'

6/ Pero todo ello no evita que el caso sea muy grave. Por lo que si la respuesta de la izquierda es defender a un (posible) corrupto frente a los que aclaman a otro (posible) corrupto, entonces vamos de mal en peor. Izquierda al margen, acabe como acabe el caso, España Negra.

1/ El caso Zapatero huele mal por demasiadas cosas: movimientos societarios, transferencias, registros, comunicaciones interceptadas, facturas falsas, grandes beneficios en poco tiempo... No parece que estemos ante algo menor.

ESPAÑA, ¿MAL O PEOR? En pleno caso Zapatero, el PP, Vox y SALF se han manifestado: -contra la corrupción, arropando a Aldama -por la democracia, mientras se intimidaba a periodistas -y por la dignidad, entre banderas franquistas. ¿Tiene remedio España? 👇🏻

@laSextaTV 😵‍💫

La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021 atres.red/o3ckf2

No se interroga igual a los testigos que a los investigados (que no acusados, no confundir). Ni en España ni en ningún sitio.

«Cuando los casos de corrupción o de uso irregular de fondos públicos afloran a la vez que el esfuerzo de los contribuyentes es más elevado que nunca, el agravio no es solo institucional. Es personal. Porque el dinero público sí es de alguien. Es de todos nosotros. Y la furia del contribuyente ante su mal uso está más que justificada: es casi un deber democrático»