Carlos César Trapani

👉🏻Enrique Jacquet, familiar de las víctimas del accidente fatal ocurrido en San Bernardino, manifestó su indignación luego de que la Corte rechazara el pedido para que su padre sea admitido como querellante dentro de la causa. 🚨Según manifestó, la resolución judicial representa “otro golpe más” para las familias afectadas por la tragedia. Además, sostuvo que la medida se habría producido debido a la negativa de los familiares ante ciertas situaciones y negociaciones relacionadas con el caso. #C9N c9n.com.py/noticia/padre-…

⚖️🚔La Corte rechazó la participación del padre de la víctima como querellante en el caso del accidente fatal ocurrido en San Bernardino. 🔎La decisión genera nuevas repercusiones dentro del proceso judicial. #C9N c9n.com.py/noticia/corte-…

Las víctimas acuden a la justicia penal esperando que se les devuelva el respeto. Quieren que se les reconstruya institucionalmente la verdad. Darles participación es una forma de redignificación. Hay suficiente espacio para otorgar garantías al imputado y consideración a las víctimas. No es un juego de suma cero.

Siguiendo lo dicho por el colega @JorgeRolonLuna, diría que la decisión de la Corte nos deja tres cosas: 1) LOS DERECHOS NO SON SU PRIORIDAD: la Corte está para encontrarle la vuelta constitucional a cuestiones patrimoniales y comerciales, pero nunca para atender casos de personas que no tienen (dinero o poder, sino nada) más que derechos en su vida. 2) EJEMPLO DE MALA FE: ya está bastante destruida nuestra práctica jurídica como para que el máximo tribunal del país tome tramposamente una parte de lo que se le presenta (voto del ministro Diesel), ignore el resto, distorsione los argumentos que le plantean las partes y acomode la lectura a su decisión (algo así como: “leo lo que quiero y como quiero”). 3) PRÁCTICA VIOLATORIA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS CONSOLIDADA: Si para la Corte no representa un argumento de violación constitucional el hecho de que jueces apliquen normas ajenas (totalmente impertinentes) al caso y, con eso, afecten el ejercicio de derechos fundamentales mediante una resolución que ni siquiera logra conectar el derecho con los hechos, entonces, ¿cómo y cuándo la Corte va a encontrar admisible estudiar este problema estructural (me refiero a esta estructura de poder que restringe la participación de las víctimas en el proceso penal y que se ve también en otros casos)?

La sala constitucional de la Corte lo volvió a hacer. Rechazó la posibilidad de analizar si es constitucional entender, como entendió (equivocadamente) el Tribunal de Apelaciones de Cordillera, que el derecho a heredar los bienes de un familiar fallecido es lo mismo que el derecho a intervenir en un proceso penal por la muerte de ese familiar. Si distribuir la herencia es, digamos, igual que asumir la condición de víctima en juicio. Claramente son cosas distintas.

En Paraguay, las víctimas y sus familias carecen de derecho alguno cuando se las tienen que ver con ricos, poderosos o mafiosos. Ello ocurre no porque la constitución, los tratados o la ley se los nieguen, sino porque el sistema de justicia se rinde de manera recurrente y a la vez vergonzosa, ante quienes tienen dinero, conexiones políticas, “recursos varios”. Esa norma no escrita la aplican a rajatabla fiscales, jueces inferiores y la mismísima Corte Suprema de Justicia. Sin mucho esfuerzo intelectual, con argumentos carentes de mínima sofisticación, siempre encuentran pretextos para evitar que ellas tengan voz en investigaciones y juicios. El colmo: han llegado a utilizar normas del derecho civil en causas penales, para dar el gusto a estos clientes VIP del sistema.

Nuestra democracia constitucional tiene muchas deudas, demasiadas. Sin embargo, en las últimas décadas, uno puede advertir que los poderes del Estado, pese a todo, registraron determinados logros (cumplieron -algunas de- sus funciones, digamos). Por mencionar ejemplos, el Ejecutivo, como administrador del país, consiguió alcanzar cierto “orden económico” (aunque ese orden, es verdad, todavía está -muy- lejos de satisfacer las exigencias sociales que la misma Constitución impone). El Congreso, sobre todo el Senado, consiguió contrapesar la concentración de poder por parte del Ejecutivo en varias oportunidades. Tenemos entonces que el Poder Judicial es, sin dudas, el más deficitario de todos. La Corte no supo arbitrar los conflictos políticos haciendo cumplir las reglas de juego. Casi siempre, por acción u omisión, convalidó los abusos de los otros poderes, en línea con los intereses del oficialismo de turno. En lugar de mantener a raya al Ejecutivo y al Legislativo, permitiendo que los políticos tomen las medidas que consideran convenientes sin saltarse los procedimientos, se ha mostrado sistemáticamente indolente frente a los atropellos institucionales (como cuando consintió el intento de enmienda para habilitar la reelección). Y si se pronuncia sobre algún conflicto político, suele ser tarde y entre dientes. La reciente decisión en el caso de Hernán Rivas, mirando al Poder Judicial desde fuera, desde el punto de vista institucional, más allá de la corrección interna del fallo, que bien podría aplaudirse, da cuenta del extremo cálculo político (autointeresado) con el que se mueve la justicia.

Aquí cabe agregar que si vamos a aguardar pronunciamientos de la Corte, la conocida lentitud del sistema conspira contra definiciones importantes y a veces vitales para los derechos de las personas y para la institucionalidad del país. En realidad, quienes sostienen eso deberían sincerarse y decir: "veamos en cinco años lo que dice la Corte". Como lo definió incuestionablemente John Maynard Keynes: "en el largo plazo todos estaremos muertos".

Un par de cosas sobre el senador Liseras y su permiso para desempeñar funciones legislativas. Antes que nada, en el debate sobre el alcance del artículo 196 de la Constitución afloró (como otras tantas veces) una forma de entender la interpretación constitucional que podría sintetizarse del siguiente modo: “en cuanto al significado de la Constitución, solo importa lo que diga la Corte”. Esta visión desconoce por completo que la interpretación constitucional es una tarea colectiva en la que participan todos los servidores públicos y también los ciudadanos (como miembros de “una comunidad de intérpretes”). Los jueces tienen un papel especial en esa tarea, sí, claro. Ellos resuelven casos en los que optan por un significado y sus decisiones, finalmente, tienen efectos vinculantes en esos casos. Y eso pesa de manera especial en la construcción del significado del derecho, sin duda. Pero de ahí a sostener que “con la Constitución se puede hacer cualquier cosa, y después dirá la Corte (si le llega un caso que le permita pronunciarse) si estuvo bien o no” supone un salto injustificado que nos aleja de una práctica constitucional sólida. Luego, diría que el problema no es (ni tiene por qué ser) personal, sino que es un asunto de razones públicas. No se puede desempeñar funciones legislativas “mientras subsista la designación” como funcionario, dice el artículo 196. Así aprobamos el texto, con esas palabras. Y las leyes que utilicemos para poner en marcha los mandatos constitucionales no pueden desvirtuarlos. Para peor, entiendo que estamos ante alguien que ejerce un puesto de libre disposición (cargo de confianza, cuya remoción depende de la decisión discrecional del presidente), y no un funcionario de carrera, por lo que el escrutinio del cumplimiento de la cláusula constitucional se vuelve más estricto.

El 30 de junio se cumple un año de la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la aberrante decisión judicial de excluir a la familia Jacquet del caso que investiga el homicidio de toda una familia por un conductor ebrio, Eugenio Sanabria Vierci. Hasta hoy, casi diez meses después, la Corte Suprema no ha admitido aún esta acción donde están en juego los derechos de víctimas de hechos ilícitos. Hemos urgido -me toco patrocinar- con los colegas César Trapani y Enrique Chiriani a la CS que se expida al respecto y es la segunda ocasión. No es cualquier caso, no queremos habilitar una estación de servicio, queremos que una familia intervenga como víctimas que son de un homicidio múltiple, cuya responsabilidad recae en una persona poderosa.

Ya es momento de ampliar la legitimación y dejar atrás criterios vetustos (interés particular, daño en los hechos, causalidad), anclados en un modelo de derecho privado, y abrir las puertas del Poder Judicial para que los ciudadanos puedan formular reclamos vinculados con el funcionamiento de nuestra democracia.

Coincido con @manuelrierad; y sí, podría intentarla la @DefensoriaPy @avila_macke Básicamente, en lo civil, sería un planteamiento de la nulidad del título, por reflejar ilícitamente un hecho inexistente: que Rivas haya cursado y aprobado la carrera de derecho, como planteó @FedericoLegal Y agrego: El art. 38 de la Constitución consagra una acción popular en favor de toda persona, individual o colectivamente, para reclamar medidas para la defensa de intereses que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo (y la democracia es un patrimonio colectivo). Podría intentarla cualquier ciudadano como medida para la defensa de la institucionalidad democrática; podría intentarla también el @CAP_py como medida de defensa no sólo de la institucionalidad democrática, sino también de la profesión de abogado. Si no lo hace nadie, podría intentarla el @MinPublicoPy . Es más, considero que por tratarse de un interés difuso sin contenido patrimonial debería ser parte del proceso.

@EFSantagada Un caso que tenga que ver con las precondiciones de la democracia. Uno resuelto a tiempo y sin cálculos; uno.

Si tuviéramos acceso al registro de visitantes de Mburuvicha Róga tendríamos más elementos para conocer al "entornito" presidencial que según Nicanor está metido en los "negocios". Ahora entendemos el porqué de tanto ahínco en negar esa información. Ojalá la CSJ @PoderJudicialPY se ponga las pilas y resuelva pronto la acción de inconstitucionalidad contra la negativa a hacer pública esta información (Esa información sirve ahora. Después será historia y una negación material de un derecho fundamental). Ikatú pio @Victor_Rios_O ? (lo arrobo porque es el único ministro tuitero de la Sala Constitucional)

El mismo tribunal que se ocupó obedientemente de Rivas, también resolvió que la Policía puede hacer lo que se le cante en contra de la Constitución y la ley (que expresamente le prohíben la discriminación) pero como magistrados soldados del poder de turno, al demonio las normas

¿Qué ocurre cuando los derechos y el derecho ceden ante el poder de los que ostentan poder económico, mafioso o político? Eso tiene un nombre y no lo inventaron quienes nos gobiernan y sus compañeros opresores. La respuesta la da Luigi Ferrajoli en "Poderes salvajes: La crisis de la democracia constitucional". Estamos en presencia de "poderes salvajes", fuerzas extra constitucionales que corroen la democracia constitucional y la "desconstitucionalizan" para su beneficio, porque las constituciones no sólo diseñan la estructura institucional sino que otorgan derechos (a todos) y establecen el imperio de la ley (estado de derecho) como precondición de la democracia. Estos poderes actúan sin controles sobrepasando salvaguardas constitucionales que nos protegen a quienes carecemos de algún tipo de poder diferencial. Toda democracia, según Ferrajoli, es un sistema que somete a cualquier tipo de poder a una norma superior que establece reglas, controles, garantías, constituyendo ella su dimensión "sustancial", yendo más allá de su mera existencia "formal". Cuando vemos que en nuestro barrio se construye una estación de servicio estando prohibido hacerlo en esa esquina por más que los vecinos blandan constitución, leyes y decretos, sin poder evitar el atropello o cuando algún corrupto queda impune, estamos en presencia de un "poder salvaje", de esos tantos que abundan en nuestro país. Ud. seguro que tiene ahora mismo varios ejemplos en mente.

La CSJ debe resolver la cancelación de la matrícula profesional de Hernán Rivas. Esto es un insulto a toda la Administración de Justicia y a las familias que invierten en la educación de sus hijos ultimahora.com/el-colegio-de-…

@EFSantagada Y es que uno se pregunta si no resulta extraña la casi completa ausencia de precedentes judiciales, relacionados con garantizar los derechos y frenar la concentración del poder, de los que podamos sentirnos orgullosos.

Una descripción precisa de las razones por las cuales no se confía en el poder judicial. Dice @CCesarTrapani "díme para quiénes sirven las garantías y te diré qué espero del derecho". Sólo en materia de acceso a la información, dos casos plenarios que aguardan sentencia desde 2019. Otro que está en admisibilidad desde 2021. Otro contra Seprelad que también está en admisibilidad desde febrero de 2025 y, finalmente, el caso de los visitantes de Mburu (esos que parece que van con sobre$) desde diciembre. Sí, vas a la justicia y te desampara; y si finalmente la Corte después de enfriarte durante años resuelve a tu favor, queda para la anécdota.

@DiVargas00 A treinta y cuatro años de la Constitución, y ante el rotundo fracaso de la discrecionalidad judicial, quizá es hora de pensar en algunos parámetros normativos para valorar cuándo las vías ordinarias, realmente, resultan eficaces.

#OpiniónABC | "El principal problema del Poder Judicial es que no confiemos en los jueces", por el Dr. Carlos Trapani. ⭕️Canal de WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029Va… 📲 Leé más en: abc.com.py/opinion/2026/0…

Leyes aprobadas sin respetar las exigencias básicas del procedimiento legislativo (publicidad, participación, debate, unidad de materia, etc.); intromisión indebida del Ejecutivo en la justicia (designación de Alicia Pucheta en el Consejo de la Magistratura, en violación de los requerimientos y protocolos); órganos de designación y control de jueces y fiscales dominados por el poder de turno (el único mal que la Constitución quiso evitar respecto de ellos); supresión de minorías políticas en el Congreso (caso Kattya González); inutilización de las facultades de información del Congreso (pedidos de informes bloqueados en las cámaras o ignorados por el Ejecutivo); participación irregular de órganos de supervisión del Estado en procesos de control político (Contraloría e intervenciones municipales); falta de independencia judicial (reuniones secretas de la Corte con el Ejecutivo); fracaso de la misión principal del Poder Judicial: custodiar las reglas de juego de la Constitución (postergación de los casos vinculados a dichas reglas). La debacle del sistema institucional es total.