CDH Minerva Bello

Por primera vez en la historia, la @ONU_es activó su máxima alarma internacional por desapariciones forzadas. No fue contra una dictadura militar. No fue contra un régimen totalitario. Fue contra México. 132 mil personas desaparecidas. 72 mil cuerpos en morgues sin nombre. 5 mil fosas clandestinas. 0.56% de condenas. Un país que rompió todos los récords que nadie quiere romper. El mecanismo que se activó lleva 16 años existiendo y nunca se había usado. Para llegar a él, los expertos de la ONU tuvieron que encontrar algo muy específico: un patrón. No accidentes aislados, no casos sueltos — un ataque sistemático y generalizado contra población civil con aquiescencia del Estado. Eso tiene nombre en el derecho internacional: crimen de lesa humanidad. Y cuando el gobierno respondió diciendo “son los criminales, no nosotros”, la ONU contestó con el Estatuto de Roma en la mano: no importa quién jala el gatillo, importa quién mira para otro lado sabiendo lo que pasa. La respuesta oficial fue llamar “tendencioso” al informe y señalar a Calderón. Mientras tanto, las únicas herramientas técnicas que existían para identificar a los muertos — el Mecanismo Forense, el Banco de Datos, el Centro Nacional de Identificación — fueron desmanteladas silenciosamente durante este sexenio, antes de funcionar. Las 132 mil familias que salen cada mañana a buscar a alguien no necesitan que su gobierno gane una discusión en redes. Necesitan que el Estado haga lo único que les prometió: encontrarlos.

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