Desde @fedemaderas socializamos nuestros comentarios al proyecto de decreto “Por el cual se adiciona un Título 13 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015…” relacionado con salvaguardas sociales y ambientales en iniciativas USCUSS.
Estas advierten que la propuesta normativa, en su redacción actual, podría generar impactos negativos significativos sobre la competitividad, viabilidad operativa y seguridad jurídica de los proyectos forestales de remoción de carbono desarrollados en Colombia.
De manera resumida, el proyecto de decreto desconoce la estructura real de los proyectos ARR, especialmente aquellos desarrollados bajo estándares internacionales. @fedemaderas advierte que la norma equipara indebidamente proyectos privados y empresariales de gran escala con modelos comunitarios REDD+, imponiendo cargas regulatorias desproporcionadas a desarrolladores, inversionistas y aliados técnicos. Esto podría aumentar el riesgo jurídico, afectar la estabilidad contractual y desincentivar la llegada de inversión climática nacional e internacional al país.
Asimismo, se alerta sobre la intención del decreto de imponer líneas base nacionales obligatorias y condicionamientos técnicos vinculados al IDEAM, aun cuando Colombia no cuenta actualmente con metodologías ARR nacionales suficientemente desarrolladas. @fedemaderas considera que esto podría generar un “limbo regulatorio” para proyectos ya certificados bajo estándares internacionales reconocidos, afectando inversiones ya realizadas y reduciendo la confianza del mercado internacional en el país.
Otro de los principales perjuicios identificados corresponde al aumento de cargas burocráticas y administrativas derivadas del funcionamiento del RENARE. El gremio advierte que el proyecto establece múltiples trámites, validaciones y autorizaciones sin definir términos máximos de respuesta por parte de la administración pública ni mecanismos de silencio administrativo positivo. Esta situación podría paralizar proyectos forestales durante períodos indefinidos, comprometiendo cronogramas financieros, emisión de créditos de carbono y contratos internacionales de comercialización.
@fedemaderas también expresa preocupación frente al límite máximo de treinta años para períodos crediticios de proyectos ARR, considerando que los estándares internacionales más recientes contemplan horizontes de cuarenta a cien años. El gremio sostiene que esta limitación contradice la naturaleza de largo plazo de las remociones forestales, reduce la viabilidad financiera de las iniciativas y debilita los incentivos para procesos sostenibles de restauración y mantenimiento forestal.
De igual manera, se advierte que el proyecto de decreto no diferencia adecuadamente los proyectos REDD+ de los proyectos ARR privados, trasladando exigencias asociadas a consulta previa y gobernanza territorial a iniciativas desarrolladas sobre predios privados que ya cumplen estándares internacionales de participación social y debida diligencia. Según @fedemaderas, esta homogenización normativa podría generar retrasos, incremento de costos y mayor inseguridad jurídica para proyectos forestales privados.
El gremio también cuestiona la duplicidad regulatoria que se generaría frente a estándares internacionales como Gold Standard, los cuales ya cuentan con mecanismos robustos de auditoría, monitoreo, salvaguardas sociales y ambientales y sistemas de reporte. La creación de un esquema paralelo nacional podría aumentar costos, duplicar procesos y generar incompatibilidades técnicas y regulatorias con mercados internacionales de carbono. Adicionalmente, preocupa la obligación de reportar información comercial sensible relacionada con contratos, compradores, precios y estructuras financieras, afectando la confidencialidad y competitividad de los proyectos colombianos.
Finalmente, @fedemaderas advierte que el proyecto impone obligaciones de difícil implementación a programas internacionales de certificación, desconociendo que dichos estándares operan bajo esquemas regulatorios globales y no exclusivamente bajo jurisdicción colombiana. El gremio considera que estas exigencias podrían traducirse en mayores costos de certificación, procesos más complejos y pérdida de competitividad para Colombia frente a otras jurisdicciones internacionales de mercado de carbono.
En conclusión, @fedemaderas solicita al @MinAmbienteCo revisar integralmente el proyecto de decreto, establecer mecanismos de transición y armonización con estándares internacionales, reducir duplicidades regulatorias y garantizar reglas claras, técnicamente viables y compatibles con la realidad operativa de los proyectos forestales de remoción.
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