Calixto Negron Aponte

PS877: “Puerto Rico a la venta”, más tierras en venta y menos acceso agrícola a las jóvenes agricultoras.

Mi columna hoy en El Vocero: elvocero.com/opinion/column…

Con Francisco Domenech nada está claro: ni cómo gestiona su inhibición en contratos de clientes de Politank, ni cómo fue la venta de Politank, ni dónde está el dinero que supuestamente había identificado para enfrentar la pérdida de miles de millones de dólares de Medicaid.

Buenos días!!! Les comparto mi columna publicada hoy en El Vocero. elvocero.com/opinion/el-pa-…

En honor a la verdad: No creo que el #PS530 realmente contribuya a generar seguridad en el país, ni nos convierta en una sociedad más justa, ni cumpla con los mandatos morales que mucha gente profesa seguir. Creo que la verdad que tenemos que atender son las consideraciones racionales de proporcionalidad y cuál debe ser el fin de imponer el terrible castigo del encierro prolongado y como contribuye en la Rehabilitación.

Ni ley ni orden en el Municipio de Aguadilla: cerrada la vía jurídica para las comunidades

Orgullo por Benito Antonio y Tite Curet

Saludos!!! Les comparto mi columna de hoy en el Nuevo Día.

El punto más controversial, hasta ahora, de la “reforma contributiva” es la eliminación de la exención del IVU a los equipos de generación y almacenamiento de energía solar. La gobernadora y las agencias fiscales alegan que enmendar esa disposición pone en peligro la rebaja de las tasas contributivas. Sin embargo, resulta que de los $535 a $550 millones que costarían las reducciones, esa imposición del IVU sólo aporta $18 millones-apenas un 3.36% del costo de la “reforma”. Le pregunté en la vista pública al equipo económico de la Gobernadora si en todo este año de trabajo no habían evaluado alguna otra forma de recaudo y lo único que acertaron a decir fue “alimentos enlatados”. Difícil, difícil de creer que eso haya sido así. Parecería que la insistencia en ese tributo responde más a la doctrina trumpista antirenovables que se recoge en la Orden Ejecutiva que condena la energía verde como un producto “controlado por adversarios extranjeros” que con un honesto ejercicio fiscal.

Les faltan agallas para condenar a Trump. @JugandoPelotaPR

El ELA colonial/Escoltas de exgobernadora y la Alianza, segmentos de mi participación en @JugandoPelotaPR

La palabra de la Gobernadora no vale dos centavos. Asumir la maternidad es la decisión más importante, más trascendental. Con mayores consecuencias que pueda tomar un ser humano. La responsabilidad de traer una vida al mundo, de cuidar de una criatura, de guiarle, tiene unas implicaciones que no comparan con ninguna otra determinación que pueda tomar una persona, sobre todo en un país tan hostil a la vida, en un país anti vida, anti familia como el que han gestado los que han gobernado nuestra Patria. No es solo la decisión más difícil tener un niño o una niña en un país donde es difícil la vivienda, la alimentación, conseguir un trabajo, tener una estabilidad mínima, decidir tener un hijo o una hija es también la determinación más íntima y más personal que se pueda tomar. La maternidad es intransferible, aún en aquellos casos en que una mujer decida dar en adopción a su criatura. Es una decisión que toma a partir de su realidad, de su autonomía y de la misma manera la facultad de asumir o no esa maternidad debe ser también intransferible. El proyecto que está ante nuestra consideración, al igual que la ley que le adscribe personalidad al no nacido, persigue allanar el camino para que el Estado acabe con esa autonomía, acabe con esa facultad de las mujeres y sea el Estado quien gobierne los úteros de las mujeres puertorriqueñas. El proyecto dice lo que dice se convierte en asesinato. La muerte intencional de un no nacido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, lo que en una interpretación estricta pudiera incluso implicar que la gesta de la píldora del día siguiente pudiera ser condenable a una pena de cárcel de 99 años. Esta propuesta, evidentemente, y aquí nadie puede venir a posar con ingenuidades fingidas y decir que no quieren interferir con el derecho de las mujeres a tomar determinaciones sobre su cuerpo y sus vidas. Esta propuesta persigue generar un choque con el Estado de derecho vigente que hoy permite el aborto hasta cierto término y en ciertas condiciones. En todo caso con absoluta certeza podemos decir que este tipo de iniciativas persigue y tiene grandes posibilidades de lograr un efecto disuasivo impedir que las mujeres acudan a espacios seguros, a espacios clínicos para ejercer esa facultad que nadie debe tener el derecho de arrebatarle. Siempre, por supuesto, en perjuicio de las mujeres más pobres, de las mujeres con menos recursos. Ahora, esa ha sido la posición del Partido Independentista y está más que claro ante el país. Me parece, sin embargo, importante en este contexto particular del proyecto del Senado 923 señalar algunos elementos del trámite de la medida. Este proyecto se radicó el pasado lunes. Un proyecto de administración, lo que quiere decir que es un proyecto que se escribió en Fortaleza y se radica con la firma de los legisladores y legisladoras del partido de la Gobernadora y se descarga hoy dándole consideración luego de que la gobernadora declarara falsamente y con premisas falsas que solicitaría su retiro, porque el proyecto, una vez radicado, no lo puede radicar, no lo puede retirar por si la gobernadora. Empiezo con el tema del descargue. El descargue es un mecanismo constitucional que sin duda puede ser valioso para atender medidas cuya atención no considere posposición, algo que es que tiene que verse mañana. Eso no tiene nada que ver con el asunto que estamos atendiendo ahora, sobre todo si fuera correcta la interpretación que le dan sus proponentes diciendo que esto no altera en nada el Estado de Derecho. ¿Entonces, cuál es la prisa? No es porque tenga que aprobarse hoy, es porque no quieren exponerse al proceso de vistas públicas, al escrutinio, a tener que escuchar a la gente que tiene cosas importantes que decir. Yo he escuchado al presidente del Senado decir que las vistas públicas no valen la pena si total, ni él va a cambiar de opinión ni las personas que se oponen van a cambiar de opinión. Pero es que hay que ser megalómano, es que hay que pensarse que es el ombligo del mundo para creerse que el proceso de vista pública establecido en la Constitución es para satisfacer el interés de una persona en que, si le hacen cambiar de opinión o no, no es parte del proceso democrático en el que deben tener voz todos los sectores del país. Es bien fácil jactarse con la vocación barrendera, barrimos., somos 19 y no tener las agallas de darle la cara al país y escuchar lo que tal gente tiene que decir sobre la Gobernadora. Y de hecho, esta mañana, en una estación de televisión muy cerca de aquí, Jennifer González Colón dijo lo siguiente. El periodista le pregunta sobre el proyecto y ella dice, me alegro de que lo trajera. Este proyecto se confeccionó antes de que se aprobara la ley del nasciturus. Mentira, pero es que se creen que la gente no le. En la exposición de motivos. El segundo párrafo hace referencia específicamente a la Ley 183 2025. Pero esa señora se cree que porque aquí hay un montón de legisladores que no leen el resto del país tampoco. Mentira, así continúa la Gobernadora, que yo voy a pedir que este proyecto se retire, porque ya eso es ley, ya eso es ley, insiste el periodista. O sea, descartado por completo. La gobernadora replica Si, porque ya eso es ley tres veces. Ya dijo que no, que lo que dijo esta mañana es mentira, que no lo va a retirar, que no va a pedir su retiro, que es lo que puede hacer. Y esto lo que nos demuestra son dos cosas. La primera es que la palabra de Jennifer González Colón no vale dos centavos. Y no fue ya la única. El senador Ángel Toledo, en el mismo programa, también dijo que se iba a oponer a la medida, la palabra de Jennifer González Colón no vale dos centavos. La segunda cosa que demuestra este episodio penoso. Es que no es cierto que las mujeres siempre vayan a defender a las mujeres, que no es cierto que si hay mujeres en los espacios de poder, nuestra voz va a ser escuchada, nuestros intereses van a ser representados, No Y ahí tienen en toda su extensión lo que eso representa en la persona de Jennifer González Colón, porque desafortunadamente, tristemente, hay mujeres como ella dispuestas a convertirse en gatilleras de la desigualdad y de la injusticia. El Partido Independentista Puertorriqueño votará en contra del proyecto del Senado 923.

Buenos días!!! Por aquí les comparto mi columna publicada hoy en El Vocero. facebook.com/share/p/14UDTJ…

Respuesta a un cínico buscón Por: Calixto Negrón Aponte Secretario de Comunicaciones del PIP Publicado en El Vocero 08 enero 2026 Hay columnas que no buscan informar, sino provocar náuseas. La de Enrique “Kike” Cruz es una de ellas. Texto completo en facebook.com/photo/?fbid=14…

Víspera reyes. ¿Dónde está Juan Dalmau? 🙄

Vamos al 2026 con esperanza y entusiasmo. #2026

Aquí reitero mi postura en el debate sobre el PS 504 La Gobernadora, continuando con su desafortunada racha- veto al proyecto de las escoltas, firma para el proyecto que limita el acceso a información pública- ha convertido en ley el Proyecto del Senado 504. La medida tiene dos disposiciones principales: una es que un óvulo fecundado ubicado en un útero se considerará persona, y la otra es la que establece que los derechos que se reconocen a ese no nacido no menoscaban la potestad de la mujer gestante de tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley. Esto significa que de por sí, la medida no anula el derecho al aborto. Pero a nadie le puede quedar la menor duda: lo que se persigue es añadir un tramo más al camino que conduce a la ilegalización de la capacidad de las mujeres de decidir sobre su vida. A quienes promueven esa vía, sea de forma expresa o disimulada, hay que decirles lo siguiente: primero, no va a desaparecer el aborto, que ha existido desde que el tiempo es tiempo. Lo que sí va a ocurrir es que regresaremos a los tiempos de dos categorías de mujeres con embarazos no deseados. Están aquellas que tienen los recursos para procurar ir a otra jurisdicción o que pueden, aquí en Puerto Rico, agenciarse servicios clandestinos en condiciones salubres. Y estarán las mujeres pobres que, por carecer de recursos, intentarán abortos caseros o irán a lugares insalubres a exponer su vida, tal y como ha sido por siglos y siglos. En segundo lugar, independientemente de las creencias de cada cual, debemos recordar la frase que tanto le gusta a algunos. Este es un país de ley y orden, y el orden constitucional, el que debe gobernar toda gestión pública, toda iniciativa legislativa, establece que cada ser humano en este archipiélago tiene derecho a la intimidad, a que exista la distancia que esa persona estime entre ella y el Estado, entre ella y los demás. Ese es el derecho a la vida privada explícitamente protegido en la Sección 8 del Artículo II de la Constitución. Ese es el mismo artículo que consagra como primer derecho reconocido que la dignidad del ser humano es inviolable, que todas las personas son iguales ante la ley y que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ideas políticas o religiosas. Y no hay una instancia mayor de violación al derecho a la intimidad basado en el discrimen por razón de género que la intervención del Estado con el derecho que debe tener toda persona gestante a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida. No se trata de lo que a partir de credos o agendas electoreras alguien quiera que otras personas hagan o dejen de hacer. Lo que sostengo es que es una determinación profundamente íntima y que en el caso de la decisión de terminar un embarazo no le toca ni al Partido Nuevo Progresista, ni a Proyecto Dignidad ni a la senadora independiente ni a Jenniffer González tomar esa decisión por ninguna mujer. Lo que todas esa gente piense, quiera, estime, considere u opine, no puede, no debe imponerse sobre el criterio de una persona en cuanto a las decisiones sobre su vida, tomadas en el contexto particular de la capacidad de gestar. Ya hemos escuchado los argumentos, los de siempre, de que se tiene que imponer el valor del potencial del nasciturus, que tomar una decisión sobre su embarazo es una prerrogativa que las mujeres no merecen. Pero toda esa compasión y ternura parece tener una fecha muy específica de expiración: la del nacimiento. Cínicamente, quienes más dicen abogar por el derecho a la vida han sido cómplices e instigadoras de las políticas más adversas a la vida en este país. Aman los niños, preferiblemente mientras no hayan nacido. Porque cuando llega el momento para esos y esas que están en los espacios de poder, los que toman las decisiones, los que se jactan de ser mayoría (como si hubiera un mérito moral intrínseco en ser mayoría cuando mayorías abominables las hemos tenido desde antes que la mayoría más decisiva en la historia occidental, prefiriera a Barrabás sobre Jesús), cuando le llega el momento a esas mayorías de escoger entre la salud de los pobres y los intereses corporativos de la industria de la enfermedad y de la muerte, termina perdiendo a la gente. Cuando tienen que escoger entre proteger a la gente trabajadora, la que intenta precisamente levantar una familia aquí, o a los inversionistas extranjeros, se convierten en abanderados y abanderadas de los privilegiados. No son pro vida ni son pro familia. Lo que les anima en la política es el morbo de inmiscuirse en la intimidad ajena, de de volver a los tiempos en que el cuerpo de la mujer era un espacio para ser controlado, dirigido, castigado. Los tiempos en que el lugar de una mujer que se negaba a tener hijos contra su voluntad terminaba con su embarazo era la cárcel. Ahí es que quieren llegar. Repito, es un derecho humano lo que atropellan. Es el derecho constitucional de cada persona a decidir sobre su vida. No le corresponde a los estandartes del fascismo caribeño imponerse a fuerza de ley y castigo sobre cuerpos ajenos.

En un absurdo difícil de justificar, la AEE y P3 impugnan las acciones de sí mismas. Segmento de mi participación en Magic 97.3

Jennifer insiste en mantener su escolta Esto no es un asunto ideológico, Esto no es un asunto de fondo, No es un asunto jurídico. Jennifer quiere tener a los policías guiándole el carro. Eso es todo Un error no haber incluido ni siquiera como un argumento secundario el tema de los incumplimientos de LUMA, que entendemos que están perfectamente documentados la falta de empleados, la falta de capacidad técnica y los apagones. Segmentos de mi participación en @JugandoPelotaPR #15dicembre2025

Esta propuesta a quien único complace es -como dijo el proponente- al Com Residente. Esto se aleja por mucho de lo q es una propuesta de descolonización. La colonia no puede ser una opción descolonizadora. Ignoran la voluntad de la mayoría de PR para complacer a uno solo?