HECHOS, NO PALABRAS. Desde el primer día en que la ciudadana argentina Agostina Páez fue arrestada (16 de enero de 2026), la Dirección de Argentinos en el Exterior y el Consulado Argentino en Río de Janeiro, bajo la constante supervisión y coordinación del Canciller Pablo Quirno, estuvieron trabajando activamente en el caso para promover su temprana liberación, coordinando con su familia y su defensa privada. La asistencia consular fue permanente: orientación sobre el sistema judicial brasileño, acompañamiento en dependencias policiales, gestión de denuncias por amenazas y hostigamiento, contacto continuo con su padre y apoyo logístico para que pudiera contratar y cambiar de abogados según la estrategia familiar. El punto clave de la gestión consular ocurrió este 19 de marzo: el Consulado presentó ante el Juzgado una nota oficial detallando los mecanismos de cooperación penal vigentes entre Argentina y Brasil (Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y Protocolo MERCOSUR). Esa nota garantizó que Agostina pudiera cumplir el proceso y la pena en territorio argentino, bajo monitoreo nacional. Esta contribución fue fundamental para que el juez aceptara la solución propuesta por la defensa: pena mínima de 2 años en suspenso más servicio comunitario en Argentina, en lugar de una condena mucho más grave en Brasil, que podía alcanzar hasta los 15 años. Hoy, 24 de marzo, el Vicecónsul argentino en Río de Janeiro acompañó a Agostina en la audiencia decisiva, donde se resolvió que puede volver a nuestro país y continuar el proceso desde la Argentina. Todo se hizo de forma profesional, discreta y dentro de las competencias consulares, como corresponde en estos casos. No fueron gestos públicos de tribuna ni de último momento: fue trabajo serio y coordinado desde el inicio. No se dejen mentir por operadores de cuarta que, tras una conclusión exitosa, quieren llevarse el rédito de una gestión que debió ser y efectivamente fue de la Cancillería argentina.
