CLAVE 504 HN

Desde el Congreso Nacional de la República de Honduras rechazamos y desmentimos categóricamente las afirmaciones contenidas en el comunicado emitido el 9 de enero de 2026 por la Secretaría General de la OEA, por constituir una valoración parcial, jurídicamente incorrecta y políticamente injerencista sobre actuaciones que se encuentran plenamente amparadas por la Constitución de la República y Ley Orgánica del Poder Legislativo. Las afirmaciones contenidas en el comunicado de la Secretaría General de la OEA que sugieren la supuesta violación de normas del derecho parlamentario y la existencia de actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional. Para su información los procesos parlamentarios han sido y continúan siendo plenamente respetados por el Congreso Nacional, en estricto apego a la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo por lo que resulta inaceptable e irresponsable que se asevere lo contrario sin sustento fáctico ni jurídico. Asimismo, es falso que hayan ocurrido actos de violencia dentro del recinto del Congreso Nacional. Lo acontecido constituye un atentado contra este Poder del Estado, perpetrado desde el exterior, hecho que el Congreso Nacional condena enérgicamente y que se encuentra bajo investigación por las instancias competentes, conforme a la ley. Resulta inaceptable que la Secretaría General de la OEA califique como “obstaculización de la transición constitucional” el ejercicio de una competencia expresa, excepcional y supletoria atribuida al Congreso Nacional por el artículo 205 numeral 7 de la Constitución, activada única y exclusivamente ante la omisión material del escrutinio general por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). No existe democracia sin escrutinio completo. No existe voluntad popular válida sin cómputo total de votos. No existe transición legítima cuando miles de actas permanecen sin ser contadas. El Decreto No. 58-2025, aprobado por el Congreso Nacional, no sustituye ni usurpa funciones electorales, sino que garantiza la conclusión del escrutinio pendiente, protege la soberanía popular y evita que una declaratoria incompleta, parcial o jurídicamente viciada sea impuesta como hecho consumado. Pretender que el Congreso Nacional permanezca pasivo frente a: · actas no escrutadas, · fallas acreditadas del sistema TREP, · impugnaciones no resueltas, · denuncias ciudadanas de adulteración de actas, y · actos de presión e injerencia extranjera, no es defensa de la democracia; es renuncia a ella. La democracia no se reduce a aceptar resultados proclamados sin escrutinio, ni a convalidar omisiones institucionales por razones de conveniencia política. La democracia se ejerce cumpliendo la Constitución, la ley y el debido proceso electoral. Honduras no rechaza la cooperación internacional, ni el acompañamiento técnico de los organismos multilaterales. Pero Honduras no acepta tutelajes, descalificaciones ni juicios políticos anticipados emitidos desde instancias externas que no tienen mandato para sustituir el orden constitucional interno. Resulta profundamente preocupante el silencio de las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la injerencia de la que Honduras ha sido objeto, y las denuncias de fraude electoral, mantengan un silencio que no puede entenderse como neutralidad, sino como sumisión política frente al dominio y la presión ejercida por Donald Trump y los sectores que lo respaldan. La observación electoral exige independencia, coherencia y valentía democrática. Cuando una misión guarda silencio ante amenazas externas, injerencias abiertas y mensajes de coacción dirigidos a un pueblo soberano, deja de observar y pasa a legitimar. El mutismo selectivo frente a declaraciones que buscan intimidar a los electores hondureños no es prudencia diplomática: es complicidad por omisión. La OEA no puede presentarse como garante de la democracia mientras mira hacia otro lado cuando la presión proviene de Washington. La credibilidad de cualquier misión internacional se mide precisamente en su capacidad de denunciar al poderoso, no solo de señalar a los países más débiles. Quien calla ante la injerencia externa renuncia a su autoridad moral. Y una misión que abdica de su independencia, pierde el derecho de hablar en nombre de la democracia, del Estado de derecho y del respeto a la voluntad popular. Honduras merece observación imparcial, no silencios convenientes ni subordinación geopolítica. La democracia no se defiende con cautelas políticas, se defiende con principios. Le recuerdo al Secretario de la OEA algo que parece haber olvidado: Lo establecido con claridad en el principio democrático y el derecho internacional: La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), es clara y categórica en cuanto al rechazo de la injerencia externa y a la obligación de respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. A continuación, expongo los artículos clave, con interpretación jurídica directa. Señor secretario recuerde; El Principio general: no injerencia y autodeterminación establecido en el Artículo 1 “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es un derecho de los pueblos, no una concesión externa. Cualquier presión extranjera que condicione procesos políticos o electorales vulnera este derecho. El principio de Soberanía y prohibición de intervención establecido en el Artículo 3 “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho…” El acceso al poder debe producirse sin coacción interna ni externa. La injerencia extranjera contradice directamente este principio. En el Artículo 4 se establece que “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia…, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos…, y el respeto al Estado de derecho.” La transparencia democrática también obliga a rechazar presiones externas ocultas o explícitas que distorsionen la voluntad popular. La Cláusula expresa contra la injerencia definida en el Artículo 19 (el más importante en esta materia) de la Carta de la organización de los Estados Americanos establece que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de otro Estado.” Prohíbe toda forma de intervención, incluida de Presión política, Amenazas públicas, Condicionamientos económicos, Intimidación diplomática, Aplica también a procesos electorales. Obliga a la OEA y a sus misiones a denunciar la injerencia, no a callar. Así como el principio de Igualdad soberana de los Estados que establece en el Artículo 2 “El ejercicio efectivo de la democracia es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región.” La democracia regional no puede construirse desde la subordinación ni desde relaciones asimétricas de poder. Las Obligaciones de la OEA y de sus misiones deben enmarcarse en el Artículo 8 que establece que “La OEA promoverá y defenderá la democracia…” La OEA no es un actor neutral pasivo. Tiene la obligación activa de: Señalar amenazas a la democracia, Denunciar injerencias externas, Proteger la soberanía del voto. El silencio frente a la injerencia viola el espíritu y la letra de la Carta. En Conclusión, La Carta Democrática Interamericana: Prohíbe expresamente la injerencia externa, Reconoce la soberanía popular como eje central de la democracia, Obliga a la OEA y a sus misiones a actuar, no a callar. Cuando una MOE de la OEA guarda silencio frente a presiones externas, no solo falla políticamente: incumple un instrumento jurídico vinculante del sistema interamericano. Abrazamos las palabras de la presidenta de México Claudia Sheinbaum quede claro: coordinación sí; subordinación, no. El Congreso Nacional reafirma su compromiso con: · la paz, · la legalidad, · la democracia auténtica, · la soberanía popular, · y el respeto irrestricto al orden constitucional. Nada por la fuerza. Todo por la razón, el derecho y la Constitución. Señor secretario le remitiré a su despacho el informe presentado y aprobado en el Congreso Nacional de lo que no informo a la OEA la misión de observación que a mi juicio han dejado mucho que desear. LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO Presidente Comisión Permanente Presidente Congreso Nacional República de Honduras.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima.