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Cartel actualizado con los policías infiltrados descubiertos desde 2022.





Alejandro Corcostegui deja JPMorgan después de 23 años en la empresa lainfo.news/7e4cc2



x.com/ross64x/status… Desde febrero de 2022, la UDEF y la UCO parecen haber perfeccionado un nuevo oficio: confeccionar trajes a medida. No de tela. De indicios. La Fiscalía los da por buenos, el juez instructor los valida y el escaparate mediático hace el resto. El resultado es un proceso en el que quien lleva el traje acaba teniendo que demostrar que es inocente. El problema no es solo jurídico. Es de agravio comparativo. Porque cualquier ciudadano puede señalar demasiados casos en los que ni siquiera se tomaron medidas. Casos en los que el traje parecía más que justificado y, aun así, sigue colgado en el perchero. Sin estrenar. Cogiendo polvo. Como si los trajes sólo fueran para los de un color. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿Quién decide a quién le toman las medidas? Porque todo apunta a que el criterio no siempre es la gravedad del delito ni la solidez de los indicios. Parece pesar más el color del hilo y los tiempos para desviar la atención. Y eso, insisto, desde febrero de 2022 ha dejado de ser una sospecha aislada para parecerse demasiado a un patrón. Que es exactamente el punto en el que esto deja de ser un problema judicial para convertirse en un problema democrático. Lo peor de todo es que ya ni disimulan.