Guille G. Alfonsín@GuilleAlfonsin
19 de julio de 2026: el programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos Auto+ sigue sin estar operativo.
Fue anunciado en diciembre del año pasado a bombo y platillo, acompañado después por presentaciones, ruedas de prensa, notas oficiales y abundante promoción institucional. Mucho anuncio, mucho titular y mucho marketing gubernamental. Pero la realidad, más de seis meses después, es muy sencilla: todavía no se puede solicitar.
El propio Gobierno anunció que las ayudas tendrían efecto retroactivo para las compras realizadas desde el 1 de enero de 2026. Pero, a día de hoy, la convocatoria efectiva sigue sin estar disponible y el comprador no puede tramitar la ayuda.
Ante esta situación, numerosas marcas están anticipando comercialmente el importe que, en teoría, recibirá el cliente cuando el programa se active. Sobre el papel puede sonar estupendo: el comprador recibe hoy el descuento y, cuando llegue la subvención, devuelve ese dinero al fabricante o a la financiera.
El problema es que el cliente está comprando un coche y firmando una operación económica sobre la base de una ayuda pública que todavía no puede solicitar, cuyas condiciones definitivas no conoce por completo y cuya concesión nadie puede garantizarle.
Cuando finalmente se abra la convocatoria, el comprador puede encontrarse con que no cumple alguna condición, con que falta un documento, con que una factura está emitida de una forma que no encaja, con que una fecha no coincide, con que el vehículo o la operación no cumplen exactamente algún requisito administrativo o, sencillamente, con que no logra subsanar la documentación dentro del plazo.
Y entonces puede quedarse sin ayuda, pero con el dinero adelantado por la marca ya incorporado a la operación. Es decir: sin subvención y con un problema adicional para devolver, refinanciar o integrar dentro del préstamo una cantidad que inicialmente se le presentó como una ayuda prácticamente segura.
También puede ocurrir que la ayuda sí sea concedida, pero que el dinero llegue mucho más tarde de lo esperado. Y ahí aparece otro problema: que venza antes el plazo contractual dado por el fabricante o la financiera para devolver el anticipo.
En ese caso, el cliente puede verse obligado a devolver o financiar esa cantidad antes de haber cobrado un solo euro del Estado. Dicho de otra manera: puede terminar financiando durante meses una ayuda pública que todavía no ha recibido, pagando intereses por un dinero que teóricamente debía servir para incentivar la compra.
A todo esto hay que añadir que los 400 millones de euros presupuestados no son infinitos. El sector calcula que una parte sustancial del fondo ya está virtualmente comprometida por todas las operaciones realizadas desde enero, por lo que existe el riesgo de que, cuando el sistema esté realmente operativo, el presupuesto se consuma con enorme rapidez.
Y, además, no todas las marcas están anticipando la ayuda de la misma forma. En algunos casos se trata de un descuento comercial firme asumido por el fabricante. En otros, de un anticipo condicionado, un préstamo puente o una cantidad que el cliente deberá devolver si finalmente la Administración no concede o no paga la subvención.
Por tanto, hay compradores que están asumiendo riesgos administrativos, financieros y contractuales derivados de un programa público que fue anunciado hace más de medio año y que sigue sin poder tramitarse.
Que se anunciara con efectos desde el 1 de enero y que lleguemos al 19 de julio sin que todavía pueda solicitarse no es un pequeño retraso ni una incidencia técnica menor, es la mera demostración práctica de una operativa consistente en "hacer parecer que haces algo mientras no haces absolutamente nada" en post de tener "impacto de marketing". Relato frente a acción real, vamos.
Un desastre de gestión sencillamente inasumible, indefendible y prácticamente increíble.
Y oigan, no pasa nada…
