Silvia Olascoaga

Dicen que no es un partido único, que no es una dictadura… pero como se parecen.

El nuevo reglamento antilavado no va contra el Chapo ni contra los grandes lavadores. Va contra ti. El que paga su remodelación en tres exhibiciones. El que recibe remesas de su familia en el norte. El que canceló una operación en la notaría porque no traía sus papeles. Todas esas conductas, normales, lícitas, cotidianas, van a quedar registradas en una base de datos de inteligencia financiera sin que nadie te avise, sin que puedas defenderte, y sin que el Estado tenga que explicarte absolutamente nada antes de actuar. Lo más grave no es la vigilancia. Lo más grave es que eliminan el procedimiento sancionador previo. Tu notario, tu contador, tu abogado van a reportarte ante la UIF no porque seas sospechoso, sino porque si no lo hacen, les cae la multa a ellos. El Estado los convirtió en tus delatores obligatorios. Y tú te enteras cuando ya es tarde: cuenta bloqueada, crédito negado, historial manchado. Primero el golpe. Luego, si acaso, te escuchan. La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es esta: ¿por qué un sistema que supuestamente persigue al crimen organizado necesita eliminar garantías, usar fuerza pública en verificaciones y sancionar sin escucharte primero? Los grandes lavadores tienen ejércitos de abogados que ningún reglamento va a tocar. Los que van a sentir esto en la cuenta y en la vida son los de siempre. Los ciudadanos que el Estado nunca protege pero siempre vigila.