
walter Formento
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La admisión a trámite de las demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Solidaridad, Integridad e Inteligencia, con la suspensión provisional de varios artículos cuestionados, configura un acto de protección fundamental para la vigencia de la democracia. La Corte Constitucional al dar este paso jurídico mientras se resuelven los dictámenes está actuando en estricto apego a su mandato como máxima garante del cumplimiento de la Constitución. En los debates siempre sostuvimos de manera fundada y persistente que esas leyes podrían ser inconstitucionales y que adolecen de vicios que afectan su legalidad. Sin embargo, fueron aprobadas con un atropello legislativo de la “nueva Asamblea”, que se parece más al viejo congreso de los 90, que evidencia la falta de rigor y transparencia en el proceso. Que quede claro, los únicos enemigos del Ecuador son quienes votaron a favor para aprobar esas leyes y no la Corte. El Gobierno creó este escenario de confrontación para responsabilizar a otros del mal manejo del Estado para evadir sus responsabilidades.






















