PROVEA

Exigimos un proceso transparente para la elección del Fiscal General y Defensor del Pueblo de Venezuela. Lo que está pasando incumple la ley. El Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano exige pluralidad. No se está cumpliendo. Exigimos: baremos públicos, currículos publicados, entrevistas abiertas y mecanismos para que la ciudadanía pueda objetar candidatos. Un proceso cerrado no produce autoridades legítimas. El Fiscal General y el Defensor del Pueblo son de todos. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada. Comunicado conjunto a @CDH_UCAB, @COFAVIC, @espaciopublico, @centrogumilla y @oveprisiones

La legitimidad del Fiscal General y el Defensor del Pueblo depende directamente de la transparencia con la que el Comité gestione el proceso. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son piezas angulares para la garantía del debido proceso provea.org/comunicados/co…

Documentando para la Memoria: la arbitrariedad durante el período de Maduro #AlertaVenezuelaDDHH alertavenezuela.org/blog/2026/03/2…

#Venezuela—Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de Fiscal General y Defensor del Pueblo del país el 27 de marzo. Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el estado de derecho, la Asamblea Nacional y todos los actores involucrados deben garantizar que estos procesos se lleven a cabo de conformidad con las normas aplicables.

El pasado 22 de marzo se cumplieron cuatro años de la imposición del llamado Instructivo ONAPRE. Oficialmente se conoce como el "Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Publica, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas". Esta directiva representó un retroceso histórico para las conquistas de los trabajadores y contribuyó enormemente a la extinción de la institucionalidad laboral en Venezuela. Tras una demanda por su nulidad, el TSJ lo declaró "inexistente", pero en la práctica, el Instructivo ONAPRE, junto al Memorando 2792 y la Ley Antibloqueo, siguen brindando una "legalidad paralela" a los estándares internacionales, la Constitución y las leyes, para desconocer los beneficios socioeconómicos de miles de trabajadores y sus familias provea.org/actualidad/que…

#Ahora La Policía Nacional Bolivariana desplegó un nutrido piquete de funcionarios a la altura del Parque Los Caobos, para impedir el avance de los manifestantes hacia el centro de la ciudad. Los manifestantes rodean la Plaza Venezuela nuevamente en dirección a la UCV.

#Ahora Trabajadores y estudiantes marchan a la altura de Plaza Venezuela exigiendo aumento de salarios y pensiones tras cuatro de estancamiento por parte del Ejecutivo venezolano. Después de realizar una asamblea en la Plaza del Rectorado de la UCV, los manifestantes decidieron trasladar la protesta a las afueras del recinto universitario

#Ahora Trabajadores y estudiantes marchan pacíficamente desde la Plaza del Rectorado de la UCV en dirección a Plaza Venezuela, exigiendo aumento de salarios y pensiones

La falta de cumplimiento de las obligaciones de protección, garantía y respeto a los derechos humanos ha caracterizado las recientes gestiones de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo. Por esa razón, en este momento es crucial llevar a cabo una reestructuración institucional de los Poderes Públicos que garantice independencia, estabilidad y justicia.  Con respecto a la elección de nuevos titulares para el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo,  las ONG abajo firmantes*, exigimos: Que se realice la reestructuración del Comité de Evaluación de Postulaciones en función de lo establecido en la legislación. Incluir a diferentes sectores de la vida nacional que garanticen representatividad no solo político-partidista, sino de representantes de las universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil y diferentes grupos sociales e identitarios. *Las abajo firmantes aquí: t.co/Rlz2YU6Tdv

Petare: La Sra. Yuleidis Machado denuncia que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana asesinaron a su hijo adolescente en el barrio 19 de abril provea.org/actualidad/elv…

La ONG Provea denunció este #23mar que el proceso de elección del fiscal general y del defensor del Pueblo «incumple la ley», por lo que exigió que se realice de manera transparente elpitazo.net/politica/prove…

NOTA DE PRENSA | Organizaciones alertan que proyecto de Ley de Minas en Venezuela institucionaliza el daño ambiental y vulnera derechos humanos PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO El Proyecto de Ley Orgánica de Minas institucionaliza el ecocidio y el blanqueo del "Oro de Sangre" en Venezuela Caracas, Venezuela 23 de marzo, 2026 Las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ambientales abajo firmantes, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para alertar sobre la grave amenaza que representa el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas actualmente en discusión. Esta ley se inscribe en un contexto prolongado de violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales, desconocimiento de la Constitución y del marco legal vigente, y adopción de normas lesivas —como la Ley Antibloqueo— que han profundizado la devastación ambiental y social del país. Denunciamos que este marco jurídico y político más que un instrumento regulador de control y transparencia sólo generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés profundizando el grave deterioro ambiental y la violación a los derechos humanos que se está produciendo. En tal sentido: 1. Rechazamos categóricamente el término de "Desarrollo Minero Ecológico" introducido en el Artículo 8 de este proyecto de Ley. Desde una perspectiva científica y ética, la minería de oro es intrínsecamente destructiva. Este concepto sólo ha servido para esconder la destrucción de la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad que no existe en la práctica extractiva actual en ninguna parte del mundo. 2. Nos oponemos a la profundización de la discrecionalidad y la opacidad. El proyecto presentado en sus Artículos 4, 10, 11 y 17, otorga al Ejecutivo Nacional una discrecionalidad absoluta y criterios de confidencialidad en términos de regulación, otorgamiento de títulos y fiscalización, así como en la declaración de “Minerales Estratégicos”. Ello generará opacidad en las operaciones, impedirá el escrutinio público y la participación ciudadana, principalmente de las comunidades en las cuales se desarrollarán las operaciones mineras. 3. Alertamos sobre el riesgo de profundizar el daño ambiental en la Amazonía venezolana. El proyecto aborda lo ambiental de forma declarativa y con graves vacíos de regulación y gobernanza. Aunque menciona los Estudios de Impacto Ambiental, no los establece como requisito obligatorio para otorgar concesiones. La exclusión territorial depende de planes de ordenamiento, en su mayoría inexistentes o desactualizados. Se limita a exigir responsabilidad posterior al daño, sin enfoque preventivo, y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos. Tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas. Omite la creación de un fondo de remediación no deducible y carece de medidas para mitigar emisiones, como monitoreo, control, eficiencia y transición energética. 4. Observamos la posible vulneración de Áreas Protegidas. El texto, aun cuando excluye a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales como zonas permitidas para establecer concesiones mineras, esta exclusión no se extiende a otras figuras de protección tales como Reservas de Biosfera, Zonas Protectoras y Reservas Forestales. Por lo cual, se debe extender al respeto de los planes de Ordenamiento Territorial, actualizar los estudios de impacto ambiental y de la situación ecológica de todos estos territorios, para garantizar no sólo su protección, sino la actualización y refuerzo de las medidas existentes. 5. Consideramos que el proyecto presentado es lesivo a los derechos de los pueblos indígenas presentes en las zonas donde se realizará la actividad minera. Aun cuando establece que el aprovechamiento de los recursos en los “hábitats indígenas” deberá incluir la previa información y consulta a las comunidades indígenas, omite referirse al derecho de estos pueblos a la demarcación de sus territorios y no menciona el consentimiento libre, previo e informado, que es el estándar internacional actual. 6. Rechazamos la militarización de los territorios donde se concederán las concesiones mineras. La creación del "Resguardo Nacional Minero" (Artículos 13 y 14) bajo el control de la Guardia Nacional Bolivariana formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas. La presencia militar en las minas ha estado históricamente asociada a la violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas. 7. Objetamos la determinación del carácter de ley orgánica dada a esta Ley. En Venezuela la determinación de leyes como orgánicas sin justificación, sólo ha servido para darle una supuesta jerarquía que permite omitir otras leyes orgánicas u ordinarias como las referidas a temas ambientales o de salvaguarda de derechos humanos. En función de las razones anteriores, consideramos que la Asamblea Nacional debe pausar la discusión de la Ley para permitir la incorporación de los siguientes aspectos: 1. Incorporar mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos desde los procesos de autorizaciones y operación de las empresas que realicen actividades de explotación minera determinadas por la Ley. 2. Hacer explícita la obligación constitucional de la realización de Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en todos los proyectos de explotación minera, tal como lo exige el Artículo 129 de la Constitución Nacional. 3. Incluir mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental que garanticen el desarrollo de sistemas robustos de gestión ambiental en todas las operaciones mineras de acuerdo con los mejores estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos. 4. Incorporar en la Ley un marco de derechos humanos que oriente las actividades mineras de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Ello debe incluir procesos que garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación. 5. Establecer mecanismos de seguridad que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las comunidades presentes, incluyendo la incorporación de Fuerzas Armadas exclusivamente en las tareas determinadas por la Constitución y las Leyes. 6. Establecer un marco legal de estándares estrictos de control ambiental y seguridad industrial y laboral, con inspección pública y abierta, que permitan garantizar la correcta inversión y mantenimiento de los equipos de contención de residuos, remediación y mitigación ambiental, así como los de seguridad laboral; a fin de disminuir el riesgo de accidentes en las áreas mineras. 7. Establecer con carácter de urgencia un marco normativo que obligue al Ejecutivo Nacional a ejecutar planes de saneamiento ecológico y remediación de daños, garantizando el derecho a la reparación de las poblaciones vulneradas por la explotación minera. Finalmente, los cambios legislativos venezolanos solo tendrán sentido si se dan dentro de un proceso de profundo respeto por la Constitución y la amplia normativa ambiental venezolana ya existente, así como un retorno a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades. Suscriben este pronunciamiento: 1. SOSOrinoco 2. Provea 3. Clima21 4. AC Chunikai 5. Observatorio de Ecología Política de Venezuela 6. Civilis 7. Fundación Aguaclara 8. Fundación ECOVITA 9. Fundación Hoffmann Salud Integral 10. Fundación Memoria Colectiva 11. Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas IVACEA. 12. Movimiento SER 13. Fundaredes 14. Laboratorio de Desarrollo Humano 15. Red de DDHH en Acción 16. Universidad Autónoma Indígena- Wainjirawa 17. Odevida Venezuela 18. Asociación Watunna Venezuela 19. Grupo Emergencia Humanitaria Compleja en Agua 20. Aguas sin Fronteras 21. Laboratorio de Paz @clima21_VE @_Provea @CHUNIKAI_VZLA @ecopoliticave @_civilis_ @FundaREDES_ @WatunnaV @FundaEcovita

"Venezuela no podrá avanzar hacia la reconciliación si aún se criminaliza a quienes defienden derechos humanos" El defensor de DDHH @javiertarazona denuncia, a las puertas del Palacio de Justicia, que le fue negada la amnistía solicitada ante el juzgado de terrorismo de Caracas

"La deforestación acelerada en la Amazonía venezolana, la contaminación de cuencas hídricas como el río Caroní y el propio Orinoco por el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, dan cuenta de una arremetida sin limites a los derechos ambientales" provea.org/opinion/vladim…

El proyecto de Ley Orgánica de Minas institucionaliza el ecocidio en Venezuela. Este proyecto se inscribe en un contexto prolongado de violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales, que han profundizado la devastación ambiental y social provea.org/actualidad/ley…

Se debe habilitar un mecanismo y lapso para escuchar las objeciones de la sociedad civil sobre las personas aspirantes. Además de un procedimiento que garantice la transparencia, puntaje y el debido proceso de las y los aspirantes. Comunicado completo. provea.org/actualidad/der…

Exigimos un proceso transparente para la elección del Fiscal General y Defensor del Pueblo de Venezuela. Lo que está pasando incumple la ley. El Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano exige pluralidad. No se está cumpliendo. Exigimos: baremos públicos, currículos publicados, entrevistas abiertas y mecanismos para que la ciudadanía pueda objetar candidatos. Un proceso cerrado no produce autoridades legítimas. El Fiscal General y el Defensor del Pueblo son de todos. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada. Comunicado conjunto a @CDH_UCAB, @COFAVIC, @espaciopublico, @centrogumilla y @oveprisiones

Pese a los obstáculos al derecho a la manifestación pacífica y a la represión "blanda" de la administración de @delcyrodriguezv, manifestantes pacíficos recorren las calles de La Candelaria, en Caracas, exigiendo aumento de salarios

La administración de @delcyrodriguezv insiste en imponer obstáculos indebidos al libre ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. De nuevo, una concentración del oficialismo obstaculiza la ruta anunciada por miembros de gremios y sindicatos autónomos, quienes acudirán este lunes a la sede del Ministerio del Trabajo a exigir aumento de salarios y respeto a las convenciones colectivas.

Misión de la ONU sobre Venezuela denunció que la Ley de Amnistía excluye a cientos de presos políticos y carece de garantías para las víctimas: “No reconoce responsabilidad del Estado por violaciones de DDHH, no contempla investigaciones ni búsqueda de la verdad. Tampoco reconoce a víctimas de la represión (...) sin derecho a reparación” ⬇️ provea.org/actualidad/der…

“Es insuficiente, dejó a distintos sectores que han sido perseguidos políticamente en el país por fuera” Martha Lía Grajales, activista de @SurgentesDDHH, advierte que la Amnistía excluyó a trabajadores judicializados por su sindicalismo, mujeres, campesinos perseguidos por exigir la democratización de la tierra y militares acusados por delitos políticos que no involucran graves violaciones a derechos humanos, entre otros sectores: “Tenemos que seguir empujando para que esa ley incorpore a todos los sectores que están por fuera” Foto: EFE ➡️ provea.org/derecho-de-las…